Los dependientes, primer colectivo invitado por García-Page al Consejo de Gobierno
“Por primera vez nos dejan exponer lo que estaba pasando con las personas dependientes en la comunidad”, señaló muy emocionado José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha. Tras el primer Consejo de Gobierno celebrado en Castilla-La Mancha en el que ha intervenido un colectivo social como un igual, Gómez-Ocaña ha celebrado lo “fructífero” de la reunión, señalando que los puntos propuestos por su colectivo son “fáciles de hacer de forma inmediata”. “Nos ponemos a disposición de la consejera para aportar dentro de la humildad y de la experiencia”, señaló el promotor del colectivo.
El Gobierno regional ha calificado el último Consejo de Gobierno como un “momento único” en la historia de la Comunidad Autónoma, al haber participado un colectivo de forma “activa y en igualdad de condiciones”. El portavoz de Gobierno, Nacho Hernando, ha señalado que es parte de los compromisos adoptados por la presidencia de la Junta “tras cuatro años de oscuridad”. El Consejo de Gobierno ha servido también para hacer un balance de la situación que vive la dependencia, tras la anulación del decreto que gestionaba las prestaciones para el colectivo.
En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez Navarro, ha señalado que el Gobierno trabaja ya en establecer un marco de seguridad jurídica destinado a las personas que se encuentran en situación de dependencia, con prioridad presupuestaria “posiblemente ampliable” para el ejercicio de 2016. En este sentido, la responsable de Bienestar Social ha señalado medidas, además de la retirada del recurso de casación a la Orden de dependencia anulada, algo ya anunciado por el Ejecutivo.
Sánchez Navarro ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha encontrado con más de 22 mil solicitudes que todavía deben tramitarse, las cuales, unidas a las personas en lista de espera, significan un total de más de treinta mil expedientes por gestionar, una situación que ha definido como “complicada”. “Debemos dar salida a todos los recursos y reclamaciones que se han hecho en contra de la legislación anulada, que solicitaremos se derogue”, ha afirmado la consejera.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo están trabajando ya para retirar el decreto, según ha señalado Sánchez Navarro, documento que ahora mismo se encuentra en poder del Consejo Consultivo. Además, la cabeza de Bienestar Social ha anunciado la creación de una comisión de expertos para realizar la nueva normativa para gestionar las prestaciones de quienes se encuentran en situación de dependencia. Además, ha señalado la existencia de unos quince mil expedientes que se han aceptado, al anularse la orden del anterior Ejecutivo regional.
En este sentido, la consejería ha anunciado que se estudiarán los recursos personales de los servicios provinciales, ya que se ha observado un recurso en la tramitación de expedientes y, por eso, se debe considerar un incremento del personal que trabaja en dependencia. A esto se una que el 1 de julio ha empezado el plazo que los dependientes de grado 1, el “más leve”, se unan también a los beneficios.
