La Diputación de Toledo no tiene dinero para acatar las sentencias judiciales
La Diputación de Toledo ha presentado mediante un escrito un 'incidente de ejecución' en el que señala que no puede readmitir a los 23 trabajadores despedidos en agosto de 2012 porque ya no existen esos puestos de trabajo que tenían, ni tiene lugar para ellos en el organigrama público y ni tiene dinero para readmitirles, por lo que presenta una alegación de imposibilidad de cumplimiento de sentencia judicial.
Esta sentencia judicial se refiere al despido de 23 trabajadores, en su mayoría auxiliares administrativos, del Hospital Provincial de Toledo. La justicia en una sentencia firme ya declaró nulo este despido condenando a la Diputación a la readmisión de los trabajadores y la vuelta a la situación inicial. De hecho el día 16 de este mes era el fijado por la justicia para que los trabajadores regresaran a sus puestos de trabajo dos años después. Dos días antes, la Diputación ha presentado este escrito por lo que los trabajadores no se han podido incorporar, a la espera de que la justicia valore si es cierto lo que declara la Diputación o no.
Para hacerlo, la Diputación se escuda en que esos trabajadores fueron contratados por la alta carga de trabajo en un momento determinado y siempre como eventuales, nunca como indefinidos, y por ello no aparecen en la Relación de Puestos de Trabajo oficial de la Diputación de Toledo. Durante el año 2012 se gestionó el pasar la gestión del Hospital Provincial de la Diputación al Sescam, proceso que una vez concluido deriva en que en la Diputación esos puestos de trabajo ya no son necesarios ni existen. Los trabajadores dejaron su puesto de trabajo por fin de contrato en agosto de 2012.
Por ello, la Diputación se acoge al artículo 238 de la Ley de Jurisdicción Social, que señala imposibilidades de cumplir sentencia, para no acatar la misma y presentar el problema a la justicia. “En el momento actual, ni existen las plazas de estos trabajadores en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación ni hay contenido funcional de los mismos”, señala el escrito.
No están de acuerdo con lo señalado los sindicatos de trabajadores así como la oposición política. “Es una argucia legal contra unos trabajadores a los que lleva amargando la vida dos años”, ha señalado el presidente del grupo socialista en la Diputación, Fernando Muñoz.
El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Luis Arroyo, considera ridículas las explicaciones dadas por la Diputación ya que señala que las cifras de contrataciones de eventuales en este organismo son escandalosas, por lo que cree que hay capacidad más que de sobra para asumir a estos empleados públicos, siendo además los puestos de auxiliar administrativo muy numerosos en el órgano. Ambos han criticado también la dilatación en el tiempo que lleva este asunto ya y lo que la Diputación lo sigue retrasando para no acoger a los empleados, a pesar de que la sentencia es firme.
