El Gobierno paraliza los recursos relacionados con el decreto de Dependencia y los conductores públicos
Ya estaba anunciado, pero el Consejo de Gobierno tenía que hacerlo oficial, y así lo ha comunicado el portavoz, Nacho Hernando. Son dos de los aspectos del Gobierno de María Dolores de Cospedal más denunciados por los agentes sociales: el Plan de Recursos Humanos del Parque Móvil de Castilla-La Mancha y la aplicación de la Ley de Dependencia que gestionó el anterior Ejecutivo.
Ambos fueron paralizados por la Justicia y, como fue también costumbre por parte del Gobierno regional del PP, la Administración decidió interponer recursos d casación en contra de las sentencias judiciales. Ahora, el Gobierno de García-Page ha decidido desistir de estas medidas de paralización, señalando que en ambos casos, las razones realmente les sobran.
El Plan de Recursos Humanos del parque móvil regional, o plan de “destrozos humanos” como lo calificaron sindicatos y trabajadores, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en marzo de este año y la Junta anunció un recurso en contra de esta decisión de forma casi inmediata. El Tribunal Superior regional señalaba que dicho Plan suponía, incluso, incrementos en el gasto público, así como modificaciones en las condiciones de trabajo entre los conductores. Las movilizaciones de los implicados fueron extensas, y pasaron de encierros a concentraciones así como muestras creativas y pacíficas en contra de la decisión gubernamental. Nacho Hernando ha querido añadir también que el Gobierno actual no va a permitir que se siga con la gestión “a dedo” y que se “ningunee” a los funcionarios.
Otra decisión importante es la de la retirada del recurso en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anulaba la implantación de la Ley de Dependencia en la región. La razón: “devolver la dignidad a las personas”, en palabras de Hernando, quien también señaló que el compromiso del Gobierno con las personas con “capacidades diferentes es esencial”.
La decisión de anular la orden con la que se aplicaba la Ley de Autonomía Personal en Castilla-La Mancha se conocía en abril de este año, y también venía desde el Tribunal Superior de Justicia, que estimó un recurso de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha y condenaba a la Junta de Comunidades a pagar las costas del proceso. Para el Tribunal, fue omitir el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha lo que finalmente determinó la nulidad de la orden, al tratarse de un “acto normativo” que afectaba los derechos de las personas dependientes de la región.
