La Ley de Memoria Histórica de Cantabria llegará al Parlamento antes de que acabe el año
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria llegará al Parlamento antes de que acabe el año 2019. Así se ha comprometido de manera oficial el vicepresidente autonómico y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE), que ha reiterado este compromiso ante las distintas asociaciones y colectivos memorialistas de la comunidad, que vieron frustrado su deseo de que esta norma saliera adelante la pasada legislatura tal y como estaba previsto.
Y es que los avatares que rodean a la redacción y posterior puesta en marcha de esta norma, que fijará un marco regulador de las políticas públicas y un régimen legal que permitirá a la Administración cántabra llevar a cabo las acciones establecidas por la ley estatal aprobada hace más de una década por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no han hecho más que dilatar el proceso y defraudar las expectativas de los colectivos que trabajan para honrar a las víctimas del franquismo.
Precisamente en este contexto, en la misma jornada en la que los restos del dictador fueron trasladados del Valle de los Caídos, el también secretario general de los socialistas cántabros ha reiterado que el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria será registrada en la Cámara autonómica antes de que finalice 2019.
Así se lo ha trasladado, en un primer encuentro, a representantes de las distintas asociaciones y colectivos memorialistas de la comunidad, celebrado en la tarde del jueves en la sede del Ejecutivo y tras un acto del PSOE en la Biblioteca Central de Cantabria para rendir homenaje a víctimas del franquismo, coincidiendo con la exhumación de Franco de Cuelgamuros.
El también consejero de Cultura ha señalado a estas organizaciones que en la actualidad el texto de la ley cántabra de memoria histórica está a la espera del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, paso previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno, y posteriormente llegará a la Cámara legislativa para su tramitación y refrendo definitivo.
Zuloaga ha animado a los colectivos que trabajan en este ámbito a que presenten iniciativas y proyectos a través de la nueva Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica que se ha puesto en marcha tras la conformación del nuevo Ejecutivo PRC-PSOE, una competencia que corresponde a su propio departamento en el Gobierno.
Además, el vicepresidente ha señalado otras líneas de trabajo que se van a acometer desde dicha Dirección General y que, a su juicio, “deben ir en paralelo a la tramitación de esta ley”. Entre ellas, ha destacado una futura línea de ayudas y asistencia técnica para los municipios, a fin de que puedan cumplir “con garantía” la Ley de Memoria Histórica de España.
Otra de las iniciativas que se van a llevar a cabo desde la Vicepresidencia es un recorrido por los distintos lugares de memoria colectiva existentes en la Comunidad Autónoma, “como una manera de reconocer a las víctimas del franquismo y darles la dignidad que se merecen”. Por último, ha mostrado la disposición de su departamento para continuar con los estudios y trabajos de campo necesarios a fin de completar y definir el mapa de fosas de la comunidad.
“Tanto la directora, Zoraida Hijosa, como yo mismo estamos aquí para mantener un diálogo abierto con todas las asociaciones, y queremos que las acciones que se realicen a partir de ahora, sean de una forma participada con las asociaciones que lleváis trabajando hace mucho tiempo en este tema”, ha concluido.
Un anteproyecto en el cajón
A finales de la pasada legislatura, cuando restaban tan solo una semana para la convocatoria de las elecciones, el Gobierno de Cantabria anunció la puesta en marcha del proceso legislativo para aprobar la Ley de Memoria Histórica de Cantabria con la apertura del periodo de consulta pública, un trámite previo que tendría que servir para recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas antes de presentar el texto final.
Según explicó el Ejecutivo en aquel momento, se trataba de una norma que buscaba ser una de las más ambiciosas de todo el país e incluiría, como mayor novedad, un presupuesto específico para abrir las fosas comunes que aún quedan en el territorio de la comunidad autónoma más de 80 años después del comienzo de la Guerra Civil, y que un estudio independiente coordinado por el investigador y arqueólogo Ángel Armendáriz cifró en más de 150.
“El objetivo de la norma es hacer efectivos los derechos de los ciudadanos a conocer la historia de la lucha por los derechos y libertades, a investigar los hechos de violencia o persecución, y a la reparación por ellos; estableciendo el marco jurídico que dote al Gobierno de Cantabria de las herramientas necesarias para facilitar a las víctimas y a sus familiares la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de medidas individuales y colectivas para la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”, subrayó la Consejería de Cultura.
Primero como candidato y ahora como vicepresidente, Zuloaga ha insistido en numerosas ocasiones que la aprobación de esta norma era una “prioridad” para el PSOE, y así lo ha expresado en público tanto en campaña como una vez que tomó posesión, incluso en su primera comparecencia parlamentaria para explicar sus proyectos de legislatura como consejero.
