La factura del agua se dispara en Guadalajara más de un 50% desde 2009

El precio de la factura del agua en la ciudad de Guadalajara se ha incrementado hasta un 53% desde que el Ayuntamiento adjudicara en 2009 la gestión del suministro y alcantarillado de la capital a la empresa Guadalagua, una sociedad en la que participan Valoriza (Sacyr) y el Grupo Rayet. Así lo aseguran los grupos municipales del PSOE y Ahora Guadalajara, que consideran que “el agua se ha convertido en un negocio privado con el fin de que una empresa se lucre”.

En 2008, último año de gestión pública del agua y el alcantarillado, el Ayuntamiento ingresó por este concepto más de cuatro millones de euros, y ello teniendo en cuenta que ese mismo año se aplicó una subida del 20% en el recibo, lo que elevó los ingresos hasta casi los cinco millones. Sin embargo, la facturación de Guadalagua en 2015 se disparó por encima de los seis millones de euros.

La gestión del agua en Guadalajara se privatizó en 2009, coincidiendo con la primera legislatura de Antonio Román (PP) como alcalde. La medida despertó un amplio rechazo entre los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara –entonces PSOE e IU-, que se fraguó en una plataforma ciudadana de protesta que reunió 22.000 firmas. Este movimiento, apoyado por diversas asociaciones y vecinos, advertía bajo el lema ‘El agua será más cara en Guadalajara, no a la privatización’ de que la externalización de este suministro básico dispararía su precio, y supondría la pérdida de empleo público y de control del Ayuntamiento sobre el servicio en los siguientes años.

Pese a la impopularidad que generó esta iniciativa, Román siguió adelante con sus planes privatizadores. El PP, que entonces disponía de mayoría absoluta, firmó el contrato con la empresa Guadalagua por un periodo de 25 años argumentando que el objetivo era “profesionalizar la gestión del agua para hacerla más eficiente”.

La forma en que se cerró la adjudicación del servicio a esta empresa es otro aspecto que también cuestionan desde la oposición. Víctor Cabeza, concejal del PSOE, asegura a eldiarioclm.es que “el alcalde consiguió un préstamo de 15 millones de euros de la concesionaria para invertir en obras en el centro de Guadalajara de cara a las elecciones municipales de 2011 a cambio de firmar el contrato”. Un extremo que el Ayuntamiento nunca ha confirmado ni desmentido. En cambio, Cabeza recuerda que este dinero ahora deben devolverlo año tras año los guadalajareños.

Servicio caro

Cuando el Equipo de Gobierno municipal decidió externalizar la gestión del agua organizó una campaña informativa, bajo el lema ‘Por una gestión profesional del agua’, con la que pretendía sensibilizar a la población sobre la necesidad de conceder este servicio a una empresa privada para hacerlo “profesional y eficiente”. Entre los problemas que el nuevo modelo solucionaría, según los populares, se encontraba la pérdida del 40% de agua que la ciudad sufría diariamente por fugas en la conducción.

Jaime Carnicero, concejal de Obras e Infraestructuras, afirmó entonces que el Ayuntamiento mantenía la propiedad del servicio de suministro de agua potable y de las tasas. Y añadió que con el sistema profesional se solventaría el desaprovechamiento de más de 4.000 millones de litros de agua. El Ayuntamiento también defendió que el coste del agua no aumentaría, que se modernizarían las infraestructuras hidráulicas y que se agilizaría la respuesta a las averías de aguas en la capital.

Sin embargo, lejos de hacerse realidad los beneficios comprometidos por Román, desde el PSOE y Ahora Guadalajara defienden, ocho años después, que el agua es “mucho más cara” y que el Ayuntamiento ha perdido el control sobre la empresa que administra el suministro. “No estamos de acuerdo con esta gestión privada que ha encarecido el precio del agua de forma abusiva en estos años. No existía ninguna razón objetiva para cambiar algo que funcionaba bien y sobre lo que los vecinos no se quejaban. En el fondo, lo que ocurre es que este Ayuntamiento no cree en la gestión pública de los servicios”, asegura Cabeza.

José Morales, portavoz de Ahora Guadalajara, sostiene que “con la subida de la factura, el Consistorio respalda los intereses de la empresa y no de los vecinos en un momento en que el consumo de agua ha bajado en la ciudad y, en consecuencia, la facturación de la concesionaria”.

