Castilla-La Mancha reservará para cazadores locales el 40% de los permisos de cotos sociales

La modalidad del ‘coto social’ es el principal objetivo, entre otras novedades, al que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha aferrado para la recientemente aprobada reforma de la Ley de Caza, con la que modificó en profundidad la anteriormente ratificada por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Esta fórmula fue eliminada prácticamente en su totalidad en la legislatura anterior y el Ejecutivo actual ha considerado que su recuperación es una forma de desarrollar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades, con especial prioridad a los cazadores de los pueblos de la región.

Con el objeto de facilitar esta modalidad, el Gobierno de Emiliano García-Page ya ha elaborado el borrador, ahora sometido a información pública, en el que se establecen los cotos sociales de caza y las zonas colectivas cinegéticas que se podrán constituir sobre terrenos pertenecientes a la Junta de Comunidades o aquellos otros que para dicha finalidad puedan quedar a disposición de la Consejería por ofrecimiento a título oneroso o mediante contratación de su aprovechamiento.

Según se detalla en el texto, consultado por eldiarioclm.es, será durante el mes de diciembre de cada año (este ejercicio sería por tanto el primero ya que la nueva ley entró en vigor en abril), la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de la provincia donde se ubica el coto social o zona colectiva de caza, elevará a la Dirección General para su aprobación, el Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético que habrá de regir durante el siguiente año.

Métodos de ordenación

Es en dicha planificación donde deberán constar los días hábiles de caza, las modalidades de caza, el número de ejemplares de cada especie a cazar, las limitaciones cinegéticas especiales, la cuantificación de los cupos asignados a cada categoría de cazadores y, en general, todo aquello que sirva para “la más correcta ordenación de su aprovechamiento cinegético”.

En el decreto también se establecen varias modalidades de solicitudes, desde las individuales en caza menor como perdiz con reclamo o rececho (el caso del aguardo de jabalí); hasta las colectivas, que son las correspondientes a las asociaciones deportivas de cazadores. En estas peticiones figurará tanto el cazador titular, como el suplente. En ningún caso podrá figurar ninguno de los dos en más de una solicitud de caza en coto social.

Con estas premisas, la parte más significativa del decreto es la referente a la adjudicación de permisos. Ahí se establece que el total de los disponibles de un coto social se distribuirá asignando a cada grupo de cazador local y autonómico un 40% de ellos, y el restante 20% para el grupo de cazadores nacionales, según su Plan Anual de Aprovechamiento Cinegético. ¿Qué significa? Con “local” se refiere a aquel que es vecino de los términos municipales donde se ubica el terreno cinegético para el que se solicita el permiso y con “autonómico” a cualquiera de Castilla-La Mancha, siempre que no sea cazador local. Los cazadores “nacionales” son el resto, tanto españoles como de la Unión Europea.

Permisos sobrantes

En el caso de que no se presenten solicitudes bastantes que cubran alguno de los cupos, los permisos sobrantes se distribuirán para su sorteo de acuerdo con la siguiente prelación: en primer lugar, los sobrantes del grupo nacional y/o autonómico al grupo local; después los sobrantes del grupo local al grupo autonómico; y por último, los sobrantes del grupo local y autonómico, al grupo nacional.

Otra novedad es que los permisos se expedirán a los interesados previa constancia del abono de su importe y que para los cazadores locales se aplicará una reducción de un 30 % en el importe de los permisos o de la cuota de entrada. Con ello, el Ejecutivo castellano-manchego quiere volver a poner de manifiesto el objetivo de dar prioridad a los habitantes del medio rural.

En el borrador se establece además que durante las actividades de caza mayor en esta modalidad social, los cazadores estarán bajo la supervisión de personal de la Consejería, que ostentará su representación, “debiendo ser respetadas sus decisiones en todo cuanto se refiera a la acción de caza, pudiendo suspender definitivamente la cacería cuando a su juicio existan razones que aconsejen o hagan necesaria esta decisión”. Además, cuando existan circunstancias excepcionales, ajenas a los cazadores titulares del permiso, la Consejería podrá modificar el lote, terreno o fecha adjudicados, o incluso anular el permiso expedido si fuera preciso suspender la actividad cinegética. Sólo en este último caso, el titular podrá reclamar la devolución de su importe, renunciando a cualquier otro derecho.