Sin formación y protocolos para atender a víctimas de violencias de odio: talón de Aquiles en la Sanidad de cuatro países europeos
Existe una “enorme laguna” de conocimiento y de procedimiento adecuado en el ámbito sanitario a la hora de abordar las llamadas violencias de odio.
Los datos, muy concretos, los ha aportado el proyecto europeo SHELTER (Support and Advice Through Health System For Hate Crimes) capitaneado desde la Universidad de Castilla-La Mancha, conjugando la acción de la universidad y de la Asociación Socioeducativa Llere. Durante más de dos años han estudiado la atención sanitaria a las víctimas de delitos de odio en España, Hungría, Chipre y Malta.
Liderado desde la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina por el antropólogo Juan Antonio Flores Martos, el proyecto acaba de concluir con resultados demoledores, pero también poniendo soluciones sobre la mesa.
“Un proyecto complejo, con muchos desafíos”, reconoce el coordinador de la investigación porque “el odio es una categoría política, no es una emoción neutra, aunque los efectos que produce en la vida de las personas agredidas son muy reales”.
De ahí las enormes dificultades para acceder a los datos oficiales por un lado y para llegar a las víctimas, e incluso para formar a los profesionales sanitarios, por otro (y no solo por la pandemia).
El objetivo no es otro que apoyar y mejorar la protección de las víctimas de los delitos motivados por el odio en su tránsito por el sistema sanitario, gracias a la investigación propiciada por antropólogos, sociólogos, trabajadores y educadores sociales o enfermeros.
La etnia de la víctima, la discriminación más extendida según los sanitarios de cuatro países
En los datos recabados hay patrones que se repiten en cuatro países tan distintos como España, Malta, Chipre y Hungría, donde las únicas estadísticas oficiales obtenidas (datos de 2018) son las de España (1.598 casos de delitos de odio registrados) y Hungría (30), ya que en los otros dos países no hay registros.
En los cuatro países, los profesionales sanitarios coinciden en que los casos más extendidos de odio están relacionados con la etnia de la víctima y después la discriminación por motivos de orientación sexual en Chipre y Malta, mientras que en España y Hungría el segundo lugar lo copan los casos relacionados con las personas sin hogar.
Por otro lado, los casos de odio vinculados a la identidad de género se repiten en tres de los cuatro países (todos menos Hungría).
El estudio también analiza la formación y el conocimiento por parte de los sanitarios hacia este tipo de violencias. Aquí el elemento común son las carencias en ambos aspectos. Más del 60% de los sanitarios también lo perciben así: no conocen y no están formados en esta lacra.
Aunque en España la discriminación relacionada con la etnia es la más extendida, los sanitarios reconocen que los casos que más atienden son los que tienen motivos de género.
Otro de los elementos comunes en los cuatro países es que un 60% de los casos atendidos en el ámbito sanitario, raramente terminan en denuncia.
¿Por qué ocurre? En Chipre, España y Hungría los sanitarios creen que el principal motivo es el miedo a represalias. En Malta lo atribuyen sobre todo a la idea de que denunciar resulta inútil.
De hecho, la mayoría de profesionales coinciden en señalar la falta de eficacia de la legislación, especialmente en Chipre (lo piensan un 70% de los encuestados).
Finalmente, todos los países coinciden en hacer propuestas: mejorar la capacidad de detección de víctimas de odio pasa por la formación de los profesionales sanitarios, así como adoptar protocolos comunes y mejorar la concienciación en este colectivo. Y van más allá porque si no hay protocolos tampoco hay tiempo ni recursos (entre ellos psicológicos).
En España, el campo de estudio, con encuestas a profesionales y a las víctimas, se ha centrado en varios municipios: Barcelona, Ciudad real, Girona, Madrid, Toledo, Talavera de la Reina, Tarragona y Toledo y en el municipio toledano de Santa Olalla.
En Castilla-La Mancha el proceso se desarrolló tanto en Urgencias, como Atención Primaria y en el servicio de Emergencias. En el caso de la Comunidad de Madrid tanto la investigación como la formación a profesionales fue posible en la Gerencia de Atención Primaria, pero no en Urgencias ni en el Servicio 112.
En Catalunya se ha trabajado en el Instituto Catalán de la Salud, en todas sus áreas, “Se facilitó la investigación, pero no hubo respuesta a la oferta de formar a los sanitarios”.
