Castilla-La Mancha rechaza la senda de estabilidad en el déficit por no haber criterios
Castilla-La Mancha se ha abstenido en la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el objetivo de déficit para 2016 y ha votado en contra de la senda de estabilidad para el periodo 2017-2019 al desconocer “en base a qué criterios” el Gobierno central establece el reparto del déficit entre las comunidades autónomas y la administración del Estado y ha exigido “transparencia” al respecto.
Al término de la reunión, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que en el mismo se ha tratado el nuevo objetivo de déficit para 2016, que en el caso de las Comunidades Autónomas supone un incremento de cuatro décimas respecto a lo que inicialmente estaba previsto, al pasar del 0,3 al 0,7% del PIB para este año.
Este incremento, ha añadido Ruiz Molina, supone “un respiro” en el cumplimiento del objetivo para este año, aunque ya el presupuesto de 2016 de Castilla-La Mancha “estaba diseñado para cumplir el objetivo del 0,3%”, por lo tanto, ahora “vamos a tener un poco más de relajación”. Pero respecto a la senda de estabilidad para el periodo 2017-2019 propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Castilla-La Mancha ha votado en contra “con los mismos argumentos” que en julio votó en contra de la senda inicial, ha añadido Ruiz Molina.
En este sentido el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que “se repite la misma discusión de julio” y las comunidades autónomas siguen sin disponer de la información en la que se basa el reparto de déficit entre los diferentes niveles de la administración pública y, por lo tanto, Castilla-La Mancha sigue defendiendo la misma postura que en julio: es “necesario conocer la metodología en base a la cual decide el Estado qué porcentaje deben administrar las comunidades autónomas de déficit y qué porcentaje debe administrar la propia administración del Estado con la Seguridad Social”.
Ante esta situación el ha exigido “transparencia” y ha recomendado al ministro Cristóbal Montoro buscar el “consenso de todas las administraciones públicas”, lo que “lleva aparejado que, lógicamente, estemos de acuerdo con la metodología” o, incluso, que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la que se encargue de “diseñar ese reparto”.
