Castilla-La Mancha cree que la despoblación “debe abordarse” con un fondo adicional a la nueva financiación autonómica

Castilla-La Mancha no da por bueno el cálculo de la población ajustada del Ministerio de Hacienda y Función Pública que permitirá iniciar el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Un concepto, el de población ajustada, que será una de las variables “esenciales” a la hora de definir el reparto de los recursos económicos entre las comunidades autónomas, según el Gobierno de España.

“El concepto base para un buen cálculo de la población ajustada debe ser aproximarse al coste real que a las comunidades autónomas les cuesta prestar los servicios públicos que son de su competencia”, alega el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y eso, dice, “no se ha logrado” con la propuesta ministerial.

Así se desprende del documento de observaciones y propuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha al informe que el Ministerio de Hacienda remitió el pasado diciembre a las comunidades autónomas como base de trabajo preliminar.

En el documento, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, el Gobierno castellanomanchego valora “positivamente el esfuerzo” del Ministerio de Hacienda y Función Pública para presentar un documento técnico “con el que ha pretendido, aunque no siempre lo ha conseguido poner sobre la mesa las distintas posiciones”.

El concepto base para un buen cálculo de la población ajustada debe ser aproximarse al coste real que a las comunidades autónomas les cuesta prestar los servicios públicos que son de su competencia y eso no se ha logrado

Por ejemplo, el Ejecutivo de Emiliano García-Page considera que la superficie territorial “no debe tratarse como una variable residual o correctiva”, sino que debe estar ponderada en cada uno de los bloques de competencias autonómicas: Educación, Sanidad, Servicios Sociales y otros servicios y, por lo tanto, considerarse como “variable estructural”.

Y no solo eso ya que también sugiere que, en cada uno de esos bloques competenciales, “hay que utilizar los usuarios potenciales de los distintos servicios públicos que se prestan por las comunidades autónomas y en ningún caso los usuarios reales”.

Señala como ejemplo que “la superficie afecta muy especialmente al coste de provisión de servicios de la Atención Primaria y el transporte” en el ámbito sanitario en la región. Incide en que, debido a la despoblación, “Castilla-La Mancha tiene que tener un gran número de centros de salud y consultorios locales, lo que implica unos costes fijos unitarios elevados por unidad poblacional y unos elevados costes de transporte asociados a mayores distancias”.

El caso de Guadalajara: el coste por habitante del transporte sanitario es siete veces mayor en la zona rural que en la urbana

Pone sobre la mesa el caso de Guadalajara. Esta provincia tiene dos zonas bien diferenciadas: el Corredor del Henares (considerada urbana) y el resto (zona rural). En los costes del transporte sanitario, el Ejecutivo regional invierte 1,5 millones de euros para una población de 202.000 habitantes en el Corredor del Henares, que incluye 25 municipios.

Para la zona fuera del ámbito de influencia del Corredor se invierten algo más de tres millones de euros con una población de algo más de 63.500 habitantes. Aquí el coste por habitante (48,99 euros) es siete veces mayor que en el Corredor del Henares (7,43 euros).

En el caso de la Educación, la región invierte en Educación Primaria y Secundaria en Guadalajara-Corredor del Henares un total de 2.278,57 euros por alumno. En el resto de la provincia, ese gasto se eleva a los 7.079,67 euros por alumno.

Respecto a los Servicios Sociales, el dato ofrecido se refiere al número de trabajadores sociales por habitante: es de 0,26 en la zona Guadalajara-Corredor y de 0,74 trabajadores sociales por habitante en el resto de la provincia.

“No se da respuesta adecuada” a los problemas de despoblación

Esta comunidad autónoma viene insistiendo en el problema de la despoblación porque “claramente”, subraya, marca el gasto autonómico. “Consideramos que no da respuesta adecuada a la cuantificación y a la gran importancia de los costes adicionales que representan la superficie y la despoblación”.

El documento del Ministerio de Hacienda señala a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma de régimen común con menos densidad poblacional con 25,6 habitantes por kilómetro cuadrado, seguida muy de cerca por Castilla y León, con 25,6 y Extremadura con 25,9 habitantes /kilómetro cuadrado.

Por provincias, Cuenca es tras Soria (8,6) y Teruel (9,2), la que menos densidad tiene con Cuenca 11,6 habitantes/kilómetro cuadrado. Aunque estos datos varían dependiendo de si se elimina o no del cómputo a las poblaciones con más de 75.000 habitantes.  

La dispersión y el caso de A Coruña y su entorno: “Recibiría más que la mayoría”

El Ejecutivo de García-Page cree que, al margen considerar la superficie como variable estructural, “hay que encontrar, entre todos, la medida más adecuada para la medición de la dispersión”. En este aspecto, añade, “Castilla-La Mancha no está de acuerdo con la utilización de las entidades singulares”.

La propuesta realizada por el Grupo de Trabajo del Ministerio de Hacienda y Función Pública únicamente propone como cambio respecto a la medición actual, la utilización del número de entidades singulares habitadas y lamenta que lo haga, “sin responder verdaderamente a los costes diferenciales que la dispersión provoca”.

