El Tribunal de Cuentas señala deficiencias en la adjudicación y contratación pública de Cantabria
El Tribunal de Cuentas sigue sacando los colores y señalando las deficiencias en el funcionamiento interno de las instituciones cántabras, que una vez más han sido advertidas por parte de este organismo de fiscalización por su falta de transparencia en los procesos de adjudicación y contratación pública, después del varapalo que esta misma institución dio a la gestión de Íñigo de la Serna (PP) al frente del Ayuntamiento de Santander.
Así ha quedado en evidencia este martes en el Congreso de los Diputados durante la presentación del informe de fiscalización de la contratación de 2014 y 2015 de las comunidades autónomas y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, que son, además de Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha, Extremadura y la Región de Murcia, así como Ceuta y Melilla.
Durante su comparecencia, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha destacado algunas de las deficiencias que se reflejan dentro de este documento en el funcionamiento del Gobierno de Cantabria durante los años analizados, bajo el mandato de Ignacio Diego (PP), sobre todo en la remisión en plazo de la información relativa a sus procesos de contratación.
Por ello, ha considerado necesario que Cantabria, como el resto de las autonomías puestas bajo el foco del Tribunal de Cuentas, deben ser “más transparentes” y están obligadas a adoptar “las medidas necesarias que permitan el envío, regular y dentro del plazo disponible, de toda la información relativa a la contratación llevada a cabo por cada una de ellas”.
También se ha observado, según el informe defendido por Álvarez de Miranda en el Congreso, “insuficiencias tanto en las actuaciones de control del cumplimiento de los contratos como una falta de supervisión”, un hecho que ha llevado al máximo responsable del Tribunal de Cuentas a recomendar “una mayor diligencia en la supervisión de los proyectos para evitar posibles modificaciones, dilaciones o encarecimientos posteriores”.
Respecto a la tramitación de los expedientes administrativos, Miranda ha solicitado una “mayor precisión” en el contenido de los pliegos con el objetivo de lograr “más transparencia y objetividad”, ya que en determinados contratos firmados desde el Ejecutivo cántabro resultan “excesivamente genéricos”.
Valdecilla, bajo la lupa
En esta comparecencia ha habido tiempo también para abordar uno de los mayores elementos de fricción en la gestión pública de Cantabria durante los últimos años como ha sido la puesta en marcha de un sistema de colaboración público-privada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que sirvió para terminar las obras en este centro sanitario, pero con la sombra de la privatización encubierta y con un megacontrato de 900 millones de euros a favor de la empresa concesionaria.
Varios miembros de la oposición, como el senador socialista Jesús Manuel Alonso o el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Comisión, Vicente Ten, se han interesado por el caso concreto de Valdecilla, un hospital de referencia a nivel nacional, y han recordado que el nuevo sistema ha despertado “muchas quejas sobre la calidad del servicio prestado” pese a la cantidad millonaria de dinero público que aún deben pagarse por este complejo sanitario.
Aunque Miranda no ha querido entrar en detalles concretos, sí que ha apuntado que la contratación público-privada, como la que impulsó el anterior Ejecutivo autonómico de Cantabria en Valdecilla, “no ha sido recogida en la nueva ley de contratos”, por lo que ha considerado que “deberá explorarse una vía más o mejor precisada” para estos supuestos.
