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En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Serafí del Arco, redactor jefe de Economía de elDiario.es, te trae cada jueves una newsletter con la información económica que te importa con un punto de vista riguroso y diferente. Pese a su valor, no te cobramos nada por apuntarte ni por recibir el boletín. Suscríbete aquí:

La gran confesión: ChatGPT quiere pagar impuestos y que trabajemos 32 horas cobrando lo mismo

ChatGPT Datos

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Hola.

¿Cómo va la semana?

En medio de tanto caos y desconcierto, doméstico e internacional, me he agarrado a la idea con la que titulo el boletín de hoy para hablar de noticias positivas. Pero no sé si es verdad. Me explico: OpenAI, que como sabrás es la empresa matriz de ChatGPT, la del maléfico Sam Altamn, ha publicado hace unos días un estudio, Industrial policy for the intelligence age: ideas to keep people first, que ha pasado bastante desapercibido. El documento es muy interesante. Esboza la visión de la empresa que desató la actual fiebre del oro tecnológico en torno a tres grandes temas: distribuir la prosperidad impulsada por la IA de forma más equitativa, el fin del dogma del libre mercado frente a la IA y una gobernanza más democrática. Planteado así es para sorprenderse.

Vamos por partes. El estudio, de una docena de páginas, propone recuperar una política industrial activa, similar al New Deal, donde el Estado no solo regule para evitar riesgos, sino que intervenga para alinear los avances tecnológicos con el interés público. Bien. También que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo? Por dos vías: con un fondo público que otorgue a cada ciudadano una “acción” directa en los beneficios de la IA, independientemente de su patrimonio, asegurando que la bonanza no se quede solo en los balances de la big tech. Y, segunda, a través de un “dividendo de eficiencia”, que propone convertir la productividad de las máquinas en tiempo de vida para el trabajador, sugiriendo ¡semanas laborales de 32 horas sin reducción salarial! de modo que la productividad se traduzca en tiempo de vida y no solo en márgenes para el accionista. ¡Caray!

Pero aún hay más. OpenAI reconoce que a medida que “la IA transforma el trabajo y la producción” –menudo eufemismo–, se podría erosionar las bases imponibles basadas en los salarios, poniendo en jaque la sanidad o las pensiones. Por lo que pide modernizar el sistema tributario, desplazando la presión fiscal hacia las rentas del capital, los beneficios corporativos y los rendimientos derivados del trabajo automatizado. La guinda. Increíble.

No nos engañemos. Aunque se presente como un manual de buenas prácticas, la nueva política industrial para la era de la inteligencia que plantea OpenAI suena más a señal de alarma. Reconoce por escrito algunas evidencias y varios temores que pueden resumirse en lo siguiente: el mercado, por sí solo, es incapaz de gestionar el terremoto que viene. Es una confesión donde admite que la IA es una bestia que solo un Estado fuerte puede domar para evitar que el poder se concentre en unas pocas manos, y que existe el riesgo de que el progreso se convierta en una fractura social insalvable.

La idea de jornadas de cuatro días semanales sin recorte salarial es música para los oídos de la izquierda, pero, ojo: si no hay límites claros, la tecnología se usará para “intensificar cargas de trabajo” y “minar la autonomía”, según expresiones del propio documento, convirtiendo el sueño de la abundancia en una nueva forma de explotación algorítmica. Ya está pasando. En lo económico, la compañía de San Francisco confiesa el riesgo real de que la riqueza se concentre en “un pequeño número de firmas” como la suya propia.

Al pedir un New Deal tecnológico, parece que OpenAI esté intentando diseñar el tablero de juego antes de que la realidad les arrolle; prefieren una regulación negociada a una impuesta por un clamor social. Uno de los problemas es la falta de músculo político para enfrentarse a quienes más tienen que perder.

El dato

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Son los hogares a los que llegó el ingreso mínimo vital (IMV) en marzo, un 18 % más que hace un año. La cuantía media de la prestación se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Son datos del viernes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que añade que en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.

