Sobre este blog

Los expertos en Salud Pública José Martínez Olmos, Daniel López-Acuña y Alberto Infante Campos analizan las medidas clave para hacer frente a la pandemia de coronavirus.

La gravedad de la pandemia requiere más acción y más autoridad sanitaria en un marco de cogobernanza

Varillas utilizadas por trabajadores sanitarios para realizar tests de COVID-19.

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Preocupante evolución de la pandemia en Europa

Durante la semana pasada, la pandemia de COVID-19 siguió expandiéndose con fuerza en Europa. El jueves, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos batieron su récord de contagios diarios, algunos de ellos por segunda o tercera vez en los últimos días. Bélgica, los Países Bajos y la República Checa se han situado a la cabeza de las cifras de incidencia acumulada en la Unión Europea, con un número de casos por cien mil habitantes dos a tres veces mayor que el de España. Francia y el Reino Unido tienen una incidencia muy parecida a la de España a pesar de que los repuntes comenzaron después que se produjeran en nuestro país.

El mapa de contagios diarios por cien mil habitantes en los últimos catorce días elaborado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) marca en color rojo oscuro (más de 150 contagios) a la mayor parte del continente europeo con las excepciones de Alemania, los países bálticos y escandinavos, y unas pocas regiones del sur de Italia y Grecia. Pero incluso en esos lugares, sobre todo en Alemania, la tendencia es creciente.

El director general de la OMS declaró el viernes: "Estamos ante una coyuntura crítica, particularmente en el hemisferio norte… Demasiados países están experimentando un aumento exponencial de los casos de COVID-19 que está llevando a que los hospitales y las UCI estén funcionando cerca o por encima de su capacidad y todavía estamos en octubre".

En este contexto, la mayoría de los países europeos están adoptando medidas cada vez más contundentes para frenar la transmisión, muchos de ellos con cifras de contagios inferiores a las de España. El martes Irlanda había decretado un confinamiento general de seis semanas de duración. Le ha seguido Eslovenia con un confinamiento general. Francia ha optado por el "toque de queda" inicialmente en París y Marsella y luego en más de 50 ciudades. Bélgica, Alemania, Italia y Suiza están adoptando restricciones cada vez más tajantes en horarios, actividades y concentraciones de personas. Todo indica que ésta será la tónica de las semanas siguientes.

El asunto está claro: resulta imperativo adoptar rápidamente medidas restrictivas que reduzcan la interacción de las personas para frenar el contagio y doblegar las curvas epidémicas antes de que sea demasiado tarde.

La gravedad de la situación en España

Con los últimos datos disponibles, en nuestro país cinco comunidades o ciudades autónomas (Navarra, Melilla, Aragón, La Rioja y Castilla y León) se encuentran por encima de los 500 contagios diarios por cien mil habitantes; cuatro de ellas (Galicia, Valencia, Baleares y Canarias) están por debajo de los 200 contagios, y el resto se sitúan entre 200 y 500. Y, lo peor, es que en todas menos en dos de ellas la tendencia es ascendente. La media española se sitúa en torno a 360, más del doble de lo que el ECDC considera el nivel de alerta roja (150). Además, el índice de replicación se sitúa en torno al 1,3, lo que es un dato muy preocupante. Y la tasa de positividad de las pruebas realizadas tiene una media nacional de casi 13% con cifras mucho más altas en varias comunidades, lo que indica que los rastreos no son suficientemente exhaustivos y no se están detectando y aislando una gran parte de los positivos asintomáticos.

Alto riesgo de colapso sanitario

Además, la presión sobre el dispositivo sanitario empieza a ser intensa en muchos lugares. Los servicios de atención primaria están en su mayoría desbordados por los pacientes de COVID-19 y pueden verse superados por la carga adicional que suponen la campaña de vacunación de la gripe y la demanda de los pacientes con enfermedades respiratorias estacionales y otras patologías crónicas.

Según datos del Ministerio de Sanidad, en torno al 12% de las camas hospitalarias y el 22% de las de UCI están ocupadas por pacientes de COVID-19, situándose por encima del 35% en las cuatro comunidades más golpeadas. En muchos hospitales de España se han empezado a suspender cirugías programadas. Y la pandemia ha dejado 140 fallecimientos de media al día durante el último mes, una cifra que sigue creciendo y que el pasado viernes fue de 231.

