Quién gobierna aquí

El Supremo, con la ayuda de la presidenta del Congreso, arrebata el escaño a un diputado de Unidas Podemos por una supuesta patada a un policía de la que no hay más prueba que el relato del agente. El Constitucional tumba el primer y el segundo estado de alarma a petición de Vox aunque lo aprobó el Parlamento y evitó miles de muertes. La patronal, la Brunete mediática y el Banco de España movilizan sus tropas para evitar la derogación de la reforma laboral y disparan sus baterías sobre el Gobierno de coalición al que dan por muerto erróneamente por enésima vez. Viendo el panorama uno se pregunta quién gobierna realmente aquí. El pueblo, va a ser que poco.

El Supremo, mucho. De vigilar la aplicación de las leyes ha pasado a eliminar a quien las hace cuando no es de su gusto. El judicial le pisa el pie al legislativo para hacerle tropezar. La inhabilitación del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, es un caso de flagrante intromisión. Le suspenden de su derecho a ser elegido, pero imponen la aplicación de la pena sobre el cargo electo, no sobre su posible candidatura en próximas elecciones, como debería ser. Hacer perder el escaño a un representante público por una presunta patada, es una patada al sistema parlamentario en los mismísimos. 

Las dudas que conllevaba la sentencia llevaron a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a consultar al Supremo. En el colmo de la chulería, el juez Marchena contestó que no está entre las funciones de su tribunal “asesorar a otros órganos constitucionales”. Sí está, sin embargo, meterles mano. Para no jugarse otra sentencia política, Batet acabó plegándose a las presiones del Supremo y de la derecha, tanto monta, monta tanto. Marchena, que ya hizo carrera política con el juicio del procés, lo que tiene que hacer es presentarse a unas elecciones. 

La mayoría conservadora del Constitucional, también. Aunque ya tienen representación en el Congreso, en las bancadas de PP y Vox. A petición de la ultraderecha, el tribunal ha declarado inconstitucionales los dos estados de alarma y la limitación de la actividad parlamentaria en la primera ola. Paradójicamente, el Constitucional redujo su actividad mucho más que el Congreso en esos días. Paradójicamente, Vox gritaba que el Gobierno mataba cuando no imponía restricciones, y cuando las impuso, las recurrió. El TC obvió las indicaciones de los científicos, la idoneidad de las medidas, las vidas salvadas y le dio la razón a los de Abascal. Haciendo política, que es gerundio.

Y como éramos pocos, parió la abuela. La CEOE, el Banco de España, tertulianos y medios han salido en tropel en defensa de la reforma laboral del PP que Rajoy impuso sin preguntar ni a los empresarios. No hacía falta, era una reforma a su medida. Han sacado la artillería mediática para presionar al Gobierno, al que han vuelto a matar en mil tertulias más apocalípticas que un telediario de Piqueras. El Gobierno no cae, como quisieran, pero sí han conseguido que Sánchez meta a Calviño y otros ministros en la negociación, aunque las reformas laborales han sido siempre tarea del Ministerio de Trabajo, como es lógico. Los socialistas del Gobierno se dejan gobernar. O peor, gobiernan de la mano de los empresarios.

La contrarreforma no es un capricho socialcomunista, es condición de la Unión Europea para darnos las ayudas del coronavirus. Bruselas lleva años pidiendo que España acabe con la precariedad, la temporalidad y la segmentación. Cuando Europa no le da la razón, a la derecha no le mola Europa. Pero lo que más me pirra de este sainete es la declaración inculpatoria de la Patronal: “No tenemos derecho de veto al Gobierno, ojalá”. Eso es lo que quieren, gobernar sin presentarse a las elecciones.

Ya lo hacen. Gobiernan mucho. Y gobiernan muchos. Ninguno de ellos elegido en las urnas. Entre empresarios, jueces, instituciones, medios y cloacas apenas quedan unas migajas para la soberanía popular. De donde, según la Constitución, emana el poder. Ja.