En este punto cita en concreto el caso de los municipios más cercanos a A Coruña como Abegondo, Arteixo, Betanzos o Cambre. “Ese área, compuesta por 10 municipios y 867 entidades singulares (848 habitadas), todos ellos a una distancia del municipio de A Coruña inferior a 30 kilómetros y 30 minutos, recibiría del sistema más financiación que la que reciben la mayoría de las comunidades autónomas por la dispersión en cada una de sus provincias, e incluso más que algunas comunidades autónomas en su totalidad (Baleares, Extremadura, Rioja y Madrid)”.

Este sistema, critica Castilla-La Mancha, y en concepto de dispersión, “proporciona a Galicia los mismos recursos que recibe Castilla-La Mancha por la suma de las entidades singulares de la totalidad de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo, un área de 52.321 Km2 y una población de 1.394.956 habitantes y una densidad de 26,66 habitantes/km2”.

“Si queremos que el sistema garantice la igualdad de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, las variables de población ajustada deben tener en cuenta cómo se prestan los servicios por parte de las comunidades autónomas”, insiste.

Además,  Castilla-La Mancha cree que la despoblación “debe abordarse también mediante un fondo específico adicional al sistema de financiación de las comunidades autónomas”.

Los costes fijos autonómicos en la comunidades autónomas que “actúan como diputaciones”

Otro de los aspectos que le chirrían a Castilla-la Mancha es el relacionado con los costes fijos. “Estamos en desacuerdo” porque, advierte, “solo serían beneficiarias algunas comunidades autónomas”.

La región considera que los costes fijos unitarios “sí difieren de unas comunidades a otras y esa diferencia debe tratar de identificarla el sistema y financiarla”. Y aquí vuelve a incidirse en la despoblación: “La población de referencia en zonas dispersas y despobladas provoca que los costes fijos unitarios sean mayores” y es tajante en una afirmación: “No es lo mismo una comunidad autónoma uniprovincial de 1 millón de habitantes que una comunidad autónoma con cinco provincias y 2 millones de habitantes”. Este último es el caso de Castilla-La Mancha donde “muchas estructuras de esta comunidad autónoma presentarán unos costes fijos unitarios mayores, ya que deberá repetir ciertas estructuras cinco veces y se dirigirán a una población objetivo menor”.

Además, añade el informe, “hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas uniprovinciales actúan como diputaciones, recibiendo la financiación que les corresponde a estas, pero prestando los servicios en las propias estructuras de esas comunidades, lo que reduciría sus costes fijos unitarios respecto a comunidades autónomas pluriprovinciales”.

¿Cuál es la propuesta de Castilla-La Mancha? Por un lado, que el 50% se reparta entre todas las comunidades autónomas mediante una cuantía fija entre todas ellas y el 50% restante se distribuya en función del factor de unidades administrativas (provincias y consejos insulares), tal como existió durante el período 1987-1991. “Es la única opción que recoge el hecho diferencial de mayores costes fijos unitarios asociados a un mayor número de estructuras administrativas necesarias para atender al conjunto de la población de cada Comunidad Autónoma”, explica.

“La renta también condiciona el gasto público”

Castilla-la Mancha considera también que “hay que valorar adecuadamente las diferencias de renta entre las comunidades autónomas porque el nivel de renta condiciona también las necesidades de gasto en cada uno de los territorios”.

La renta media neta por habitante es de 9.045 euros, frente a la media nacional que se sitúa en 11.074 euros, y es la cuarta más baja de España con datos de 2017. Y en este punto su intención es hacer ver un elemento diferenciador en el esfuerzo inversor público.

Aquí el gobierno alude al hecho de que la infraestructura pública es más frecuente en aquellos territorios con menos renta per cápita. En 2017, Castilla-La Mancha disponía de un 67,9% de hospitales públicos con un 92,5% de las camas. Por contraste, destaca el caso de Catalunya en la que solo el 31,1% de los hospitales son públicos con el 44,2% de las camas.

En su razonamiento ante el Ministerio de Hacienda analiza también la disponibilidad de equipos de alta tecnología entre la sanidad pública y la privada. En 2017 en Castilla-La Mancha el 74% del equipamiento de alta tecnología pertenecía a la sanidad pública, “con el importante esfuerzo inversor que ello implica, mientras que hay comunidades como Catalunya y Baleares en las que la mayor parte de este equipamiento se encuentra en la sanidad privada”.

Alude también a los datos relativos al porcentaje de gasto sanitario per cápita. “Es llamativa la comparación de la proporción del gasto público sobre el privado, existiendo una brecha considerable entre Castilla-La Mancha (77,3%) y otras comunidades como Madrid o Cataluña, en las que el gasto público supone únicamente un 63,4% y un 68% respectivamente”, con datos de 2017.

Este mismo lunes el informe se trasladaba a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-la Mancha para buscar una posición común de cara a la defensa de los planteamientos de la comunidad autónoma en el reparto de la tarta territorial.