Javier Fernández tendrá que explicar en el Parlamento su postura sobre el fracking
La Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento ha aprobado este jueves la comparecencia del senador del PP Javier Fernández para explicar su postura respecto al fracking, con el apoyo de todos los grupos salvo el Partido Popular, que se ha abstenido.
El PP cree que “el Gobierno juega al gato y al ratón con el fracking”, porque mientras se pide la comparecencia de un senador ante el Parlamento de Cantabria para explicar el sentido de su voto, “se impulsan leyes que dejan abierta la posibilidad de que haya fracking en Cantabria”.
El portavoz de Medio Ambiente del PP, José Manuel Igual, se ha referido así a la proposición de ley que acaban de presentar PRC y PSOE para reformar la Ley del Suelo y reactivar la mina de Reocín, que en su opinión “deja abierta la puerta al fracking”.
Igual ha calificado de “inaudita” la petición de comparecencia del exconsejero de Medio Ambiente y Urbanismo, realizada por el PSOE, para explicar su ausencia en una Comisión de Medio Ambiente del Senado.
Según afirma, “no existen precedentes ni en Cantabria ni en otros parlamentos autonómicos”, en los que un senador de las Cortes Españolas tenga que explicar el sentido de su voto. “No nos vamos a oponer, pero no vamos a participar en esta historia”, ha dicho.
Además, ha señalado que Fernández es un senador que representa a España y Cantabria, con lo que a su entender, su actuación es “impecable”, al mantener “tanto su oposición a que haya fracking en Cantabria, como permitir que en otros lugares del país se pueda hacer”.
Mientras el PP de Cantabria “sigue estando radicalmente en contra del fracking” en Cantabria, Igual no ve que sea así en el actual Gobierno y más aún tras la última proposición de ley que acaban de presentar para reactivar la mina de Reocín, y que en su opinión “deja abierta la puerta al fracking”.
Igual ha recordado que en la anterior legislatura, los alcaldes de Cantabria firmaron un manifiesto contra el fracking a propuesta del Partido Popular, como apoyo a la ley aprobada por el Parlamento a propuesta del Gobierno presidido por Ignacio Diego y que posteriormente fue declarada anticonstitucional a instancias del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
