Cantabria prohibirá la publicidad de salas de juego en el transporte público y destinará la recaudación de las sanciones “a la prevención”

El Gobierno de Cantabria quiere dar un paso más en lo que se refiere a la Ley del Juego y ya dispone del anteproyecto que, previsiblemente, sacará adelante una norma “responsable” y que, según ha indicado la consejera de Presidencia, Paula Fernández, “pondrá el foco en la protección de los colectivos vulnerables, la lucha contra el fraude, la prevención de las conductas patológicas y la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias en los juegos”. Así, se prohibirá la publicidad de las salas de juego y apuestas en el transporte público y se destinará la recaudación de las sanciones a “investigación, prevención y asistencia al juego patológico”.

Esta ley autonómica, que podría llegar al Parlamento en el plazo de dos meses “si todo va como está previsto” y supera estos 20 días que permanecerá en el BOC a consulta pública, suspende temporalmente las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, “mientras se tramite la nueva norma”. Asimismo, se establecerán límites cuantitativos en lo referido al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, además, y tal y como ha aclarado Fernández, al establecer una fecha de caducidad en los estudios de viabilidad de las licencias, han decaído 11 de las propuestas de locales de juegos que podrían haberse instalado en la comunidad.

Por otro lado, “por primera vez” para los cántabros se establecerán medidas “de prevención del juego patológico” poniendo el foco en la protección de los menores de edad y las personas vulnerables. Para asegurar la eficacia de dicha medida, la Consejería de Presidencia ha aclarado que se creará una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento en la que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, además de crear una Comisión de Juego como órgano colegiado encargado del estudio y asesoramiento.

Precisamente y para proteger a los menores y las personas vulnerables, se ha regulado un nuevo régimen sancionador que pasará por recalificar los distintos tipos de infracciones. De esta manera, se revisarán las cuantías de las sanciones de forma que se establezca un régimen sancionador “acorde y proporcional”, además de incorporar la suspensión de los locales por un máximo de cuatro años, la cancelación de autorizaciones para máquinas de juego, o incluso la inhabilitación total de actividades y juegos.

Cabe recordar que la comunidad tiene 42 salones de juego, seis locales de apuestas y cinco bingos, y que ya incluyó en 2020 de manera “pionera” la distancia mínima de 500 metros respecto a los centros escolares y aquellos lugares de atención a la ludopatía, así como respecto a otros locales de juego, casas de apuestas, bingos o casinos. No obstante, tres años antes ya comenzó a retomarse la ley que sustituiría a la anterior por haber quedado “obsoleta”.

Por último, la consejera ha anunciado la incorporación de 16 inspectores a las áreas de juego y espectáculos públicos para así poder hacer frente al “crecimiento exponencial” de este tipo de lugares, y ha destacado el trabajo de todos los sectores implicados por ponerse de acuerdo “a pesar de las diferencias”, en referencia a la participación de propietarios de casinos o la fundación Proyecto Hombre.