La solución ferroviaria para Santander, barata y cuestionada

La solución ferroviaria que el Ministerio de Fomento y ADIF plantean para Santander es económicamente muy inferior a las que tendrán otras ciudades españolas como Gijón y Murcia en donde, con las singularidades de cada caso, disponen de presupuestos que multiplican el de la capital cántabra.

El caso más parecido al de Santander es el de Gijón, dado que no atañe a la llegada del AVE. En Gijón la inversión del Estado para el denominado plan de vías es de 1.006 millones de euros, un proyecto anunciado hace unos meses por el Ministerio de José Luis Ábalos y en cuya gestación participó también la administración del Partido Popular cuando era ministro el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna.

La inversión planteada para Gijón es más de cinco veces superior que la prevista para Santander, que se cifra en 187 millones de euros. No es el único caso en que las inversiones en otros puntos del país superan con creces a la cántabra. La reordenación que afectará a Bilbao costará 800 millones y la de Hospitalet 600, la misma cantidad que para Murcia, una ciudad esta que ha vivido décadas de movilización social para conseguir el soterramiento del AVE.

El Estado se lleva gastados en el AVE 50.000 millones de euros y en el Arco Mediterráneo, 15.000, según cifras hechas públicas por el arquitecto y miembro del Grupo Alceda, Eduardo Manzanares, hace unos días en un acto público celebrado en la sede del Colegio de Arquitectos.

El estudio informativo preparado para Santander contempla actuaciones en superficie, con el reagrupamiento de los tendidos ferroviarios al norte del espacio que actualmente ocupan, cubriéndose todo con una losa a 13 metros de altura, equivalente a un edificio de cuatro plantas, de 600 metros de longitud y 50.000 metros cuadrados de extensión (equivalente al centro comercial Valle Real), que costará 100 millones de euros.

De los planes de reordenación que se han barajado para Santander este es el más económico, dado que no contempla soterramiento. Esta alternativa se contemplaba en el pasado con un plan de soterramiento de 600 millones de euros que preveía autofinanciarse en 288 millones con plusvalías obtenidas de la construcción de pisos. Estalló cuando estalló el Plan General de 2012 que le daba cobertura y cuando estalló la burbuja inmobiliaria al recrudecerse la crisis económica.

El soterramiento, parcial o total, es una alternativa que todavía se baraja, aunque no por el Ministerio ni ADIF que la descartaron en el estudio informativo. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, cree factible un soterramiento parcial, aunque no total ya que debería excavarse sobre suelo de relleno y bajo el nivel del mar. Eduardo Manzanares, por su parte, baraja ambas como alternativa. En todo caso, el soterramiento no supone una alternativa a otro elemento de crítica al estudio informativo: no ofrece una solución integrada entre la calle Alta y la calle Castilla, con diferencias de cota entre ambas de 30 metros. Y esta es una necesidad acuciante ya que el barrio de Castilla-Hermida, que acoge a tantos habitantes como Reinosa o Cabezón de la Sal, lleva décadas encajonado entre el frente marítimo y el ferroviario. Es decir, se haga como se haga, el proyecto definitivo debiera plantear una respuesta a la integración con la calle Alta, dos áreas actualmente divididas por los espacios ferroviarios.

El estudio informativo lleva tras de sí una larga gestación en la que ha intervenido el Partido Popular, con protagonismo de los alcaldes de la ciudad, Íñigo de la Serna, este en su condición también de ministro hasta el pasado año, y Gema Igual. Es propiamente una ordenación de espacios, no un proyecto detallado de ejecución, pero la llegada de nuevos actores políticos y la postura de organizaciones preocupadas por el urbanismo lo cuestionan de raíz por lo que no hay un consenso sobre la opción adoptada.

El estudio informativo ha sido ya recurrido por ARCA y es cuestionado por Alceda, al tiempo que los partidos en el Consistorio santanderino se muestran muy críticos con él. Este es el caso del PRC y Unidas por Santander, pero también, lo que es más llamativo, por un partido que forma el actual equipo de gobierno, como es Ciudadanos.

Si Ciudadanos plantea un concurso de ideas para disponer de alternativas y el Gobierno regional entendería una demora de un año para estudiar las mismas, ARCA ha ido directamente a la Audiencia Provincial. Su recurso se basa en que el estudio informativo, presentado a principios de septiembre, “no reúne el contenido mínimo legalmente establecido” porque, fundamentalmente, “no se han estudiado las distintas alternativas y opciones de diseño”.

ARCA resalta que en el período de información pública esta organización y otras asociaciones “sí ofrecieron otras alternativas”, como la creación de un corredor verde naturalizado desde La Remonta hasta Las Estaciones, y modificaciones de las actuaciones previstas en la reordenación ferroviaria, “planteándose como una oportunidad histórica e irrepetible para planificar estos corredores territoriales con el sosiego y reflexión que requieren las decisiones con visión de futuro y a largo plazo”. Sin embargo, subraya que sus alegaciones “no fueron tenidas en cuenta”.