La situación, por tanto, como lo reconoció el viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es muy grave. Es la situación más grave desde el final de la desescalada. Cabe agregar que era previsible desde hace cuando menos dos meses y no siempre se ha actuado en consecuencia. Nosotros llevamos semanas reclamando más liderazgo y ejercicio de la autoridad sanitaria del Estado por parte del Ministerio de Sanidad, más acción concreta por parte de las autoridades y los sistemas de salud de las comunidades autónomas, y más cogobernanza con medidas coordinadas más contundentes, anticipatorias y armónicas para frenar la pandemia.

Un acuerdo necesario que debiera ser vinculante y podrá apoyarse en el estado de alarma

Hemos señalado reiteradamente también la importancia de definir criterios comunes que permitan respuestas similares ante situaciones epidemiológicamente similares. En ese sentido, el "acuerdo sobre niveles de riesgo sanitario y las medidas asociadas a cada uno de ellos", adoptado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hace solo unos pocos días, ha sido un paso importante. Consideramos que ha sido muy útil acordar criterios comunes para todo el Estado y definir umbrales explícitos que permiten objetivar la valoración del riesgo, es decir, tener un semáforo con cuatro fases de alarma progresivas y con las medidas sanitarias que deben acompañarlas.

Sin embargo, el acuerdo sólo contiene recomendaciones y carece de carácter vinculante. Ha quedado en manos de los gobiernos autonómicos definir el nivel de la alerta y el momento de actuar e incluso ajustarse o no a ese marco de actuación. Muchas autonomías han solicitado la aprobación del estado de alarma como el mejor marco jurídico en el que amparar sus decisiones, algo que también hemos defendido reiteradamente y que, finalmente, ha acordado este domingo el Consejo de Ministros. Urgía abandonar las discusiones bizantinas y los tiras y aflojas sobre esta cuestión. Sobre todo, porque, aplicando los criterios aprobados en el Consejo Interterritorial del pasado jueves, hay once comunidades y ciudades autónomas en las fases de alarma alta o alarma extrema. Por tanto, las medidas aprobadas no pueden esperar. Y aplicarlas exigía esta declaración del estado de alarma para amparar incluso el confinamiento total, cuanto antes, en algunos casos.

Debe de quedar claro que el estado de alarma es una garantía jurídica, no una medida epidemiológica. El estado de alarma aprobado este domingo tiene la voluntad de implantarse por un periodo de seis meses y ofrece el paraguas jurídico imprescindible para las restricciones necesarias. Es un paso importante que había que dar y el Gobierno ha tomado la decisión correcta al declararlo para todo el territorio en los próximos quince días y al proponer la ampliación con el suficiente horizonte temporal de mediano plazo al Congreso de los Diputados, para poder poner en marcha las medidas que se requieran en esos seis meses. Por sí mismo, no es sinónimo de confinamiento total. Pero sí es necesario para implantar con seguridad y eficacia jurídica las necesarias limitaciones en las libertades como las restricciones nocturnas a la movilidad ("toques de queda nocturnos") o los confinamientos domiciliarios.

Ha sido fundamental que, además de la declaración del estado de alarma, se hayan tomado medidas específicas para todo el Estado, con excepción de las Islas Canarias, tales como la restricción de la movilidad nocturna entre las 23 y las 6 horas con la posibilidad de que eso se ajuste a una hora más o menos según lo decida cada CCAA, que se pueda restringir la movilidad entre CCAA en caso necesario si no existe una razón que lo justifique, que se haya puesto de relieve la importancia de cumplir lo acordado la semana pasada en el Consejo Interterritorial y que se haya puesto en manos de las autoridades de cada CCAA la aplicación de las medidas y la posibilidad de efectuar confinamientos perimetrales o de otra índole.

Lo más importante ahora, lo único que frenará los contagios, es la limitación de los contactos interpersonales que la movilidad y las agregaciones de personas conllevan. Ante la enorme gravedad de la situación actual, el abanico de medidas a ser tomadas se ha ido reduciendo hasta situarse entre las restricciones nocturnas a la movilidad y los confinamientos totales.

Importa destacar que las restricciones nocturnas a la movilidad que se adopten requerirán una evaluación exhaustiva y continua de sus resultados porque sólo serán efectivas en la medida que tengan un impacto sobre la transmisión del virus. Cuánto más amplia sea la franja horaria y más medidas adicionales los acompañen (por ejemplo, cierre de actividades y comercios a partir de las 9 de la noche, adelantamiento de la suspensión del transporte público, etc.) más efecto tendrán. Y cuánto más se parezcan a la propuesta realizada por la Comunidad de Madrid (de 0 a 6, y sin medidas adicionales), menor será su impacto.

