IU urge a revisar los procesos selectivos del Ayuntamiento de Santander para “evitar más nulidades”

Izquierda Unida de Santander ha reclamado una “revisión urgente” de todos los procesos selectivos abiertos en el Ayuntamiento para “evitar más nulidades, costes e incertidumbre para trabajadores, aspirantes y servicios municipales”.

La formación de izquierdas ha hecho esta petición y ha advertido de un “problema estructural de seguridad jurídica” en el área de Recursos Humanos en un comunicado difundido este jueves, un día después de conocerse una sentencia que anula parte de las bases de un procedimiento y condena al Consistorio a cambiarlas.

En concreto, se trata de las reguladoras del proceso de promoción interna para la cobertura de plazas vacantes de Intendente de la Policía Local, aprobadas en mayo de 2025. El juez obliga al Ayuntamiento a que la oposición incluya una prueba de conocimientos, que no sea memoria o entrevista, vinculada a las funciones del puesto.

Según IU, esta y otras resoluciones judiciales recientes vinculadas a procesos selectivos municipales evidencian “un problema estructural de seguridad jurídica” en la gestión de Recursos Humanos del equipo de Gobierno del PP.

El concejal de IU, Keruin Martínez, se ha referido tanto a la sentencia de las bases de la Policía Local como a otra, consultada por Europa Press, que estima sustancialmente varios recursos contra las bases reguladoras de los procesos de estabilización y convocatoria de empleo temporal para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario.

“No podemos hablar de un error puntual ni de una discrepancia técnica aislada, sino de una sucesión de procesos mal planteados, bases corregidas por los tribunales y decisiones que generan inseguridad a trabajadores, aspirantes y servicios municipales”.

Martínez ha aclarado que IU no cuestiona la necesidad de estabilizar empleo público“, pero sí ”la falta de rigor de un equipo de gobierno que tenía que garantizar bases sólidas, objetivas y jurídicamente seguras“, por lo que ha criticado la gestión del PP en el ámbito de los Recursos Humanos.

“Están generando inseguridad jurídica, obligan a trabajadores y aspirantes a defender sus derechos en los tribunales y terminan trasladando al Ayuntamiento una factura económica, organizativa e institucional que era evitable”, ha señalado el edil, para quien el Ayuntamiento “debe actuar antes de que se produzcan nuevas impugnaciones y no limitarse a reaccionar cuando las sentencias ya han causado perjuicios”.

En consecuencia, IU reclamará al equipo de gobierno una revisión urgente de todos los procesos selectivos abiertos, pendientes de convocatoria o en fase de ejecución, con informes jurídicos específicos sobre sus bases, criterios de valoración, pruebas, anonimato, desempates y plazos de ejecución.

Condena al Ayuntamiento

La sentencia ordena modificar las bases de un proceso selectivo de la Policía Local por no ajustarse a la legalidad. En concreto, se trata de las reguladoras del proceso de promoción interna para la cobertura de plazas vacantes de Intendente del Cuerpo municipal, aprobadas por el Consistorio en mayo de 2025.

La sentencia, del titular de la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la ciudad, ha estimado la demanda interpuesta por el sindicato CSIF contra la resolución del concejal de Recursos Humanos que dio luz verde al concurso-oposición y ha anulado dos de las bases (la octava y novena) y ha instado a la elaboración de las mismas de nuevo.

El magistrado considera que no se ajustaban a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia para el acceso a la función pública. Más concretamente, que la fase de oposición no cumplía las exigencias legales al basarse únicamente en la elaboración y defensa de una memoria, sin incluir una prueba de conocimientos que permitiera acreditar la capacidad de los aspirantes para el desempeño del puesto.

“No puede equipararse la memoria a una prueba de conocimiento sin que se detalle la puntuación de la misma y sus criterios, sin garantizar el anonimato de su presentación”, concluye el fallo, dictado recientemente, difundido este miércoles y que no es firme, pues cabe interponer recurso de apelación.

La resolución judicial, que impone las costas procesales al Ayuntamiento (500 euros), obliga a esta administración a redactar de nuevo las bases en cuestión, para garantizar que la fase de oposición incluya una prueba de conocimientos, que no sea una memoria o entrevista, vinculada a las funciones propias del puesto incluyendo en su caso pruebas prácticas que sean precisas.