La oposición sospecha que los 20 millones extraídos de las empresas públicas no irán a pagar proveedores y sí nóminas

Ciudadanos y Partido Popular están convencidos de que los 20 millones de euros extraído de la tesorería de las empresas públicas regionales tienen por finalidad el pago de la nómina de final de año de los empleados públicos y no el pago de la deuda con los proveedores.

El propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, no ha dejado suficientemente claro el destino de los remanentes cuando dio cuenta de la medida, lo que ha dado pie a los principales grupos de oposición a especular sobre el fin real de esos 20 millones.

Zuloaga ha señalado este jueves que los remanentes de las empresas públicas se emplearán en operaciones de tesorería que “sirvan para garantizar gastos necesarios en sanidad y educación”. Cuestionado si son para el pago de nóminas del personal de educación y sanidad, ha respondido que “hay de todo” y el “detalle” de los pagos “está en el ámbito de las propias consejerías y de la Consejería de Economía”.

Sin embargo, en sede parlamentaria, y a propósito de un debate introducido a Ciudadanos por la demora en el pago a proveedores, la consejera de Economía, María Sánchez, apuntó este recurso a las empresas públicas para alimentar la Tesorería General.

Ciudadanos y Partido Popular no quieren soltar el hueso de los incumplimientos en los pagos a proveedores, en donde Cantabria destaca entre las comunidades que se lo toman con más calma. El periodo medio de pago a proveedores (PMP) se situaba en 88,35 días en enero y 92,48 en febrero, descendió a 25,24 en marzo y 31,06 en abril, y una vez pasadas las elecciones el Gobierno se situó en 71 días en septiembre y 82 en octubre.

Félix Álvarez, portavoz parlamentario de Ciudadanos, ha valorado lo ocurrido: “El Gobierno nos mintió: los 20 millones retenidos a las empresas públicas confirman el agujero que existe para pagar las nóminas”, ha sentenciado Alvárez a propósito del trasvase de dinero autorizado por el bipartito, asegurando que pedirá la dimisión de la consejera “si se confirma que mintió en sede parlamentaria”.

“Es la confirmación de lo que denunciamos desde Cs”, ha recordado el jefe de la formación, para quien regionalistas y socialistas “están reteniendo dinero de otras partidas y de las empresas públicas, llevándolo a imprevistos, para pagar las nóminas del sector público”.

El diputado ha apuntado que desde Cs ya advirtieron de que el Ejecutivo autonómico “no tenía dinero para acometer los pagos de personal en lo que queda de año”, más teniendo en cuenta -ha indicado- que en diciembre “hay que afrontar la paga extra”.

Un motivo por el que, a su juicio, se han retenido 20 millones de euros de las empresas públicas, que “están renunciando” a esas cantidades que tenía que darles el Gobierno de Cantabria.

“Si las empresas públicas no reciben ese dinero, ¿quién lo pagará?”, se ha preguntado Álvarez, para contestar “pues los de siempre”, es decir, “los proveedores de esas empresas públicas, que son autónomos y pequeñas empresas, que verán como el pago medio, que la ley limita a 30 días y que en octubre llegó a los 82, se va a dilatar poniendo en riesgo sus negocios”.

El PP tampoco se lo cree

La secretaria autonómica del Partido Popular, María José González Revuelta, ha advertido este viernes de que el Gobierno PRC-PSOE está “entrampado hasta los ojos” y, por eso, “cada vez recurre a maniobras contables más disparatadas”, asegurando que no tiene ninguna duda de que los 20 millones que se van a transferir de empresas públicas a las áreas de sanidad y educación se van a destinar a pagar nóminas.

“El Gobierno PRC-PSOE gestiona mal y presupuesta peor, la bola no deja de crecer y cada vez tienen que recurrir a maniobras contables más disparatadas”, ha afirmado González Revuelta.

La secretaria autonómica y portavoz de Economía en el Parlamento regional ha manifestado que “para cubrir el boquete” en los gastos de personal, que superarán al final del año los mil millones de euros, según sus cálculos, el Gobierno “ha exprimido al máximo los presupuestos con recortes en la inversión y las políticas productivas de todas las consejerías como desveló el Partido Popular en agosto”.

“Además, ya no puede pedir dinero a los bancos porque ha alcanzado el límite de deuda, así que recurre a las empresas públicas en una operación que, en realidad, es un crédito extra presupuestario”, ha advertido.

Según González Revuelta, se trata de “una maniobra de ingeniería financiera que no tiene precedentes en las comunidades autónomas, premeditada y perfectamente orquestada antes de elaborar los presupuestos de Cantabria para 2020 que han ocultado mintiendo a los ciudadanos y al Parlamento”.

La prueba, ha añadido, es que el proyecto de ley “prevé un aumento del 26% de los aprovisionamientos de las empresas públicas en ruina porque esos 20 millones que ahora saca el Gobierno hay que devolverlos”.