El juez insufla oxígeno a Duro Felguera con otra prórroga del preconcurso por su “importancia estratégica” y 1.500 empleos
Algunos jueces no viven en urnas de cristal y uno de los ejemplos más claros es el magistrado-juez Rafael Abril Manso, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, que acaba de conceder a Duro Felguera una segunda prórroga del preconcurso de acreedores, que se prolongará hasta el próximo 31 de julio.
La autorización responde al cumplimiento de los requisitos exigidos, pero también al componente social y, en este sentido, el magistrado-juez ha tenido en cuenta la “importancia estratégica” de la empresa y especialmente que da empleo a casi 1.500 personas.
La vertiente social
El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, no se limita a exponer los motivos aducidos por el grupo Duro Felguera y los artículos que debe cumplir para acogerse a esta segunda prórroga. En esta ocasión, el magistrado-juez va más allá y ahonda en la vertiente social.
“Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos, actuando en el mercado en la actualidad en cinco líneas de negocio: Energía Convencional, Plantas Industriales, Servicios, Energías Renovables y Sistemas Inteligentes”, explica en uno de sus párrafos.
El Grupo da empleo a casi 1.500 personas
“No debe olvidarse que esta empresa da empleo a casi 1500 personas, con una importante implantación a nivel internacional, nacional y, sobre todo, local, con una antigüedad de casi 200 años y cotizando en Bolsa desde hace más de 100 años. Su innegable importancia estratégica -añade- viene avalada, además, por la extraordinaria ayuda económica proporcionada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE)”.
Este juzgador es permeable a la realidad social que rodea la aplicación de la norma y consciente, sin duda, de la importancia estratégica de la sociedad deudora en el tejido industrial español, tratándose de una mercantil que ha pasado por varios procesos de reconversión, evolucionando hacia la ingeniería y ejecución de proyectos industriales y energéticos
El magistrado-juez ha valorado no solo la relevancia de la sociedad deudora sino también las posibles consecuencias que acarrearía la denegación de la segunda prórroga. En este tema concreto, ha acogido la argumentación de la empresa incluida en la solicitud donde advertía que en caso de no autorizarse “podría causar graves perjuicios y poner en riesgo todos los avances logrados hasta la fecha”.
La interpretación “flexible” y “adaptada” de la norma
Por ello, al estimar “la dimensión tan importante que tiene esta empresa en el tejido industrial nacional y asturiano y los graves perjuicios que la situación concursal traería para el Grupo Duro Felguera”, Rafael Abril ha optado por la interpretación de la norma “con la flexibilidad que el Texto Refundido de la Ley Concursal permite y atendidas las circunstancias que el caso concreto requiere”.
En el auto se posiciona a favor de esta prórroga teniendo en cuenta todos estos parámetros: “En esta línea interpretativa, flexible y adaptada, la respuesta judicial a la segunda prórroga solicitada ha de ser positiva”, ratifica.
El apoyo del pasivo
El juzgado había concedido la primera prórroga a través de un auto, fechado el pasado 12 de marzo, a las mercantiles “Duro Felguera S.A.”, “Duro Felguera Investment S.A.U.”, “Duro Felguera Calderería Pesada S.A.U.”, “Duro Felguera Green Tech S.A.U.”, “D.F. Mompresa S.A.U.”, “D.F. Operaciones y Montajes S.A.U.”, “DFOM Biomasa Huelva S.L.U.”, “Duro Felguera Energy Storage S.A.U.”, “Duro Felguera Oil & Gas S.A.U” y “Duro Felguera Intelligent Systems S.A.U. con un plazo de tres meses más, sucesivos a contar desde la fecha de finalización de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores.
El grupo de empresas presentó un escrito el pasado 11 de junio mediante el que solicitó una segunda prórroga de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones, dado que “dichas sociedades cuentan con el apoyo del pasivo necesario”, e interesó que, de forma extraordinaria, se extendieran todos los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones y, en concreto, que se extendiera la prórroga hasta el 31 de julio.
Los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A. han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga
Una declaración responsable
Estas diez sociedades que integran el Grupo Duro Felguera aportaban junto a su solicitud la declaración responsable suscrita por sus respectivos representantes legales, de conformidad con lo establecido en el artículo 607.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal.
En esta declaración hacían constar que se había recabado y obtenido la conformidad de los acreedores necesarios para instar la prórroga, siendo en concreto los acreedores financieros Banco Sabadell, S.A., Banco Santander, S.A., y Unicaja Banco, S.A., quienes han prestado su consentimiento, representando los créditos que titulan un 63,69 por ciento del total que pueden resultar afectados por la reestructuración en el momento de la solicitud de la prórroga.
La Directiva europea
Rafael Abril sostiene en este auto que, de este modo, cumplían los requisitos formales exigidos en los apartados 1 y 2 del artículo 607 del Texto Refundido de la Ley Concursal, esto es, “solicitud del deudor, declaración responsable de que ha obtenido la conformidad de acreedores que representen más del 50 por ciento del pasivo que pueda resultar afectado por el plan de reestructuración y acta firmada por los acreedores recogiendo documentalmente su conformidad”.
El juzgado hace referencia a la directiva europea de procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que reconoce la necesidad de que los estados y sus autoridades garanticen “la máxima flexibilidad para permitir la reestructuración de deudores viables”.
La viabilidad
El magistrado entiende que ello “refuerza la legitimidad de optar por una solución que favorezca la viabilidad” del grupo de ingeniería y bienes de equipo, “el mantenimiento del empleo y la satisfacción de los créditos en el medio plazo”, pese a que vaya a excederse el límite ordinario de tres meses previsto en la norma nacional.
En este sentido, recuerda que la Directiva europea establece unos plazos orientativos y máximos, pero no prohíbe expresamente su ampliación cuando concurran razones excepcionales y debidamente motivadas, sin necesidad de agotar el plazo máximo de tres meses que se prevé expresamente para la primera prórroga.
Un experto en reestructuración
Esta resolución que concede la prórroga solicitada es susceptible de ser impugnada mediante un recurso de reposición, dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla, ante el mismo juzgado que es competente para su tramitación y resolución.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón ha dictado un segundo auto en el que resuelve la petición de la compañía de designar un experto en reestructuración y por el que se nombra a la firma Lexaudit Concursal.
Una solución amistosa con Argelia
Un mes después de la primera prórroga, Duro Felguera y Sonelgaz Production d'Electricité (SPE) firmaron un memorándum de entendimiento para la solución amistosa del litigio millonario que mantenían por la suspensión del proyecto de la central térmica de ciclo combinado de Djelfa, en Argelia, por el que la empresa argelina reclamaba 413 millones de euros, un acuerdo que, no obstante, aún está pendiente de concreción.
Además, tras la primera prórroga del concurso de acreedores Indra también dio a conocer su intención de comprar a Duro Felguera una factoría en Gijón, conocida como 'El Tallerón', para destinarlo a la construcción de vehículos militares, y recientemente le hizo llegar una oferta vinculante.
Conversaciones con la SEPI
El grupo de ingeniería y bienes de equipo también mantiene conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que dispone de dos de los nueve puestos del consejo de administración de Duro Felguera a raíz del rescate público de 120 millones de euros del que fue objeto la empresa en el año 2021.
La empresa, controlada desde febrero de 2024 por los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil, cuenta con una plantilla cercana a los 1.500 trabajadores; uno de los aspectos que ha tenido en cuenta el magistrado-juez Rafael Abril a la hora de valorar y conceder la segunda prórroga del preconcurso de acreedores al Grupo Duro Felguera.
0