El lobby taurino se está quedando con tu dinero (y quizá no lo sabes)

En los tres últimos años, por acotar un poco la realidad de la que escribo, las noticias sobre subvenciones, ayudas, apoyos y otros soportes institucionales a la tauromaquia se han incrementado. No es extraño que cada semana salte alguna noticia en los medios de comunicación que hable de una nueva concesión, de cesiones gratuitas o de las denominadas por el ecosistema conservador como “paguitas”.

Podemos afirmar que uno de los grandes exponentes en la recepción de fondos públicos es la Fundación Toro de Lidia (aka fundación chiringuito de lidia), ya que su grado de captación de fondos públicos destaca sobre el resto y ha sabido encontrar un filón en determinados gobiernos locales, provinciales y autonómicos; entre estos últimos, destacan Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

De 2022 a 2024, este grupo de presión, conformado por ganaderos, toreros y empresarios, donde el “aficionado taurino” está representado en una más que exigua base social real, ha recibido casi dos millones de euros. Gran parte de los fondos, como una especie de empresa de externalización de novilladas, con la excusa de formar a novilleros y demás purria aspiracional. Es uno de los ejemplos más claros de astroturfing, construir un relato, un discurso, para hacer creer que se trata de un movimiento social, cuando la realidad es la creación de un auténtico lobby que interactúa con cargos públicos de tú a tú y los convence para pagar sus actividades.

Estas subvenciones no han estado exentas de polémica social, y también jurídica. La Fundación Toro de Lidia debió devolver una de estas “paguitas” a las arcas de la Junta de Castilla y León. Vaya, los garantes de la tauromaquia recibieron un duro latigazo judicial que, seguro, desmontó su balance económico; o no, porque las ayudas de la Junta se han mantenido.

Además del falso discurso social o de soporte popular que intentan introducir a través de fotografías de plazas de toros con público -habitualmente de los mismos recintos y muy localizados en su conceptualización de la división territorial del Estado español-, hacen gala de un dañino y peligroso negacionismo.

En 2023, a través de un llamado “Instituto Juan Belmonte”, que no va más allá de colgar artículos en una página web y distribuirlos en redes sociales con más pena que gloria en interacciones, se llegó a señalar la campaña 'Infancia Sin Violencia', de Fundación Franz Weber, y su trabajo por el cumplimiento de las observaciones que formula el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Este relato negacionista-destructivo viene a afirmar que dicho Comité no forma parte de la ONU. Curioso, cuando este organismo de expertas y expertos en derechos de la infancia y la adolescencia, con envidiables currículums en la materia, se reúnen en Ginebra. ¡Y tienen su sede en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos!.

De hecho, el desmontaje del argumentario protaurino, influenciado por los discursos neocón y ultraderechistas sobre la posverdad y por el continuo lanzamiento de bulos, es muy sencillo. Basta con visitar la página web oficial del Comité de los Derechos del Niño y comprobar su adhesión, así como los logotipos de Naciones Unidas y la ACNUDH.

Esto nos llevaría a afirmar que existen administraciones públicas que están financiando la desinformación a favor de la tauromaquia y de su ruinoso funcionamiento, porque la realidad es que, sin el ingente soporte que prestan estas instituciones en España, nadie querría organizar una novillada en Sahagún, por poner un ejemplo.

Pero no solo eso. La hiperfinanciación pública a la tauromaquia, a pesar de que el relato quiere hacerte creer que crece la asistencia a estas actividades, también es una batalla cultural. La Fundación Toro de Lidia y sus tentáculos de presión lograron inventarse un galardón taurino tras la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, después de que un proceso de participación ciudadana avalara por amplísima mayoría la decisión del Ministerio de Cultura.

Este premio, entregado en el Senado, y del cual no sabían prácticamente nada los grupos parlamentarios (que cuestionaban el uso de la Cámara para las peleas del PP y la ultraderecha con el Gobierno central), contó con el apoyo explícito de varios gobiernos autonómicos. Bien, pues a día de hoy no sabemos qué dinero ha aportado cada comunidad ni cómo territorios como la Región de Murcia o Cantabria posaban en la foto, cuando su grado de penetración de la tauromaquia es más bien bajo en comparación con otras, que hacen del maltrato animal una bandera.

Una vez más, las administraciones usando nuestros impuestos para pagar el gusto de cuatro toreros, ganaderos y empresarios. Y lo peor es que emplean una institución del Estado, como es el Senado, para hacer creer o para dejar en el imaginario colectivo que su premio tiene algún grado de equiparación con los que entrega el Ministerio de Cultura.

Por eso podemos afirmar que el poder de este lobby es importante, mantenido y sostenido con nuestros impuestos. Sin las millonarias subvenciones que ha percibido y sigue percibiendo, la infraestructura de presión de la tauromaquia sería diferente.