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Cantabria garantiza por ley la atención sanitaria universal que eliminó el PP

El Partido Popular denuncia que la orden por la que se regula la asistencia sanitaria a extranjeros "no es más que un fraude" y alerta de que "reabre la puerta cerrada al turismo sanitario".

La nueva normativa aprobada por el Gobierno bipartito PRC-PSOE asegura que ninguna persona residente en Cantabria quede fuera del sistema público y prevé la concesión de una tarjeta sanitaria con validez de dos años.

Eva Díaz Tezanos y María Luisa Real durante su intervención en rueda de prensa. | IGNACIO ROMERO

Eva Díaz Tezanos y María Luisa Real durante su intervención en rueda de prensa. | IGNACIO ROMERO

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y la consejera de Sanidad, María Luisa Real, han presentado este lunes en rueda de prensa la nueva normativa, que entra en vigor mañana, por la que "ninguna persona residente en Cantabria quedará fuera del sistema público de protección sanitaria". Una norma que hace "realidad legal" un compromiso que ambas adquirieron hace menos de un mes con la Plataforma de Lucha Contra la Exclusión Sanitaria, la Coordinadora del ONGs y Amnistía Internacional.

A partir de ahora, las personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria con la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, que en Cantabria fueron unas 5.000, volverán a tener una tarjeta con validez en la comunidad autónoma por un periodo de dos años y similar a la del resto de usuarios del sistema nacional de salud.

Díaz Tezanos ha precisado que, aunque en su mayor parte afectó a inmigrantes en situación administrativa irregular, también había españoles que habían perdido su derecho por ser parados sin prestación o por haber permanecido más de tres meses en el extranjero. "Se dio un gravísimo paso atrás en la protección social y la salud pública de España", ha asegurado la vicepresidenta.

"Los socialistas, desde que llegamos al Gobierno de Cantabria, hemos estado trabajando para que se reestableciera cuanto antes el acceso pleno a la asistencia sanitaria como derecho constitucional de ciudadanía y en igualdad de condiciones para todos", ha declarado la secretaria general del PSOE en la comunidad autónoma, quien ha precisado que desde que se comprometió con los colectivos a recuperar este derecho se ha estado garantizando la atención sanitaria en las mismas condiciones que al resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud.

Además, Díaz Tezanos ha asegurado que esta normativa es "una medida paliativa que pretende solucionar temporalmente el problema creado por el Partido Popular" y ha incidido en que el Gobierno de Cantabria "sigue defendiendo la urgente recuperación de la cobertura pública y universal del derecho a la atención sanitaria y la protección a la salud".

La vicepresidenta ha recordado que la consejera de Sanidad reclamó la derogación del Real Decreto de 2012 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado mes de junio, y ha anunciado que desde el Gobierno de España, en caso de que el Partido Socialista gane las elecciones del próximo mes de diciembre, se impulsará una reforma de la Constitución Española para que el derecho a la asistencia sanitaria y la protección de la salud sea considerado derecho fundamental.

Díaz Tezanos ha asegurado que el Gobierno de Cantabria actual "dice, hace, promete y cumple, y sobre todo, prioriza aquellas medidas que redundan en el bienestar de los ciudadanos, mejoran su calidad de vida y permiten la recuperación de derechos básicos y elementos claves del estado de bienestar como es la sanidad pública y de calidad que, además, ha sido atacada en los últimos años por el Partido Popular".

"Diferencias notables"

La vicepresidenta ha explicado que entre la regulación que desarrolló el anterior Ejecutivo regional en 2013 para "suavizar" el decreto de Rajoy y la norma que se publica este lunes "hay diferencias notables". "No son diferencias mínimas ni de matiz en absoluto son diferencias que ponen de manifiesto la concepción tan distinta que tenemos de la sanidad el actual Gobierno y el Partido Popular".

Según ha precisado, el decreto del Partido Popular regulaba un programa de beneficencia y la actual orden regula un derecho subjetivo de los afectados. "Nosotros creemos en los derechos de las personas y no en la caridad y sobre esta base está redactada la orden que hoy se publica".

