IU advierte de una posible sanción a España a cuenta del Tajo

La Comisión Europea está “a punto” de publicar sus informes sobre los planes hidrológicos, entre otros del río Tajo que, según el coordinador regional de IU Juan Ramón Crespo, “podría terminar en un procedimiento sancionador si el Gobierno de España no cumple la Directiva Marco del Agua”.

Lo decía a la salida de su intervención en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se ha abordado la situación de las cuencas de los ríos Tajo y Ebro. Este órgano ha tomado la decisión de enviar una carta a las autoridades españolas en la que se preguntará por la situación de las cuencas de ambos ríos y habrá una segunda dirigida a la Comisión Europea para conocer cuál es su evaluación sobre este asunto y qué piensa hacer al respecto.

Así lo ha recomendado el conservador Pál Csáky, vicepresidente de la comisión europarlamentaria, según informa Europa Press, tras haber escuchado a los peticionarios y a la representante del Ejecutivo comunitario. El eslovaco ha considerado que está “bastante claro” que la Eurocámara debe mantener la petición abierta y pedir información tanto a España como a Bruselas para “continuar con el diálogo”.

Juan Ramón Crespo ha centrado sus críticas en que no se respeta el caudal ecológico del Tajo, tal y como recomienda la Directiva Marco del Agua sino el “caudal legal porque así lo ha decidido la autoridad española y eso no significa que sea un caudal ecológico”. En su opinión, esta postura está “machacando el río porque el cauce del río se mantiene igual durante todo el año, no se tiene en cuenta la estacionalidad. La cantidad de agua que se aporta no es suficiente para combatir el agua de mala calidad que viene del Jarama”.

Se ha referido también a la recuperación de costes que, según la Directiva Marco del Agua, debe recoger “no solo el coste efectivo del tratamiento y depuración del agua sino también el coste medioambiental”. En este sentido el responsable regional del IU ha recordado ante el Parlamento Europeo que “el Tajo tiene un problema que se llama trasvase. En el trato que se le da no se repercute el coste medioambiental porque se trata de un agua fuertemente subvencionada y, por tanto, se incumple la Directiva”. En su opinión, se está otorgando al agua “un precio muy inferior al que debería tener, a lo que se suma la mercantilización del agua”.

La petición al Parlamento Europeo en torno al Tajo y al Ebro se mantiene abierta desde el año 2012 debido a las reiteradas denuncias que apuntan a “incumplimientos” tanto de la Directiva Marco del Agua como la Directiva de Hábitats. “Hoy hemos conseguido que siga abierta y que además la decisión se haya tomado por unanimidad sin necesidad de votar”, resaltaba Crespo.

Ha recordado que una delegación de europarlamentarios realizó una visita exploratoria en 2016 para comprobar sobre el terreno la situación de ambas cuencas hidrográficas y evaluar el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre medio ambiente y gestión de aguas.

De esta visita se derivaron 13 recomendaciones en torno a la cuenca del Tajo que, según Juan Ramón Crespo “y así lo han reconocido en la Comisión de Peticiones”, se están incumpliendo, por lo que, añade, “continuará la investigación”.

El líder regional de Izquierda Unida ha dicho “echar en falta” la presencia este jueves de europarlamentarios de Castilla-La Mancha o de alguna autoridad regional, algo que “hubiera estado bien para que hablasen del Tajo”.

Además, se ha mostrado contrario a la constante interposición de recursos vía contencioso-administrativa contra los trasvases, por parte del Gobierno castellano-manchego. “Eso no juega a favor sino en contra porque genera jurisprudencia que va a bendecir los trasvases para toda la vida porque lo que se interpreta son las leyes españolas”. Y no solo eso, ha asegurado, porque “la Unión Europea no va a intervenir en tanto en cuanto haya procedimientos judiciales abiertos en España”.

Peticiones y recomendaciones desde la Unión Europea

La petición original de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche llegó al Parlamento Europeo en 2012. El presidente del colectivo, Miguel Ángel Sánchez, denunció entonces el “deficiente” estado de conservación del río, así como la gestión “perjudicial” que se estaba haciendo de la cuenca para el medio ambiente. Los peticionarios, además, recordaban que la Comisión Europea había iniciado un procedimiento de infracción que finalmente llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Lo que se denunciaba era que España había incumplido sus obligaciones relativas a la adopción de planes hidrológicos. Ennumeraban igualmente los daños que había sufrido la cuenca en los últimos años, así como la vulneración de varias directivas ambientales europeas, como la Directiva Marco del Agua o incluso los espacios Red Natura 2000.

La Comisión Europea contestó entonces que, efectivamente, se había incumplido la obligación de comunicar los planes hidrológicos por parte de España, y recordaba que esto era necesario para analizar el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua europea. Igualmente, recordaban a las autoridades españolas que tienen la obligación de adoptar las medidas “apropiadas” para evitar el deterioro de los hábitats. Sin embargo, puntualizaron que según la información de la que disponían consideraban que no existía infracción de las zonas protegidas en territorio español. “La Comisión ha puesto todo su empeño en velar porque España adopte y aplique sus planes hidrológicos de cuenca”, aseguraban.

Después de la visita a principios del 2016 de un grupo de eurodiputados de la Comisión de Peticiones a España, se recomendó “reevaluar” la gestión del agua en “consonancia” con la Directiva Marco del Agua. Además, pedían el rechazo del segundo ciclo de los planes hidrológicos presentados por el Gobierno nacional, entonces del PP, porque “no abordaban todas las deficiencias” detectadas en 2015. Los eurodiputados también pidieron que se supervisase “de cerca” la situación en el curso medio del Tajo y pedía a las autoridades nacionales que trabajasen de manera “eficaz” con las autoridades regionales, las organizaciones y la sociedad civil.

Los europarlamentarios también recordaban que el caudal ecológico de los ríos debía ser suficiente para lograr una “conservación favorable” del estado de los hábitats naturales y especies dentro de la Red Natura 2000. Esto, explicaban, no sólo se refiere a la cantidad de agua, sino a la composición química de las aguas. Por eso, criticaban los “bajos niveles” establecidos en el plan hidrológico del Tajo, en las localidades de Almoguera, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Este factor, explicaban, “genera una alteración continuada del hábitat para los peces y otras especies”, lo que “afecta gravemente a su conservación y no contribuye a su recuperación”.

El pasado 17 de febrero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció su intención de desplazarse a Bruselas antes de que finalice la actual legislatura, para presentar en persona una denuncia ante las instituciones europeas por los “caudales ínfimos” del río Tajo y contra los planes hidrológicos.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE, Sergio Gutiérrez, se congratuló días atras de la postura de Europa a favor de que las aguas reutilizadas pueden ser alternativa al trasvase, un extremo al que se opone la Región de Murcia por las “negativas repercusiones” para los regantes de esta comunidad autónoma, según defiende el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor.