Construir resistencias ante la gentrificación turística

En mi edificio queremos prohibir los pisos turísticos. Misión imposible… complicada, cuando menos. Primero, fue el cuarto derecha porque no teníamos un acuerdo previo en el que, a modo de los precog de Minority report, hubiésemos imaginado que alguno de nuestros vecinos le iba a dar por hacer de su vivienda un negocio. Turísticos 1; Callealteros 0. Después, desde el 3 de abril, con la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia que modifica la Ley de Propiedad Horizontal e introduce la obligación de que cualquier propietario que desee alquilar su vivienda a turistas obtenga el visto bueno de la comunidad de vecinos, la administradora nos dijo que podíamos dejar prohibidos futuros pisos turísticos votando 3/5 en contra. Pero que no estaba claro, porque no hay ley en Cantabria. Que mejor si inscribíamos la decisión en el registro, con el coste correspondiente. Que eso tampoco nos daba demasiada seguridad jurídica. Que el Gobierno cántabro iba a aprobar su propia ley y a saber dios... Total: seguimos sin estar seguros de si nos la pueden volver a colar. El segundo en venta, de momento, lo ha comprado una sociedad. Me niego a que mis vecinos de enfrente sean gente-troley con personalidad de turista arrasalotodo. Con lo que me gusta a mí un pedir algo de sal para charlar un rato y sentir la comunidad. 

Cuando tuvimos en frente a la dueña del piso turístico en cuestión, recién propietaria y aún desconocida para los vecinos pero maja chavala, nos preguntó por qué nos oponíamos. Entendió que quiero vivir en una comunidad de personas, no con viajeros ocasionales a los que les trae al pairo si Chus se cae por la escalera o a Manuela le hace falta alguien que le ponga bien los canales de la tele. Lo que no entendió bien es que nos cerremos la puerta a, siquiera en un futuro, poder especular con nuestra vivienda “ahora que Santander está tan de moda”. Resulta que ella lo tiene para pagarle el piso en Madrid a su hijo mientras estudia porque “están los alquileres imposibles”. Ni se le pasa por la cabeza que gente como ella ha contribuido a subir el precio de los alquileres en Madrid y lo están haciendo en Cantabria. El infierno son siempre los otros, ya lo decía Sartre. 

Consumo va a exigir el bloqueo de 65.000 anuncios de pisos ilegales en Airbnb, cuyos anfitriones son en un 90% particulares. Nos iría mejor si pensásemos en las consecuencias de nuestros actos, porque vivimos en un barco colectivo y arrieritos somos. Están los malos malísimos, los fondos buitres, bancos, grandes inmobiliarias y constructoras, pero hay también malos y malas de andar por casa como tu tía Paca que tiene el piso en alquiler turístico porque, pobre Paca, no quería líos, y meter una familia con tres hijos desgasta más la casa, o tú o tu primo Cosme, que siempre fuisteis muy vivos y os habéis comprado un pisito que vais a habilitar para alquiler vacacional. Luego están los de los apellidos compuestos, rentistas de rancio abolengo que viven de alquilar como negocio medio en negro de la familia desde que Franco era corneta (más bien desde que fue caudillo).

Apuntaba Olga Agüero en estas mismas páginas, días atrás, que el precio de las viviendas en propiedad aumenta tanto —alcanza ya los 1.900 euros por metro cuadrado— y a tal velocidad que es ya inaccesible para la mayoría de los sueldos. Además, hay que competir con los foráneos que se llevan el 42% de las ventas de vivienda, lo cual pone a Cantabria en riesgo de gentrificación turística —Santillana del Mar se utiliza como ejemplo del fenómeno—, con consecuencias que van desde el aumento de los precios y el desplazamiento de los residentes de siempre, a la transformación del tejido urbano y la pérdida de identidad cultural. Que la suerte te libre de que tu localidad triunfe en el turisteo.

El alquiler, que es más caro pero también más accesible para quien no tiene acceso a hipotecas, cada vez lo es menos, pues crece sin control el nivel de presión, a saber, el número de candidatas a arrendatarias de los pisos en alquiler: los juegos del hambre en versión inmobiliaria. En Cantabria —según el Observatorio del Alquiler— se estima en 26 por piso, y se ha incrementado un 52% en dos meses, pasando de 17 a 26 personas que pugnan por alquilar en nuestra comunidad autónoma. Y eso que nuestra comunidad autónoma ya figuraba el año pasado en el ranking de lugares con alquileres más altos según el informe Fotocasa. 

El alquiler, que es más caro pero también más accesible para quien no tiene acceso a hipotecas, cada vez lo es menos, pues crece sin control el nivel de presión, a saber, el número de candidatas a arrendatarias de los pisos en alquiler: los juegos del hambre en versión inmobiliaria

Pese a ser tan poco halagüeño el panorama, siempre hay quienes hacen cierto eso de que una crisis siempre encierra una oportunidad, y al calor de la crisis de vivienda y la imposibilidad de tener un hogar han apostado por romper la baraja del modelo individualista. Nos faltan ejemplos en Cantabria, aunque ya hay intentos como la Ecoaldea Valyter, pero hay que ponerse manos a la obra para poner en marcha proyectos cooperativos de vida como el de viviendas en régimen de cesión de uso 'Entrepatios', impulsado por un grupo de gente que compró suelo colectivamente y diseñó asambleariamente los espacios para bien convivir y hoy no sufren ya el problema de la vivienda nada menos que en el invivible Madrid. O como el cohousing senior de Trabensol, cooperativa sin ánimo de lucro autogestionada democráticamente, que nació como alternativa a las residencias tradicionales para hacer realidad un modelo de vivienda colaborativa en cesión de uso, integrado por unidades habitacionales privadas y espacios comunes –salas de juego, lavandería o huerto– para compartir actividades, servicios y cuidados. Hay otras cooperativas, como la catalana Sostre Cívic que ofrecen ayuda a quienes se aventuran a tomar las riendas en el problema de la vivienda.

Por supuesto, se trata de un universo muy diverso. No tienen nada que ver los proyectos impulsados por especialistas —a menudo procedentes del mundo de la construcción y el urbanismo— que ahora apuestan por el nicho de mercado de lo “co”, generando iniciativas con ánimo de lucro en las que las personas usuarias reciben pasivamente servicios encarecidos por la necesidad de sostener a quienes viven de ellos —como parece ser el caso del Senior Resort proyectado en Bareyo—, con aquellos otros basados en valores democráticos, autogestionados y sin ánimo de lucro, que ponen realmente a las personas en el centro y se construyen de forma genuinamente cooperativa, como los ya mencionados. Los primeros no son más que una reedición del modelo dominante y, lejos de contribuir, suponen un obstáculo para esa nueva economía social y solidaria que urge impulsar como cuestión de vida o muerte.

Un renacido Movimiento por la Vivienda está clamando justicia, pidiendo a los gobiernos, autonómicos y estatales, que se tomen en serio el precepto constitucional que es el derecho a un techo. Ojalá se extienda la creatividad política que demuestran los proyectos comentados y empecemos a construir alegría con formas de vida cooperativas iluminadas por esa responsabilidad recíproca entre diferentes que es la esencia de la vida en común.