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El Gobierno eleva un 68% las ayudas a la contratación indefinida y fija la Renta Social Básica en su máximo histórico

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, informa, en rueda de prensa, de los presupuestos de la Consejería para 2020.

Rubén Alonso

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El Gobierno de Cantabria, en el marco del “blindaje del Estado de Bienestar” fijado a través de los presupuestos de 2020, ha incrementado las partidas destinadas a la creación de empleo y a la protección social. Y es que estos son los objetivos prioritarios de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que contará el próximo año con 363 millones de euros, de los cuales 284, es decir, un 80% del total, corresponden a “inversión social”.

Así lo ha anunciado este lunes la titular de este departamento, Ana Belén Álvarez (PSOE), en la presentación de sus cuentas, sobre las que ha recalcado que “van directamente destinadas a mejorar la calidad de vida de los cántabros y las cántabras y, especialmente, a generar oportunidades para aquellos que más dificultades están atravesando”. “Es un presupuesto dirigido a las personas y es netamente inversor”, ha incidido la consejera.

Concretamente, de los 284 millones de “inversión social”, esta Consejería invertirá 189 en políticas sociales y acceso a la vivienda, y 95 en políticas activas de empleo y en mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo. Así pues, elevará hasta los 141 millones la atención a la dependencia, incrementará la Renta Social Básica hasta su cifra récord, superando los 31 millones, aumentará en un 68% las ayudas a la contratación indefinida e impulsará un nuevo programa de prácticas laborales para que los jóvenes adquieran experiencia laboral específicamente en aquello en lo que se han formado.

En este sentido, la consejera socialista ha destacado que se trata del tercer presupuesto más alto por consejerías -solo por detrás de Sanidad y Educación- y que representa el 97% del área social del Gobierno de Cantabria. “Estas cuentas suponen una inyección de capital directa a fortalecer la cohesión social”, ha remarcado.

Las actuaciones en materia de vivienda, dirigidas a facilitar el acceso a la misma -sobre todo a quienes están pasando mayores dificultades-, sumarán 16 millones, y las ayudas al alquiler crecerán un 26% respecto a 2019, alcanzando los 6,3 millones de euros. En este ámbito, las cuentas también recogen seis millones para ayudas a la rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y conservación y mejora de la seguridad, un 13% más que el presente ejercicio, y casi un millón de euros para aumentar el parque público de alquiler.

Empleo

De manera desglosada, en materia de empleo, el Ejecutivo invertirá 27 millones en formación para la mejora de la empleabilidad y mantendrá los 31 millones destinados a las entidades locales para la inserción laboral de personas desempleadas a través de la Orden de Corporaciones Locales. No obstante, en este punto hay una novedad respecto a otros años ya que cuatro de esos 31 millones se dedicarán al nuevo programa de prácticas laborales para jóvenes citado anteriormente.

Asimismo, otra de las novedades a destacar en esta materia es el incremento de la partida para el fomento de la contratación indefinida, también mencionado con anterioridad, que pasará de 2,2 millones a 3,7, un 68% más alta. Al mismo tiempo, la Consejería dirigida por Álvarez aumentará de 78.000 euros a 224.000 los recursos dirigidos a la implantación de planes de igualdad en la empresa, y destinará 5,5 millones para la promoción del empleo autónomo, a los que se sumarán otros 4,5 de la Dirección General de Trabajo dirigidos al mantenimiento de la actividad, lo que suman un total de 10.

Además, las cuentas incluyen 1,6 millones para el fomento de la economía social, en referencia a la creación e inversión en cooperativas y sociedades laborales, y casi un millón de euros para la mejora de la seguridad laboral.

Respecto al presupuesto del Servicio Cántabro de Empleo, la consejera ha señalado que, aunque las cifras se mantienen, “conlleva un mayor esfuerzo inversor” para el Gobierno autonómico, puesto que ha tenido que incrementar un 4,51% la dotación propia para cubrir la bajada que en 2020 habrá de los fondos provenientes de la Unión Europea para políticas de empleo.

Políticas sociales

En materia de políticas sociales, la consejera ha subrayado que las cuentas destinarán 141 millones para extender el sistema púbico de atención a la dependencia, haciendo énfasis en los más de 80 millones que se destinarán a la financiación de plazas concertadas, un 9% más que en 2019, cuando fue de 73.

La titular de este departamento ha destacado que, en estos momentos, hay más de 6.700 plazas concertadas en residencias y centros de día, lo que, según Álvarez, convierte a la comunidad en la región con mayor tasa de plazas de atención residencial por población.

Por otro lado, el presupuesto dedicará 15 millones al Servicio de Ayuda a Domicilio, ocho de ellos a través del servicio del Gobierno de Cantabria, que permite atender a 1.5000 dependientes, y otros siete mediante el plan concertado con los ayuntamientos.

Asimismo, las cuentas invertirán casi 1,5 millones a la prestación del Servicio de Teleasistencia, 700.000 a través del servicio propio -que hace posible la atención de 2.100 personas- y 475.000 a través de los ayuntamientos. Por último, el presupuesto incluye una partida de casi 2,5 millones para continuar ejecutando el Plan Director del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Sierrallana, en el que se están ejecutando actualmente las obras del primer módulo.

Renta Social Básica

La Renta Social Básica alcanza su máximo histórico con estos presupuestos. Así lo ha resaltado la consejera, asegurando que los 31,35 millones de euros que tendrá en 2020 supone, en sus propias palabras, la “cifra más alta de la serie histórica”, con 400.000 euros más que en 2019.

“Uno de los objetivos estratégicos que nos hemos marcado para esta legislatura es imbricar las políticas de empleo con las políticas sociales, de tal modo que logremos romper el círculo vicioso de la exclusión social en que se hallan las personas que reciben esta prestación a través de su inserción al mercado de trabajo”, ha manifestado Álvarez, detallando que actualmente son 5.736 personas aproximadamente las que perciben la RSB, cuya partida, según ha remarcado, “es ampliable, algo que se hará si más personas necesitan ser atendidas”.

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