La Junta desatendió tres veces una petición judicial vinculada al incendio de Chiloeches
La Junta de Castilla-La Mancha desatendió hasta en tres ocasiones una providencia del Juzgado de Instrucción número uno de Guadalajara, en relación al sumario del incendio de la planta de residuos de Chiloeches, acaecido en agosto de 2016. Así lo comunica esta autoridad judicial en una providencia fechada el 13 de marzo marzo a la que ha tenido acceso eldiarioclm.es.
El magistrado incluye una referencia a una providencia anterior y pide que se deduzca testimonio de la “desobediencia de la Dirección General de la Función Pública, Área de Relaciones de Puestos de Trabajo y la Secretaría General (...) al no atender los requerimientos reiterados, hasta en tres ocasiones”. En la providencia a la que alude el magistrado, de fecha 2 de enero de 2018, el Juzgado solicitó a la Junta un informe completo sobre el personal laboral que formaba parte de la Consejería de Medio Ambiente en el periodo comprendido entre 2006 y 2016.
Fuentes de la dirección provincial de Agricultura confirman a este digital la existencia de esos tres requerimientos del Juzgado de Guadalajara realizados a la Junta de Comunidades desde enero a marzo, así como el retraso en la entrega de la documentación sobre el personal laboral que trabajó en dicha Consejería durante ese periodo.
Y además de afear a la Junta el retraso en la entrega de documentación, la nueva providencia de marzo reclamaba información acerca de los trabajadores que habían sufrido lesiones, derivadas de las labores de extinción del incendio y la posterior retirada de materiales tóxicos de la planta de Chiloeches en 2016. A este respecto, la Junta sostiene que la documentación sobre los trabajadores que habrían padecido lesiones se entregó el 26 de marzo en el Juzgado, trece días después de la fecha que consta en la última providencia y que esta fue aceptada.
En concreto, el escrito instaba a dos organismos dependientes de la Junta, junto a otras entidades que estuvieron implicadas en la extinción del incendio de la planta siniestrada, a que informaran al juzgado sobre la relación de trabajadores que participaron en las labores de extinción y en la retirada de los residuos tóxicos de las instalaciones durante los meses siguientes a la deflagración y que, como consecuencia de todo ello, sufrieron lesiones de diversa consideración.
El Juzgado solicitó a las entidades reseñadas, tanto al Gobierno regional como a los organismos personados en la causa -entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Tajo-, que “informen a todas las personas y trabajadores que hayan intervenido en la extinción del incendio y posterior retirada de los residuos que tengan documentados que, si a resultas de los reconocimientos médicos o exámenes médicos practicados hayan sufrido por tal motivo alguna lesión o patología podrán, en el plazo de cinco días, personarse en este Juzgado al objeto de que se les efectúe el correspondiente ofrecimiento de acciones”.
Asimismo, el documento hace referencia a que la información solicitada deberá aportarse, a través de “esas mismas entidades en el plazo de cinco días siguientes a la finalización del plazo otorgado para tramitar la información reseñada”.
Presunta trama de gestión residuos
La instrucción judicial sobre el incendio que tuvo lugar en 2016 en la planta de tratamiento de residuos KUK Medioambiente, en la localidad guadalajareña de Chiloeches sigue su curso a la espera de que el juez emita un nuevo auto con el que determine si archiva el caso o abre juicio oral. Una decisión que, tal como ha podido saber este digital, podría darse a lo largo del primer semestre de 2018. En esta causa están imputados 19 particulares y las empresas KUK Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina por delitos contra el medio ambiente, pertenencia a banda criminal y falsedad documental.
En enero pasado, la Guardia civil informó en el marco de una investigación del juzgado que instruye esta causa de la existencia de una presunta trama de gestión de residuos peligrosos que simulaban el transporte de los residuos químicos desde una planta de Madrid a otra de Soria para su descontaminación. Finalmente, estos materiales se llevaban hasta la desaparecida planta de Chiloeches para su destrucción.
Sin embargo, la Guardia Civil descubrió que los residuos viajaban directamente a Chiloeches con toda su carga tóxica y que esta empresa, la misma que originó el incendio de Chiloeches, blanqueaba estos elementos peligrosos y diseñaba certificados falsos para ocultar el trayecto que seguían realmente los residuos. La investigación concluyó con la imputación de 5 personas y varias empresas de Madrid, Barcelona y Guadalajara que supuestamente integraban esta mafia de residuos peligrosos. Hasta 3 millones de toneladas de materiales sin tratar habrían sido destruidos en esta planta de Chiloeches.
En cuanto a la situación ecológica de este recinto industrial del Polígono de Albolleque, en la localidad de Chiloeches, esta no ha variado sustancialmente y continua habiendo residuos tóxicos fuera de la planta que todavía no se han descontaminado.
En la reciente visita que la eurodiputada sueca del partido de Los Verdes Alianza Libre Europea, Bodil Valero, realizó a Castilla-La Mancha para recoger el galardón que el Gobierno regional le concedió por su defensa del agua en el Día Mundial del Agua, Valero recordó durante un recorrido por la zona cero del incendio de Chiloeches que la Unión Europea dicta unas normas estrictas en cuanto a la gestión de residuos que “siempre se han incumplido”. Una realidad ante la que se mostró “extrañada” de que no haya cambiado con el paso de los años.
Además, la polución de las tierras y los acuíferos del entorno persiste sin que la Confederación Hidrográfica del Tajo, ni el Ministerio de Defensa ni la Consejería de Medioambiente de Castilla-La Mancha hayan querido informar de los efectos reales que el incendio originó sobre el medio ambiente, por tratarse de un hecho judicializado, tal como relataban a este medio en diciembre de 2017 desde Equo Castilla-La Mancha.
