Las presuntas irregularidades de la OPE de la Diputación de Albacete llegan a la Fiscalía
La Comisión de Investigación de las oposiciones de Diputación del 2009 determinó que hubo irregularidades en este proceso y que la responsabilidad política de éstas era del Partido Popular, partido que gobernaba entonces la institución provincial. Pero falta saber si habrá repercusiones legales sobre un proceso que hoy ha llegado a los juzgados de la mano de Ganemos-Izquierda Unida. “Hemos hecho un trabajo de recopilación y esos documentos los hemos llevado a la Fiscalía”, explica la portavoz de este grupo en la Diputación, Victoria Delicado.
Ganemos-IU ha tomado esta decisión, dice Delicado, tras considerar que parte de los procedimientos de selección de la OPE 2009, desarrollada del 2011 en adelante, han estado lastrados por el “nulo respeto a los principios rectores del acceso al empleo público”. La formación señala que los principios básicos que regulan el acceso al cargo público han sido en gran parte “menospreciados, descuidados e incluso esquivados” en algunos procedimientos selectivos, en los que no ha quedado garantizado dicho acceso a las funciones y cargos públicos, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La OPE de 2009 tuvo una “escasa o nula transparencia”, tal y como insisten desde Ganemos-Izquierda Unida, en criterios como es la selección y el funcionamiento de de los tribunales. Tanto así que hay actos de trámite y determinadas decisiones “insuficientemente” motivadas o recogidas en las actas de forma “deficiente e incompleta”. Ahora y con toda la documentación en la mano será la Fiscalía quien determine si hay delito y quien o quienes son los responsables.
La conclusiones de la Comisión de Investigación
En agosto de 2015, con el cambio de gobierno en Diputación y tras las diferentes denuncias por la supuesta manipulación de exámenes de oposición realizados en la Diputación de Albacete, el nuevo equipo de Gobierno del PSOE puso en marcha la constitución de una Comisión de Investigación para la Revisión de la Oferta Pública de Empleo de 2009 y de todos los procesos selectivos que de ella han partido en los últimos años.
Dicha comisión concluyó asegurando que gran parte de los procedimientos de selección, que se desarrollaron del 2011 en adelante “han estado lastrados por la falta de respeto a los requisitos básicos o principios rectores del acceso al empleo público… resultando un fiel y meritorio escenario del clientelismo político y social que tanto daño está haciendo a las instituciones públicas y a su imagen frente a la ciudadanía”.
Otra de las conclusiones de la investigación habla de un supuesto 'modus operandi' “que ha dado como resultado un presunto trato de favor en algo tan grave como la obtención de puestos de trabajo en la administración pública de forma irregular, con el consiguiente perjuicio a todas las personas, que con gran esfuerzo económico, de tiempo y sacrificio personal y familiar, han visto frustrado o vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
El PP siempre ha defendido el proceso
Por su parte el Partido Popular ha defendido en todo momento la actuación del equipo de gobierno encabezado por Francisco Núñez en la pasada legislatura, en relación al desarrollo de la oferta pública de empleo de 2009. De hecho los 'populares' han insistido siempre en que “todo el proceso está avalado por el contenido de 27 sentencias judiciales que confirman que todo fue ajustado a derecho”.
El mismo día que se aprobaba en pleno el dictamen con las conclusiones de la Comisión de Investigación, el actual portavoz del Grupo Popular y anterior responsable de Recursos Humanos, Constantino Berruga, aseguraba que “todo está basado en sospechas y suposiciones de una serie de aspirantes, sin que se haga referencia a las sentencias judiciales que han dado la razón al anterior equipo de gobierno, así como al informe de Estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha que no ha encontrado nada llamativo al respecto”.