El contrato que el Ayuntamiento firmó con Guadalagua recogía una facturación de seis millones de metros cúbicos de agua anuales, una cifra que dista considerablemente de la necesidad de abastecimiento real que tiene la población. Para los socialistas, la letra pequeña del contrato demuestra que el Ayuntamiento “infló” las previsiones sobre consumo y facturación cuando privatizó el agua, ya que nunca se ha superado el umbral de los cinco millones de metros cúbicos de gasto de agua y ahora es a los vecinos a los que les toca compensar a la empresa pagando la diferencia.

Desde Ahora Guadalajara afirman, “aunque el equipo de Gobierno lo niegue”, que se le van a reconocer a la empresa atrasos desde 2013 por un importe de 709.000 euros anuales. Esa cifra, sumado el interés, asciende a casi un millón de euros de incremento en los 17 años hasta el 2034. A esos números, según este grupo, hay que sumar los atrasos ya reconocidos a Guadalagua en 2012 por valor de más de dos millones. “También se le reconocieron 653.000 euros a futuro entre 2014 y 2034, lo que eleva el coste de este servicio por un importe de más de 13 millones de euros”, según Elena Loaisa, concejal de Ahora Guadalajara. En consecuencia, el incremento del coste del agua en Guadalajara en el cómputo de los 25 años en los que se extiende la concesión asciende a 18 millones de euros.

Pero las críticas de la oposición por la mala administración del agua en la ciudad van más allá del elevado precio del servicio. Desde el PSOE afirman que el Ayuntamiento “ha perdido el control sobre la empresa” y aseguran que la brigada municipal, que antes se encargaba de solucionar las averías, ha desaparecido. “El tiempo que la empresa emplea para reparar las roturas de la red y el coste excesivo de las obras que repercute directamente en el bolsillo del ciudadano es precisamente una de las reclamaciones más frecuentes que realizan los vecinos a la empresa”, subraya Cabeza. En esta línea, Morales añade que “no hay voluntad política por parte del Ayuntamiento de controlar y supervisar el funcionamiento de la concesión para detectar los posibles incumplimientos de la empresa”.

El acuerdo con la concesionaria exigía un plan de inversiones de 10 millones de euros con el que la entidad debía acometer algunas obras para modernizar las infraestructuras a lo largo de los primeros años del servicio. Sin embargo, la empresa sólo ha ejecutado un 10% de las reformas previstas, según el PSOE. “La empresa incumple el contrato porque no ha construido las depuradoras de aguas residuales en las cuatro pedanías de Guadalajara a la que se había comprometido durante los dos primeros años de la concesión e incluso la reforma que ha llevado a cabo para sanear la red en algunas calles corrió a cargo del presupuesto municipal”, puntualiza el edil socialista.

Otra subida

El pleno extraordinario que el Ayuntamiento de Guadalajara celebró en junio dio luz verde a una nueva subida del 2,7% en el recibo del agua. Entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. La reforma de la ordenanza fiscal, que regula la tasa de prestación del servicio del agua, salió adelante con el apoyo del PP y de Ciudadanos y el voto en contra el PSOE y Ahora Guadalajara. La concejal de Ahora Guadalajara Elena Eloisa afirmó en el Pleno que esta segunda subida desde que se privatizó el servicio “es injusta porque penaliza el ahorro y repercute mayoritariamente sobre la parte fija de la factura”.

Este último reajuste grava sobre el tramo fijo de la factura en, al menos, un 65% sin tener en cuenta el consumo de agua que cada usuario realice. “La única razón para que se aplique esta modificación es que la empresa necesite captar dinero lo antes posible”, añadió Loaisa. Por el contrario, el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban desvinculó “la subida de la factura de la forma en que se preste el suministro” y defendió que, “a pesar del reajuste moderado que hemos aprobado para septiembre para equilibrar los ingresos y los gastos del servicio, Guadalajara continúa siendo la segunda ciudad española con el agua más barata”.

El incremento que se aplicará desde septiembre equivale a 179.000 euros. Un importe que los vecinos deberán abonar a Guadalagua cada año hasta que concluya la concesión en 2034, con la finalidad de compensar a la concesionaria por un consumo de agua inferior al comprometido por el Ayuntamiento en octubre de 2009.

El encarecimiento “abusivo” del precio de este servicio en la capital alcarreña y la ausencia de vigilancia del Ejecutivo sobre la actividad de la adjudicataria, que incumple reiteradamente con las condiciones del contrato, han conducido a los partidos de la oposición a defender públicamente que “se recupere la gestión directa de la gestión del agua”.