La Diputación de Albacete y la Junta de Comunidades lideran la 'madurez digital' en la región

El primer estudio sobre Administración Digital en España sitúa a la Diputación de Albacete y a la Junta de Comunidades como las instituciones más avanzadas en transformación digital, según el cumplimiento de las obligaciones que se imponen por Ley en esta materia. Ambas se sitúan entre las diputaciones y administaciones regionales 'avanzadas'. Por el contrario, la Diputación de Toledo, Guadalajara y Cuenca se quedan entre las 'aspirantes' y la de Ciudad Real entre las 'iniciadas'. Ninguno de los grandes ayuntamientos de la región fueron analizados en 'La Administración Digital en España'.

Las conclusiones son variadas. Por un lado, se señala que ninguna de las administraciones públicas analizadas cumple al 100% con los requerimientos, que hacen referencia a la existencia de un portal web, o sede electrónica, el uso de identidad digital y firma electrónica o la representación y registro electrónico. También, se señala la asistencia al ciudadano y a las empresas en las herramientas digitales de las provincias, así como las comunicaciones y notificaciones al ciudadano.

En el caso de las diputaciones, por ejemplo, sólo el 48,1% de estas instituciones cumple con el requisito de tener un portal web, mientras que el 94,1% de las Comunidades Autónomas lo hace. El porcentaje baja considerablemente en el caso de la Sede electrónica, con menos de la mitad de las administraciones regionales y apenas un cuarto de las provinciales y es prácticamente nulo en el caso de la representación y registro electrónico.

Desde EY señalan que el reto de transformar digitalmente los servicios de las administraciones es un “reto” pero que se corresponde con la realidad del país, y que, además, se encuentra recogido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común y en la 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. “Estas normas suponen un cambio de paradigma en la prestación de los sevicios públicos y el funcionamiento de las administraciones públicas españolas y sientan las bases para su funcionamiento digital”. Sin embargo, señalan que todavía hay un plazo para que las normas estén en vigor en su totalidad: octubre de 2020.

Castilla-La Mancha se encuentra entre las regiones con un menor cumplimiento, si bien el total es de un 71,4%. Sin embargo es la quinta a la cola, superada sólo por Extremadura, que tiene el peor desempeño al cumplir los requerimientos del informe, Aragón, Navarra y la Rioja. En el otro extremo, se encuentran Euskadi, con un 94,7% de cumplimiento, Galicia, Cataluña, Asturias y Madrid, con un 89,5%.