La Junta castellano-manchega, entre las más transparentes en su contratación pública
Las instituciones públicas españolas han mejorado su nivel de cumplimiento de la normativa legal sobre contratos, aunque de forma “insuficiente”. Así lo señala el informe de Transparencia Internacional sobre el grado de cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre contratos. El organismo ha realizado un estudio de manera semestral desde el 2016, y la Junta de Castilla-La Mancha es, junto a Euskadi y Cataluña, una de las que ha aprobado en cada revisión.
Los estudios de 2016 se realizó en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública, para establecer los cumplimientos de las distintas instituciones públicas: Gobiernos regionales, diputaciones, Ayuntamientos, Universidades y Parlamentos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, un lugar común de publicidad de los contratos a nivel nacional. En ellos, señala Transparencia, se establecía el “clamoroso incumplimiento” de dicha normativa legal en “gran parte” de dichas instituciones.
Como se ha señalado, en 2016 sólo tres de las regiones cumplían la normativa en enero, pasando a ser 6 en julio del año pasado y ahora son 10 de las 17 totales. En cuanto a las diputaciones provinciales, tanto la de Ciudad Real (PSOE) como la de Cuenca (PP) han aprobado dicho análisis en las tres ocasiones, mientras que las de Guadalajara y Albacete (ambas del PP) no lo han pasado en ninguna. La diputación de Toledo no cumplía la normativa en la primera revisión de ambas organizaciones, pero ha pasado a hacerlo en las dos siguientes.
En el caso de estas instituciones, en enero de 2016 eran sólo 18 de las 45 las que cumplían la normativa, número que llegó a las 27 en julio del año pasado y que subió hasta 32 en el último análisis, lo que equivale al 71%. Las diputaciones muestran el porcentaje más alto en cuanto a nivel de cumplimiento entre los cinco colectivos de instituciones públicas analizadas. Por su parte, las Cortes de Castilla-La Mancha siguen sin cumplir esta normativa, y forman parte así de las instituciones que no publican sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En este sentido, Transparencia Internacional destaca que “no deja de ser significativo” que el Congreso de los Diputados y el Senado también incumplan la normativa.
Las dos universidades que funcionan en la región, de Alcalá de Henares y la Universidad de Castilla-La Mancha, siguen la normativa especificada. En cuanto a estas instituciones, la cifra de las 'cumplidoras' ha mostrado un “ligero” incremento que hace que lleguen hasta las 36. Esto implica que un 70% de los centros universitarios públicos españoles cumplen ahora con esta obligación legal.