Además se pasa de un requisito de empadronamiento de 183 días a 90 días, que es el límite mínimo obligado porque por debajo de ese plazo a un extranjero se considera turista, y en cuanto al procedimiento solo se requiere el certificado de empadronamiento frente al anterior que era "largo y engorroso".

Con la nueva norma, la persona tiene acceso a la asistencia sanitaria antes de dictarse resolución y recibirán una tarjeta identificativa, valida por dos años en el ámbito de la comunidad autónoma y semejante a la que se suministra al resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud.

"No es más que un fraude"

Como respuesta a esta decisión del nuevo Gobierno, el Partido Popular de Cantabria ha asegurado que la orden por la que se regula la asistencia sanitaria a extranjeros confirma que el anuncio del Gobierno sobre la universalización de la asistencia "no es más que un fraude" y ha alertado de que "reabre la puerta cerrada al turismo sanitario".

La exconsejera de Sanidad y diputada del PP en la Cámara autonómica, María José Sáenz de Buruaga ha afirmado que es la propia orden la que "pone en evidencia el engaño" de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, que "no ha cumplido lo prometido, puesto que el anuncio de devolver el derecho y la tarjeta sanitaria a los irregulares se ha quedado tan solo en eso, en un anuncio".

"La orden se encarga de dejar bien clara la manipulación del Gobierno, porque el documento que se proporciona a los irregulares no es la tarjeta sanitaria individual, sino que el único documento del que dispondrán es el mismo documento acreditativo, ahora plastificado, que se emitía al amparo del anterior Programa de Protección Social de la Salud Pública, implantado por el Gobierno de Ignacio Diego", ha dicho.

La parlamentaria del PP ha opinado que, para no persistir en el engaño, María Luisa Real debería aclarar que este documento "no es la misma tarjeta sanitaria ni produce los mismos efectos que la que tienen el resto de usuarios del Sistema Nacional de Salud o la propia consejera", puesto que no contiene los datos básicos y comunes que ha de contener y porque carece de validez fuera de Cantabria y no permite el acceso a los centros y servicios sanitarios de otra comunidad.

A su juicio, esta orden nace como "un mero golpe de efecto, un gesto de cara a la galería, para negar primero y hacer desaparecer después el programa aprobado por el PP y hasta ahora vigente, que garantizaba la asistencia a los irregulares sin recursos suficientes". La parlamentaria ha alertado de que esta orden es "una mala reproducción" del Programa del PP, porque "reabre la puerta cerrada al turismo sanitario", extendiendo la asistencia gratuita a los irregulares que permanezcan más de tres meses en Cantabria con independencia de su nivel de recursos económicos.

Ese es, en su opinión, el único efecto inmediato de las dos novedades relevantes que se han introducido: la reducción a tres meses del plazo mínimo de empadronamiento, lo que "favorece el efecto llamada en detrimento del arraigo o un vínculo estable de permanencia en la región", y la supresión del requisito relativo a los ingresos económicos.

La dirigente del PP ha lamentado que "en su obsesión por echar por tierra todo lo que proviene del Gobierno anterior, los responsables del PSOE y del PRC vuelven a la política del disparate, como que los ciudadanos cántabros paguen con sus impuestos la asistencia sanitaria que reciban los extranjeros con alto poder adquisitivo que aprovechen su estancia o vengan a la comunidad autónoma a operarse".

"Ningún extranjero en situación irregular se ha visto privado de la asistencia sanitaria que ha precisado en nuestro servicio público de salud, del mismo modo que ninguno, sin recursos suficientes, ha recibido factura por dicha atención", ha recalcado Buruaga, quien ha pedido a la vicepresidenta "que deje de mentir y no se empeñe en tergiversar los datos para tener razón".

Además, ha lamentado que Díaz Tezanos parezca "hablar de oídas" u "omita deliberadamente" los datos oficiales, que revelan que el 52 por ciento de los 4.810 titulares de las tarjetas que se dieron de baja en cumplimiento del Real Decreto han regularizado su situación y están asegurados.

La diputada del PP ha tachado de "falsedad" la afirmación de Díaz Tezanos sobre la existencia de españoles fuera del servicio público de salud. "Todos los españoles y residentes legales en España tienen garantizado el acceso como asegurados y, si han salido fuera de España, cuando regresen", ha concluido.

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