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La decisión de Educación de contratar orientadores en centros concertados con fondos públicos genera movilizaciones

Archivo - Niños en un colegio

La Junta de Personal Docente (JPD) no universitario, formada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, ha anunciado movilizaciones ante la decisión “inaceptable” de la Consejería de Educación de dejar que los centros privados concertados contraten orientadores directamente, pagados con fondos públicos.

Según ha informado la JPD en una rueda de prensa, en una reunión mantenida ayer, la consejera de Educación, Marina Lombó, anunció la decisión de su departamento de pagar con fondos públicos a orientadores de centros concertados, sin ofrecer “ningún dato” de la demanda existente por parte de dichos centros.

La Junta rechaza esta medida porque supondría un cambio del modelo de orientación de Cantabria, que es “pionero” y “un referente” para España, que “funciona bien” y está “muy reconocido” en todo el país. Por eso su modificación es para los sindicatos docentes una “línea roja que no puede traspasarse”, ya que el servicio, en su opinión, debe atenderse como hasta ahora exclusivamente por funcionarios públicos como garantía del “rigor e independencia” de sus informes, de trascendencia para las familias.

Los orientadores elaboran los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización que pueden determinar que un alumno pase de un centro convencional a otro que atienda necesidades especiales, por ejemplo. Para los sindicatos, si la Consejería considera que hay que prestar mayor atención a los centros concertados, “a pesar de que más del 80% de alumnos con necesidades está escolarizado en centros públicos”, debería dotar de más personal a los equipos de orientación “y no financiar con fondos públicos la contratación de empresa privadas”.

Además, la Junta teme la pérdida de puestos de trabajo públicos en los servicios de orientación, que actualmente cuentan con seis equipos en los que trabajan unos 60 profesionales de atención a la diversidad. Estos equipos atienden actualmente a todos los centros públicos que carecen de orientador --los de menos de 250 alumnos-- y a todos los concertados, que son 54 de Infantil y Primaria.

La JPD espera que la Consejería “recapacite” y no tome ninguna medida que pueda significar la pérdida de empleo en la educación pública, “desviando fondos públicos a la contratación de personal en el sector privado sin los criterios selectivos de igualdad, mérito y capacidad”.

Así, exige a Educación que mantenga el modelo de atención a la diversidad actual, si es necesario dotando de más personal a los equipos, y que “garantice” que no se va a perder “ni un solo puesto de trabajo en la enseñanza pública para favorecer a empresas privadas”. Con todo, la Junta se plantea movilizaciones a través de escritos a los claustros para que respalden la petición de mantener el sistema actual de orientación y concentraciones a partir de la próxima semana.

En la rueda de prensa, tanto CCOO como TU han alertado de la “privatización” en vez de la defensa de lo público, mientras UGT ha incidido en que la decisión de la Consejería no mejora la atención pero “cambia las reglas del juego” de un modelo en que Cantabria es “referente” y que, de esta forma, se “desvirtúa”, y que además ha sido “impuesto sin ningún tipo de negociación”.

Los sindicatos entienden que subyace un aumento de la demanda de orientación de la concertada pero cuando cuestionaron ayer a la consejera sobre este aspecto, dijo que “aún no tenía datos, que lo estaban mirando, pero la decisión está tomada: la Consejería da lo que pide a la concertada sin datos”, han denunciado. Al no conocerse aún la demanda, tampoco se sabe el número de orientadores que podrían contratar los centros concertados, que tendrán esta opción o la de seguir atendidos por los equipos públicos como hasta ahora.

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