Los ministros de Agricultura de la UE encaran la recta final para acordar la futura Política Agraria Común

Ganadería

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen este lunes y martes en Luxemburgo con el principal objetivo de alcanzar un acuerdo sobre las normas que regirán la nueva Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, aunque todavía con varias cuestiones abiertas como los futuros eco-esquemas.

Planas asegura que Gobierno y Comunidades han llegado a un acuerdo sobre la posición de España en la negociación de la PAC

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Tras dos años y medio de debates -y una vez aclarado su presupuesto comunitario hasta 2027- los titulares de Agricultura, entre ellos el español Luis Planas, deben pactar los tres reglamentos que conformarán la nueva PAC (el de planes estratégicos, el horizontal y el de organización común de mercados).

La presidencia de turno, que prepara las discusiones y este semestre ostenta Alemania, tiene la intención de cerrar el asunto para dar paso a las negociaciones de los Veintisiete y la delegación española también es optimista con respecto a las posibilidades de lograrlo.

El asunto llega a la mesa de los ministros este lunes para un primer debate, aunque será el primer intercambio. El resto del lunes los dedicarán su reunión a pactar las posibilidades de pesca en el Báltico (no hay flota española interesada en esos caladeros) y en discutir la estrategia europea 'De la Granja a la Mesa'.

La PAC será prácticamente el único tema de la sesión del martes. Los ministros de Agricultura deberán cerrar una serie de cuestiones que quedan pendientes para poder cantar victoria y empezar las negociaciones con los eurodiputados.

Según han explicado fuentes diplomáticas, países del Este como Hungría o Polonia, junto con Croacia, han mostrado "más reservas" sobre los textos que llegarán a la mesa del encuentro y reclaman una mayor flexibilidad para las capitales en la aplicación de la PAC.

En cualquier caso, el asunto que genera más debate es el de los futuros eco-esquemas, que todo indica que serán obligatorios para los Estados miembros pero voluntarios para los agricultores y ganaderos. Es decir, los países tendrán que dar la opción a sus productores para que puedan acogerse a este pago adicional de carácter sostenible.

Además, los Veintisiete prevén imponer un porcentaje mínimo para estos eco-esquemas del 20%, una proporción por la que España podría estar cómoda, según las mismas fuentes, siempre que exista "flexibilidad financiera" suficiente durante todo el periodo 2023-2027.

España también defenderá incluir "criterios adicionales" para hacer más eficiente el pago redistributivo dentro de las ayudas directas. El Gobierno, además, cree que no todas las pequeñas y medianas explotaciones deberían recibir este apoyo, sino únicamente aquellas en las que los ingresos agrarios sean mucho más importantes que otro tipo de ingresos.

Otro frente abierto es el del porcentaje de las ayudas acopladas, que los países del Este quieren elevar con respecto al 13% de la actualidad y que mantiene la reforma, mientras que otros socios del Norte apuestan por rebajarlo.

También existen debates abiertos sobre el mecanismo para hacer progresivas las ayudas agrícolas e incluso la posibilidad de establecer un tope máximo por explotación ('capping') y sobre la condición sobre el porcentaje mínimo de tierras de cultivo para usos no productivos (establecido por ahora en el 5%).

España aprovechará la cita para presentar una declaración en defensa del sector del vacuno en la que reclama a la Comisión Europea la activación de las medidas necesarias para ayudar a unos productores especialmente afectados por la crisis del coronavirus.

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19 de octubre de 2020 - 11:24 h

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