Sin embargo, esta pandemia no se puede atajar basándose solo en una medida, por muy efectista o mediática que pueda parecer.  Abatir de nuevo la curva solo será posible si se sigue trabajando por fortalecer, de una forma articulada y consistente, todo lo que sabemos que funciona: las medidas de protección individual, el adecuado diseño, focalización y organización de las pruebas de cribado poblacional, la capacidad de rastreo de contactos y detección  de personas contagiadas asintomáticas y sus contactos de riesgo, el aislamiento efectivo de todos ellos, el refuerzo de los centros de atención primaria y de los hospitales, y la especial protección a los colectivos más vulnerables, sobre todo las residencias de ancianos. Sin olvidar, la puesta a punto de los planes de contingencia y las reservas estratégicas de insumos críticos en los establecimientos sanitarios.

Además, en las condiciones ambientales y epidemiológicas de la temporada otoño-invierno habrá que prestar una atención especial a los ambientes cerrados y a los centros de trabajo, probablemente revisando la regulación y las indicaciones sanitarias sobre los sistemas de ventilación y aireación de oficinas, fábricas, almacenes, residencias, hoteles, etcétera. Y desde luego deberían cuidarse los mensajes a la población, sobre todo a los adolescentes y jóvenes, algo a lo que se sigue sin prestar la atención debida.

Cogobernanza con ejercicio de la autoridad sanitaria del Estado cuando sea necesario

Tal y como señaló el presidente del Gobierno en sus intervenciones del viernes y del domingo la declaración del estado de alarma dejará en manos de los presidentes y presidentas de las comunidades y ciudades autónomas, la gestión de las medidas que hayan de adoptarse en cada territorio. Sin embargo, visto lo ocurrido hasta ahora, convendría que de la Conferencia de Presidentes que se celebrará este lunes saliera un compromiso explícito de atenerse sin tardanza a las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial para cada nivel de riesgo. Los ciudadanos necesitan tener la convicción de que las administraciones trabajan de forma coordinada y en la misma dirección, sin cálculos partidistas ni protagonismos estériles.

Además de prevenir los contagios el objetivo que vuelve a ser imprescindible es evitar el colapso de los servicios sanitarios que, en algunos casos, está ya demasiado cerca. Por tanto, convendría dejar también claro cómo se actuará si algún Gobierno autonómico no se atiene a lo acordado y decide ir por su cuenta, poniendo en peligro la salud de todos.

En ese caso, consideramos que el Gobierno, en el ejercicio de sus responsabilidades, debería intervenir la gestión sanitaria en esas comunidades durante el tiempo necesario para controlar la situación y enderezar el rumbo. La cogobernanza y la visión federal de un Estado compuesto como el nuestro no puede estar reñida con el ejercicio de la responsabilidad última de proteger la salud de las personas que corresponde a la máxima autoridad sanitaria. Antes, al contrario: son responsabilidades que se complementan.

Las comunidades autónomas y el Gobierno de España deben entender que para evitar el colapso asistencial y el confinamiento total en todo el país hay que actuar ya, sin dilación, o la factura a pagar dentro de unas semanas resultará enorme. Por eso, aplaudimos la declaración del estado de alarma en todo el territorio a fin de tener el paraguas jurídico necesario para reducir la movilidad y restringir las libertades individuales.

Consideramos muy pertinentes las medidas que entraran en vigor para establecer restricciones nocturnas a la movilidad en prácticamente toda España. Pero no olvidemos que esto tendrá que ser acompañado de medidas enérgicas y coordinadas que prolonguen lo necesario las restricciones nocturnas de movilidad efectivas y puedan llegar hasta el confinamiento total en aquellos lugares donde, hoy, ya es necesario. Además, consideramos que será imprescindible una sistemática intensificación del resto de las actuaciones sanitarias que sabemos que funcionan.

Estamos pagando factura de las dilaciones y los errores cometidos durante las últimas semanas y meses. Inevitablemente las seguiremos pagando durante dos a cuatro semanas más. La declaración del estado de alarma y las medidas adoptadas el domingo 25 de octubre serán un buen punto de arranque para revertir la situación. De todos depende que no tengamos que seguirlas pagando incrementadas en su cuantía en lo sucesivo. Son facturas que se miden en enfermedad, sufrimiento y muerte. Y no hay consideraciones económicas capaces de aliviarlas.

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Publicado el
25 de octubre de 2020 - 22:00 h

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