La investigación también descendió al ámbito de lo más local. Uno de los espacios sanitarios elegidos fue el Centro de Salud de Santa Olalla, en Toledo. “Queríamos tener una muestra de un centro de un área rural, aunque los resultados no han sido particularmente distintos”.
Una guía para sanitarios como “germen” del futuro protocolo
Entre las aplicaciones prácticas de este proyecto investigador está la futura creación de ese protocolo en España.
Ya existe un borrador, pero mientras tanto se cuenta con una guía para los sanitarios de intervención ante las violencias de odio que puede servir de “germen” para un protocolo similar a los que ya existen relacionados con el abuso infantil, la violencia de género…
“Nos hemos dado cuenta de que es absolutamente prioritario formar a los profesionales sanitarios en este campo”, de ahí que haya surgido una guía que incluye cuatro capítulos que van desde la conceptualización e identificación de las víctimas y los delitos, la prevención y promoción de la salud, la detección e intervención y la derivación a otras instituciones, incluidas las policiales.
“Este tipo de violencias de odio son invisibles. Al no existir un protocolo de atención, los profesionales sanitarios, excelentes en la atención clínica, no lo ven cuando pasa por delante de ellos”
La investigación ha puesto de manifiesto que, frente a esta lacra, “los profesionales sanitarios están ciegos. Un procedimiento, un protocolo vendría a ser sus gafas para visibilizar los indicios de este tipo de violencias” y avanzar en el siguiente paso que es la formalización de denuncia ante instancias judiciales.
Y es que no es fácil para los profesionales identificar los casos. Ni siquiera con el aval de la experiencia. “Hablé con un coordinador de Emergencias, con 30 años de oficio, y después de dos minutos pensando me decía que no había atendido ningún caso relacionado con violencias de odio. Al continuar la conversación, creyó identificar uno”.
La causa, apunta el investigador, está en que “este tipo de violencias de odio son invisibles. Al no existir un protocolo de atención, los profesionales sanitarios, excelentes en la atención clínica, no lo ven cuando pasa por delante de ellos. Eso complica la atención específica”, para la que la guía también ofrece algunas claves.
Una guía que estará disponible en la web del proyecto y para la que han contado con la colaboración del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha (SESCAM).
La existencia de un protocolo vendría a mejorar una de las carencias más notables. En las entrevistas mantenidas con víctimas de delitos de odio se pone de manifiesto la satisfacción con la atención clínica que se reciben, pero reclaman, precisamente, “un procedimiento común y lamentan que no haya tratamiento psicológico o psiquiátrico. Muchos sufren traumas. Una de las personas estuvo tres meses sin salir a la calle, otra no se atrevía a coger el transporte público allí donde se había producido la agresión”, relata el investigador.
Otra de las carencias que apuntaron las víctimas es la falta de derivación desde las instituciones sanitarias hacia trabajadores sociales u ONG especializadas. “Todo se lo tienen que costear las víctimas”.
La Atención Primaria es el espacio ideal para la atención integral, según los sanitarios
El estudio también arroja luz sobre el lugar más idóneo para para un tratamiento integral y sostenido en el tiempo a las víctimas. “Los sanitarios nos dicen que no son las Urgencias hospitalarias, tampoco el hospital, sino la Atención Primaria”.
La razón tiene que ver con que la atención es más continuada, pero no solo eso. “Hay más apertura, más confianza. Se atreven a hablar. A las Urgencias llegan en shock y es más difícil contar lo que ha pasado”.
De forma complementaria, el proyecto incluye la posibilidad para los centros sanitarios de disponer de un certificado de calidad bajo el lema 'Stop Daños de Odio'. Podrá descargarse de la página web de la investigación.
“Lo lanzaremos en las tres comunidades autónomas con las que hemos colaborado. Por ejemplo, en el Centro de Salud Vicente Soldevilla, en Madrid, estaban muy volcados con esta cuestión y creo que habrá más. Esperamos que se expanda”.
¿Cree que el proyecto llamará la atención en la Unión Europea como para acelerar procesos?, preguntamos.
“Bueno, en cuanto a Directivas, la UE toma muy en serio los llamados ‘Hate Crimes’ (delitos de odio) y es una línea de atención prioritaria. Esperamos que los resultados y el esfuerzo de dos años tenga repercusión y que lo que vamos a enviar deje claro que hay que seguir trabajando en ello. Quizá ya a través de nuevas iniciativas en campos como el judicial, el policial…Esto es ciencia abierta”.
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