¿Éxito o fracaso? El Gobierno siempre lo vende como lo primero. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que el IMV “marca la diferencia, especialmente en la infancia”, y demuestra que el Gobierno está “donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”. Hay millones de personas que hoy tienen un ingreso básico que antes no tenían.

Pero otras voces dicen que, si el número de beneficiarios sube, también puede interpretarse como que la economía no está siendo capaz de sacar a la gente de la exclusión mediante el empleo. Desde un punto de vista de progreso social, es una señal de alarma.

A ello se suma otro debate: ¿más pobreza o mejor detección? El aumento de hogares beneficiarios puede deberse a dos causas opuestas: a que la pobreza está creciendo y hay más gente necesitada, o bien a que ahora el Estado es capaz de identificarla mejor.

El gráfico

Este cuadro es uno de tantos que reflejan la importancia de la inmigración para nuestra sociedad. En este caso se trata de la distribución de trabajadores afiliados por sectores. Por si no lo ves bien, el azul oscuro es el porcentaje de inmigrantes. Las tres primeras actividades son las del hogar, hostelería y agricultura. Lo he sacado de este estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) de La Moncloa. Se lo encargó el Gobierno para contestar básicamente a estas dos preguntas: ¿Cómo sería España en los próximos 50 años si las entradas de inmigrantes se mantienen al ritmo actual? ¿Qué pasaría si, por el contrario, se aplicase una política restrictiva y se redujesen las llegadas en un 30%?

La primera respuesta describe un país envejecido y encogido, con un 25% menos de habitantes en comparación con otro escenario en que las llegadas de inmigrantes se mantuvieran al ritmo actual. Un país con nueve millones menos de trabajadores, lo que podría acarrear la pérdida de riqueza, hasta “un 22% del PIB”, y un fuerte golpe para sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería. Un país en el que, para mantener el actual sistema de pensiones, cada cotizante debería aportar en torno a 2.000 euros más cada año que si se mantuviese el flujo migratorio actual.

El informe no tiene desperdicio. Conviene tenerlo presente estos días, coincidiendo con la regularización de inmigrantes, ante tanta demagogia vomitiva por parte de la derecha y la extrema derecha, más allá de la falta de empatía y deshumanización.

Por cierto, y cambiando de tema: esta semana el exministro Miguel Sebastián se ha estrenado en elDirario.es, donde escribirá de manera periódica. Cada miércoles analizará algún tema económico a partir de un gráfico; de ahí que me haya parecido oportuno recordarlo en este espacio. Por si no lo has visto, el de ayer es este.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Amparo Moraleda, presidenta de Airbus. Su nombramiento rompe por primera vez el eje francoalemán en la cúspide de gobernanza del consorcio europeo aeronáutico y coloca a una directiva española al frente. Fuentes de la compañía lo han presentado como un reconocimiento al “rol crucial de España” —un país que apenas controla el 4% del capital—, con plantas repartidas entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Sustituirá al alemán René Obermann.

Moraleda (Madrid, 1964) representa una figura de continuidad con conocimiento interno. Lleva más de una década en el consejo, donde actualmente preside el comité de remuneraciones, y ha construido su carrera en la intersección entre tecnología, energía y finanzas: dos décadas en IBM (donde fue presidenta para España), paso por Iberdrola y vicepresidencia en CaixaBank. Ingeniera industrial por Comillas y con formación en el IESE, su perfil encaja con el papel que le espera: dirigir el consejo, fijar la estrategia junto al resto de consejeros y supervisar al consejero delegado, el francés Guillaume Faury, con quien deberá mantener una interlocución constante.

Moraleda tuvo en su abuela una de sus principales inspiraciones para su exitosa carrera como alta ejecutiva. “Me dijo muy pronto que el único camino para la independencia de la mujer era la independencia económica y profesional”, contó en una entrevista que concedió a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos en 2022, recogida por Efe. Ha desarrollado su carrera en sectores donde la presencia femenina era marginal. Su rol en Airbus no será ejecutivo, pero sí decisivo en la supervisión y en la estrategia industrial.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Y con esto lo dejamos por hoy.

Muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos la semana que viene.

¡Un abrazo!

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