Las basuras de Guipúzcoa irán a Meruelo durante el próximo año y medio
El Gobierno de Cantabria, integrado por el bipartito PRC-PSOE, ha conseguido sacar adelante el convenio de basuras con el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa para que la provincia vasca pueda seguir depositando sus residuos en el vertedero de Meruelo. El Ejecutivo autonómico ha contado con el apoyo de Ciudadanos para sacar adelante un acuerdo que reportará a las arcas públicas más de nueve millones de euros, mientras el PP lo ha tachado de “ilegal” y Podemos lo califica como “un engaño” a los cántabros.
La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, la socialista Eva Díaz Tezanos, ha considerado “de extrema gravedad” que se cuestionen informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios de la Administración regional y ha defendido que este acuerdo es necesario por la “excepcionalidad dramática” a la que se enfrenta Guipúzcoa después de que Bildu paralizara la construcción de una infraestructura para el depósito de residuos sólidos urbanos.
Finalmente, el voto de C's ha sido fundamental para aprobar el acuerdo entre la empresa pública MARE y la Diputación de Guipúzcoa, que permitirá a su Consorcio de Residuos verter en Meruelo 128.000 toneladas anuales en un año y medio, dado que PRC y PSOE no tienen mayoría absoluta en la Cámara.
El partido naranja, cuya propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, ha condicionado su apoyo a que los ingresos derivados del contrato -nueve millones de euros hasta diciembre de 2017-, se destinen a liquidar las pérdidas de MARE, con el compromiso de consolidar y no aumentar los puestos de trabajo de la empresa pública; así como a ampliar el vertedero y a obras de saneamiento; y que el Gobierno informe en el Parlamento cada seis meses de los distintos aspectos del convenio y el destino de los ingresos.
Por su parte, PRC y PSOE han propuesto aclarar la cláusula de reciprocidad del contrato, de forma que el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa se comprometa a garantizar que si en condiciones análogas, MARE tuviera necesidad de trasladar residuos fuera de Cantabria para su tratamiento, gestión o eliminación, podrá hacerlo en las mismas condiciones a las acordadas en este contrato, siempre que ello sea admisible de conformidad con la normativa vigente en materia de residuos. Esta propuesta ha recibido el apoyo de C's y el voto en contra de PP y Podemos.
Por su parte, la propuesta de rechazo del contrato defendida por el PP únicamente ha sido apoyada por Podemos. Los populares creen que su admisión es “contraria a los intereses ambientales y de salud pública” de Cantabria, además de las “razonables dudas legales” que suscita, a su entender, el expediente.
Podemos, que ha presentado cinco propuestas de resolución, es el único grupo que ha conseguido sacar adelante un pronunciamiento unánime de la Cámara, el que insta al Gobierno a no prorrogar el contrato más allá de diciembre de 2017.
Únicamente el PP ha apoyado sus propuestas de desistir de firma del contrato y de instar al Gobierno de Cantabria “a que sea más riguroso en la elaboración de expedientes e informes, asegurándose de que obran en ellos todos los documentos y datos que acrediten los requisitos legales necesarios que le habiliten a la toma de cualquier acuerdo”.
Podemos también ha pedido la reprobación de la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente “por la falta de rigor en los informes realizados y presentados a este Parlamento, por recabar solo la información que le interesa y no toda la necesaria que avale la legalidad de la operación”, así como la destitución del director general de Medio Ambiente y de la gerente de Mare. Todos los grupos han votado en contra de ambas propuestas salvo Ciudadanos que se ha abstenido.
Dura pugna política
El PP ha insistido en que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa para el vertido de residuos en el vertedero de Meruelo “es ilegal”, y ha asegurado que encima “el precio es de ganga”. En la misma línea, Podemos cree que el Gobierno “nos ha querido engañar otra vez más”, y le ha acusado de “bordear la legalidad”, con informes “de parte”.
Tanto el PP como Podemos han cuestionado algunos informes que acompañan al expediente, y han denunciado que los residuos procedentes de Guipúzcoa llegarán a Meruelo compactados pero “sin ningún tipo de tratamiento”. Tanto la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, como los grupos que apoyan al Gobierno -PRC y PSOE- han considerado “grave y peligroso” que se cuestionen los informes técnicos y jurídicos.
Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha subrayado que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa es una operación “técnicamente viable”, avalada por los informes técnicos y jurídicos; que desde el punto de vista ambiental “no supone ningún perjuicio” para Cantabria; y que aporta rentabilidad económica, lo que permitirá sanear la empresa pública MARE, ampliar el vertedero y realizar obras de saneamiento, “todo con un estricto control parlamentario”.
