Cantabria reservará plazas de empleo público para personas con discapacidad
Cantabria regulará los derechos de todas las personas con discapacidad “ante todos los poderes públicos y ante toda la sociedad”. Así lo ha asegurado la vicepresidenta y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, en la presentación del anteproyecto de la ley que ofrecerá está garantía, hecho que ha calificado como “un hito histórico para la Comunidad”. En los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
Supone, además, la plasmación normativa de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 13 de diciembre de 2006 que fue ratificada por España en 2007 y que sitúa a Cantabria “al nivel de los ordenamientos jurídicos más garantistas”.
La consejera ha ratificado que se trata de una norma “transversal” que abarca las distintas áreas de las políticas públicas que “inciden directamente en la vida de las personas” y que se basa en “el reconocimiento de los Derechos Humanos” de los afectados para que “logren su pleno desarrollo mediante el ejercicio de sus derechos sociales, culturales, civiles y políticos”.
Así pues, el objetivo de esta ley es “promover la igualdad de oportunidades, eliminar y corregir toda forma de discriminación, impulsar medidas de acción positiva para garantizar la inclusión social, establecer medidas de accesibilidad y garantizar el uso de la lengua de signos”. Asimismo, la vicepresidenta ha querido hacer hincapié en que afecta a “todos los poderes públicos, a las entidades privadas y a toda la ciudadanía”.
Tezanos ha estado acompañada en su comparecencia por Mar Arruti, portavoz del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI), quien ha calificado esta ley como “un gran logro”. “Valoramos satisfactoriamente que se hayan escuchado nuestras demandas”, ha resaltado.
Al mismo tiempo, ha reconocido que el trabajo se ha desarrollado en un clima “muy positivo, de consenso, con una escucha activa, un aprendizaje continuo, y con intercambio de ideas y conocimientos”.
A pesar de que en el anteproyecto están recogidas “la mayor parte” de sus demandas, Arruti ha recordado que todavía queda otra fase con posibilidad de hacer propuestas. “Aprovecharemos para intentar insistir en algunos ámbitos que consideramos que pueden ser mejorados”, ha expresado.
Por otro lado, ha subrayado la importancia de esta ley puesto que “al legislar se piensa cada vez más en las personas con discapacidad de forma transversal”. Sin embargo, ha recalcado la necesidad de que se incluya en ella “un órgano de participación- el Consejo Autonómico de la Discapacidad- que ya existe en otras comunidades, para el seguimiento de la aplicación de la normativa”, puesto que ha denunciado que existen “incumplimientos de medidas”, a pesar de que están recogidas en las leyes.
Derechos y medidas
Esta ley, tal y como ha manifestado la consejera, garantiza el derecho a la autonomía personal y a la toma de decisiones, a la igualdad de oportunidades y al acceso a la salud, a la educación, al empleo y a los servicios sociales “en condiciones adecuadas”.
Además, asegura el derecho a una atención especializada “desde el diagnóstico preciso y precoz”, así como a la intervención y atención terapéutica de la manera “menos restrictiva posible”, entre otras medidas. A su vez, contempla que “se promoverá la formación especifica” de los profesionales de las diversas áreas a las que hace alusión.
Las principales medidas que contempla se engloban en el ámbito social, de la salud y de la educación. En el caso de la sanidad, se impulsarán programas y actuaciones dirigidas a la prevención de la discapacidad, a la atención temprana de los menores y a la detección de situaciones de maltrato.
Por otro lado, garantizará el acceso a una educación inclusiva y específica en función de las necesidades del alumnado, además del acceso a un centro ordinario, dando la opción de un centro de atención especial. Se aplicarán también medidas de flexibilización en todas las etapas educativas y se evaluarán los progresos.
Empleo
Tezanos ha incidido en que el Gobierno “velará” por el cumplimiento de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, en la formación y promoción profesional, así como en las condiciones de trabajo. “Se promoverán medidas de acción positiva destinadas a impulsar su acceso al mercado laboral”, ha destacado.
Así pues, ha señalado como objetivo prioritario “la elevación de las tasas de actividad, de ocupación y de inserción laboral de las personas con discapacidad y de aquellas con capacidad intelectual de grado límite que no alcancen un grado de discapacidad del 33%”.
Por otra parte, en el ámbito de empleo público, el Gobierno “impulsará cuotas” de reserva para personas con discapacidad, estableciendo convocatorias y pruebas específicas. “Los cupos serán obligatorios por ley”, ha apostillado.
En el sector privado, las empresas deben de proporcionar las adaptaciones y los apoyos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo de estas personas y la Administración “velará por el cumplimiento” de las cuotas exigidas en la legislación vigente.
Asimismo, tal y como ha manifestado Tezanos, se incorporarán en la contratación pública, clausulas sociales que otorguen preferencia a las empresas que establezcan mejoras de contratación de personas con discapacidad, así como contratos reservados a centros especiales de empleo y a empresas de inserción con al menos el 70% de trabajadores de esta índole.
En materia de justicia se prevé la creación de un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental beneficiarios de la justicia gratuita, para su representación y defensa en juicio en los asuntos directamente relacionados con la discapacidad.
Finalmente, Tezanos ha resaltado que este anteproyecto marcará “un antes y un después” en una sociedad cántabra que se convertirá “en más social y más inclusiva, lo que redundará en el beneficio de todos”.
