Una Comisión Delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha distribuirá los fondos europeos de recuperación y habrá cambios para los empleados públicos

En la segunda quincena de abril podría quedar aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha la llamada Ley de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.

Al menos esa es la intención del Gobierno regional. Lo anunciaba en noviembre el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, en una entrevista con elDiarioclm.es y hoy lo ha ratificado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Este martes el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de la ley que ha sido derivado por la vía de urgencia al Consejo Consultivo de la región a la espera de que vuelva cuanto antes de nuevo a manos del Ejecutivo castellanomanchego para su tramitación en el Parlamento regional el próximo mes.

“Es una norma extraordinaria por sus fines y medidas para tener engrasado el aparato administrativo y dar respuesta ágil a los fondos europeos”, decía Ruiz Molina.

El Gobierno ha declinado modificar normativa vigente para “agrupar” en un nuevo texto todo lo que pueda estar relacionado con la tramitación de los fondos Next Generation-EU y “dar mayor seguridad jurídica a los órganos gestores de la Administración”. El texto normativo tendrá 40 artículos, 3 disposiciones adicionales y 14 finales y tocará a “casi todos” los departamentos del Ejecutivo autonómico.

El consejero ha puesto varios ejemplos en este sentido vinculados a los objetivos de los Presupuestos regionales para este año. Con esta norma se podrá ampliar el servicio de Teleasistencia mayores de 70 años solos o acompañados, se va a suprimir la fiscalización previa si se trata de ayudas de emergencia, se incluirán “normas de movilidad voluntaria” del personal estatutario del SESCAM, se retoman medidas tributarias como la bonificación de la tasa fiscal de las máquinas o aparatos de juego “para minorar” el impacto económico de las medidas para contener la expansión COVID en la región o se prolongará la bonificación de la tasa de los espectáculos taurinos.

Ruiz Molina se ha centrado, sin embargo, en mostrar las ventajas de la nueva ley para la gestión de los fondos de recuperación que llegarán de Europa, aunque la fecha de esa llegada es hoy impredecible porque el Tribunal Constitucional alemán acaba de paralizar su distribución por un recurso judicial interpuesto por la extrema derecha de aquel país.

Una Agencia de la Energía y el Cambio Climático para dar “mayor impulso” a las renovables

En todo caso, dice el consejero de Hacienda que “hay un reducido margen temporal para lograr los objetivos de ejecución de los fondos por lo que se hace necesario reducir la carga de trámites administrativos”, que hay que “aumentar” la eficiencia“ y que hay que lograr que el impacto económico y social de los fondos europeos ”sea lo más inmediato posible“, pero lo cierto es que también se va a aprovechar para otras cuestiones y algunas de ellas muy polémicas en los últimos tiempos.

Por ejemplo, en una de las cuatro líneas en las que se distribuyen los objetivos de esta ley se van a crear nuevos “instrumentos para dinamizar la economía regional”. Es el caso de la que será la nueva Agencia de la Energía y el Cambio Climático de Castilla-La Mancha que, ha dicho, está relacionada con las prioridades a las que Europa 'obliga' a destinar fondos. Es el caso de la transición ecológica.

Castilla-La Mancha quiere darle un “mayor impulso” a las energías renovables y lo hará a través de esta agencia. Cómo lo haga está todavía por definir pero en todo caso tanto organizaciones agrarias como conservacionistas ya han alertado de la necesidad de “regular” lo que califican de “fiebre de los megaparques solares” en la región. y también de prestar atención en sus efectos en la biodiversidad.

Cambios en la fiscalidad, en los pliegos de condiciones o en los plazos de los informes de autorización

La norma contempla también medidas para lograr evitar la burocracia administrativa y por eso el consejero ha dicho que se va a sustituir la fiscalización plena y previa a la realización de actos de contenido económico por otra fiscalización más simple. Ha adelantando que habrá posibilidad de pagar anticipadamente el 50% de los proyectos objeto de estas inversiones, que se simplificará la documentación que tendrán que presentar los beneficiarios o que en el proceso de contratación se dará preferencia a los trámites de estos proyectos sobre el resto.

Además, se fija un plazo reducido a cinco días para emisión de informes (no ha especificado a cuáles afectará), cambiarán los modelos en los pliegos de condiciones para “ahorrar tiempo a los gestores”, se podrá contratar en un solo expediente el proyecto y la obra “si es factible” y habrá “criterios cualitativos y no económicos para garantizar la calidad-precio” del proyecto.

Ruiz Molina ha anunciado que, en aras a esa agilización, se “obligará” a los gestores a dividir los lotes de contratación “para facilitar la participación de las pymes”.

Además, esta norma contemplará los proyectos declarados prioritarios en la región para que puedan ser “susceptibles” de ser financiados con fondos europeos y incidir en el fomento de la colaboración público-privada, requisito este último que también pone Europa para recibir el dinero.

Más recursos humanos, además de redistribuir los actuales, para gestionar los fondos europeos

La nueva ley va a incluir un capítulo específico dedicado a los Recursos Humanos. El consejero ha explicado que “se asumirá una importante carga administrativa” y que por eso se optará por mecanismo de refuerzo de plantillas, “con programas temporales de empleo”.

No se descarta, de forma excepcional, la modificación de unidades administrativas de la Junta de Castilla-La Mancha “o puestos de trabajo específicos” e incluso “redistribuir” los actuales recursos humanos de la Administración regional “para agilizar la gestión”.

También ha dicho que la norma indica la “obligación” de formar a los empleados públicos para la gestión de estos fondos europeos porque “son novedosos en cuanto a su regulación y no tienen que ver con los europeos que ahora se gestionan”.

Ha anunciado también la creación de una Comisión Delegada para estos fondos que emanará del Consejo de Gobierno con funciones de “planificación, diseño y distribución de los fondos” además de dotar de funciones específicas a la Comisión de Fondos Europeos creada el pasado mes de agosto para gestionar “las relaciones interdepartamentales”.

Ruiz Molina se ha referido también a la demora en la entrada en vigor de la habitual Ley de Acompañamiento de los Presupuestos regionales para este año 2021 y que ha justificado en espera de conocer “la regulación por parte del Estado de estos fondos europeos” para su posterior incorporación a esta nueva norma.