El sindicato ATI demanda al Servicio Cántabro de Salud porque los auxiliares administrativos hacen trabajos de categorías superiores sin remuneración
La Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) ha iniciado una ofensiva judicial mediante la presentación de sucesivas demandas contra el Servicio Cántabro de Salud (SCS) para reclamar las diferencias retributivas de los auxiliares administrativos de hospitales y centros de salud de Cantabria, a los que, según afirma, la Administración mantiene realizando funciones correspondientes a la categoría superior de administrativo sin retribuirles por ello.
La organización sindical ha advertido en un comunicado de un posible fraude de ley y ha exigido al consejero de Salud, César Pascual, medidas inmediatas para poner fin “a una situación de abuso que perjudica a las trabajadoras tanto en el ámbito profesional como en el económico”.
Según los datos que maneja la formación, correspondientes al año 2025, el SCS cuenta con 991 auxiliares administrativos frente a solo 30 administrativos, una desproporción que el sindicato considera “una muestra de falta de organización” y de “aprovechamiento” de este colectivo profesional.
La secretaria general de ATI, Isabel Salas, ha señalado que el conflicto se remonta a la huelga general celebrada del 26 al 29 de mayo de 2025, marco negociador en el que “se incumplieron los compromisos adquiridos” para resolver esta problemática.
La organización sindical ha indicado que el 14 de junio de 2024 entregó 452 firmas ante la Administración sanitaria autonómica, lo que ha desembocado a lo largo del año 2026 en la presentación de reclamaciones individuales y en la posterior apertura de la vía judicial formalizada el pasado 13 de octubre.
Por otra parte, ha censurado que, pese al concierto de 256 millones de euros suscrito con Santa Clotilde, equivalente a 17 millones al año, las citaciones para pruebas diagnósticas de pacientes derivados a dicho centro “siguen recayendo en el personal auxiliar de los hospitales públicos”.
En este sentido, ATI ha reprochado que Santa Clotilde recurre a una empresa privada para efectuar resonancias, TAC y pruebas radiológicas por falta de “medios propios”; una derivación que a su juicio incrementa la carga laboral de la plantilla pública y supone un gasto evitable para los contribuyentes cántabros
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