“En España hay un lenguaje maniqueo” sobre la conservación ambiental

Pilar Martínez es abogada especialista en asuntos medioambientales. Representa a algunos de los propietarios de terrenos que se encuentran dentro del Parque Nacional de Cabañeros. Hace un mes, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Director de la Red de Parques Nacionales. Es el instrumento normativo que fija las directrices que han de seguir los planes rectores de uso y gestión de los 15 parques nacionales existentes en España. Es decir, cómo establecer las limitaciones y prohibiciones, zonificado con diferentes intensidades restrictivas.

La abogada cree que el plan director para los parques nacionales, y en particular en lo que se refiere a Cabañeros, entre Ciudad Real y Toledo, “vulnera los derechos fundamentales” de propietarios, residentes, empresarios y hasta ayuntamientos. “Hay muchos motivos de conflicto y descontento porque gran parte de los terrenos del parque nacional son de propiedad privada y se restringe cualquier uso o actividad”.

Para la letrada el plan, que equivale a un decreto, “atenta contra el derecho a la igualdad, genera inseguridad jurídica y constituye casi una expropiación encubierta de bienes y derechos”. Recuerda que la norma prohíbe la entrada de vehículos, aplica el principio de no intervención en la naturaleza y habla de incompatibilidad de la caza, la pesca, actividades recreativas o el aprovechamiento de animales silvestres, entre otras.

Además afea el hecho de que la Administración tenga ahora derecho de tanteo o retracto - es decir tiene prioridad- en cualquier transacción relacionada con los terrenos en el perímetro del parque nacional. “Todo esto es una barbaridad”, señala, y cita también lo que considera una restricción “a la autonomía de los ayuntamientos” porque “prevalece incluso sobre las normas urbanísticas”.

“No decimos que no se conserve sino que se expropie e indemnice”

Pilar Martínez habla de frustrada esperanza“ ya que, explica, ”esperábamos que se determinase con más fineza la aprobación de partidas presupuestarias para hacer frente a las indemnizaciones o compensaciones por todas esas restricciones“. Eso no ha ocurrido. ”No decimos que no se conserve, lo que pedimos es que se expropie y se indemnice. Es un derecho que tienen todos los ciudadanos de un país civilizado“, sostiene

Según el Ejecutivo Central, el proyecto de Plan Director, “elaborado mediante un proceso con muy amplia participación” cuenta con un amplio consenso y también con el informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el del Consejo de la Red de Parques Nacionales y el del Consejo de Estado, que lo aprobó en sesión plenaria.

Pero eso es algo que no comparte Pilar Martínez. “Cuando se restringen derechos y bienes individuales no hay consenso que valga. O se respetan o se indemniza pero, claro, a los propietarios ni se les ha preguntado, ni se les ha indemnizado”. Alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, en su opinión, es “clara” respecto a la necesidad de incluir una memoria económica con partidas presupuestarias destinadas a indemnizaciones y compensaciones. “Uno de los caballos de batalla es que, para proteger el medio ambiente, no se pueden restringir los derechos privados y que un particular tenga que sostener con su patrimonio el interés público”.

Justifica que sus defendidos reclamen compensaciones. “No se puede llamar interés economicista el que la gente quiera sacar partido de sus bienes y derechos. Mientras no sea ilícito no sé por qué es criticable. Exijo que se cumpla la ley para todos”. Y aboga por un “debate” en España frente a la “mala película donde todos los conservacionistas son buenos y los propietarios malísimos”.

También critica que la zonificación de los distintos niveles restrictivos del parque hayan obviado las georeferencias, tal y como exige la Ley de Patrimonio Natural. “Cuando vemos las directrices es para echarse a temblar”. En este sentido, cree que no se ha zonificado de manera garantista “para que el día que se interponga una sanción, el propietario pueda defenderse”.

Las sanciones, “más que discutibles”

Cabañeros fue declarado Parque Nacional en 1995 y ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) en 1998 pero todavía tiene pendiente de aprobación su Plan Rector de Uso y Gestión, cuyo borrador estuvo en exposición pública el pasado verano y recibió numerosas alegaciones. Este Plan Rector debe realizarse según las directrices del Plan Director de Parques Nacionales.

La abogada cree que la aprobación de ambas normas no ha acompasado lo ocurrido con los derechos de los propietarios. “Algunos sido sancionados por levantar una valla en su propiedad sin evaluación de impacto ambiental o por desarrollar determinados cultivos sin permiso. ¿En qué se han basado para poner sanciones tan duras?”, se pregunta. “No sé cómo han podido aplicar la norma sin tener diseñado el plan rector de uso y gestión. Los planes preventivos y las sanciones son más que discutibles”.

Ampliar la ZEPA de 'El Hito', “fraude de ley”

Cuando se cuestiona a esta experta en legislación ambiental por si deben prevalecer los derechos (económicos en muchos casos) de los propietarios sobre la conservación ambiental, la abogada responde que “hay un lenguaje maniqueo muy instaurado en nuestro país”.

Apunta que España es el país europeo que más espacio protegido aporta a la Red Natura 2000, un 27% de su territorio. “Pero no somos ni más ambientalistas ni más altruistas. Lo que ocurre es que el movimiento conservacionista maneja mucho dinero de Bruselas del que, por cierto, nadie les pide cuentas”.

“No se puede utilizar este tipo de normas de forma abusiva” y pone como ejemplo la ampliación de la ZEPA de ‘El Hito’ por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para frenar el ATC de Villar de Cañas (Cuenca). “Eso es un fraude de ley porque se ha utilizado una figura para un fin distinto al de la protección que es evitar una construcción que no le gusta al que gobierna. Eso no se puede hacer en un país democrático”.

La abogada prepara ya las demandas por la vía del contencioso-administrativo contra el Plan Rector de uso y gestión de Cabañeros e incluso no descarta abrir procedimiento ante la Unión Europea por incumplimiento de la normativa ambiental. Recuerda que ya hay “precedentes legales” en España de planes similares anulados por los tribunales. “Si no se compensa a los propietarios por las restricciones iremos al contencioso-administrativo”.

“Un intervencionismo propio de países autoritarios”

Esta semana se ha celebrado en Daimiel (Ciudad Real) el I Congreso Nacional de Ecoturismo que se celebra en España, entre otras cosas para hablar de la futura legislación en torno a este segmento económico ¿Es compatible el ecoturismo con los intereses ambientales?, preguntamos a la abogada.

“Pues mire, en algunos parques naturales se ha restringido tanto la actividad turística que no es rentable y muchos han tenido que cerrar los negocios. Conozco casos de planes de desarrollo turístico contando con propiedades privadas. Esto es un intervencionismo propio de países autoritarios”.

Una actitud que, cree, no se traduce ni siquiera en planes de desarrollo sostenible que sean “eficaces y reales”. De hecho, asegura, en estas zonas protegidas “la población está cayendo de manera tremenda” y se pregunta “en qué se ha empleado el dinero”.