Madres feministas rechazan el decreto castellanomanchego de conciliación por “discriminatorio” al dar más exención a los hombres

Una de las medidas más esperadas en Castilla-La Mancha debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 ha sido las ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral debido al aumento del teletrabajo. El Gobierno regional aprobó así un decreto con una serie de medidas para este objetivo, pero una de ellas ha generado el rechazo de madres feministas, las agrupadas en la Plataforma Petra, quienes han dirigido un escrito al presidente autonómico, Emiliano García-Page; a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y al presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, para mostrar su malestar.

Concretamente, este colectivo arremete contra la medida que contempla el incremento del 20% de la cuantía de la ayuda cuando quien reduce la jornada es un hombre. En principio, argumenta, es acertado ofrecer ayudas públicas a las personas que optan por solicitar excedencias o reducciones de jornada para atender a sus hijos e hijas. Pero añade que tal y como está formulada resulta “discriminatoria” por bonificar con un porcentaje superior en relación a los salarios a los hombres. “Resultaría igual de discriminatoria incluso en el caso en el que hombres y mujeres tuvieran iguales situaciones laborales y salariales”, subraya.

La plataforma considera que, como asociación con el objetivo específico de representar los intereses de las madres en el período de maternidad y crianza, debe asumir su obligación de denunciar situaciones de discriminación “en las que aparentemente se implementan una acción positiva y en su proyección incrementan la discriminación que pretenden solucionar”.

“Deje de dar más a quien más tiene”

“La actual realidad nos dice que no es así. La brecha salarial en Castilla-La Mancha es del 26% y alcanza el 85 % en las mujeres que menos ganan, quienes además soportan peores condiciones de trabajo, más temporalidad y más contratación a tiempo parcial. La tasa de pobreza es mayor en las mujeres de Castilla la Mancha y tiene rostro de trabajadora y madre sostenedora de familia monoparental”, detallan. Por eso, en su escrito, piden que la medida adoptada se modifique sustancialmente y “deje de dar más a quien más tiene”, y en su nueva redacción, afronte “las enormes necesidades de las mujeres madres en nuestra región”.

Ya presintió el Gobierno castellanomanchego que esta medida podía generar algún rechazo. Cuando la presentó la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, afirmó: “Este es un asunto que puede generar cierta controversia, pero tenemos que recorrer todavía mucho camino en la búsqueda de la igualdad en la asunción del cuidado de familiares”.

Apeló a datos del Instituto de la Mujer, que recogen que el 93,93% de las excedencias para el cuidado de familiares en 2020 fueron asumidas por mujeres, y en el caso de la región, referentes al año 2019, “fueron las mujeres, en un 92,39%, quienes se redujeron la jornada para asumir el cuidado de hijos. Y el 80,2% por ciento en el caso de familiares”. Solo 42 del total de beneficiarios de las ayudas convocadas en julio fueron hombres, argumentó.

“Una apuesta ambiciosa”

Este decreto de ayudas a la conciliación se inscribe en el marco del Plan de Medidas Extraordinarias para apoyar la recuperación económica de la región. Según el Ejecutivo, supone “una apuesta ambiciosa” por parte del Ejecutivo, ya que multiplica casi por cinco la cuantía destinada a las ayudas, que fueron de un millón de euros en julio del año pasado y que se van a convocar ahora por 4,5 millones de euros. Mantiene las dos líneas de la anterior convocatoria: una primera destinada a apoyar económicamente a aquellas personas que han reducido su jornada laboral o se han acogido a una excedencia para el cuidado de hijos o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, y que van desde los 200 hasta los 500 euros al mes, en función del nivel de renta y del porcentaje de excedencia.

La Asociación Petra Maternidades Feministas que rechaza esta medida surge a iniciativa de un grupo de madres feministas, que después de “ver ignoradas durante años” sus reivindicaciones por un permiso parental digno, se muestran en desacuerdo con la apuesta institucional por unos permisos iguales e intransferibles para los padres. A raíz de lo anterior, decidieron organizarse con el objetivo de hacer valer sus derechos y defender permisos parentales de mayor duración que la actual y “eminentemente transferibles”.

También defienden que criar y amamantar no es incompatible con su presencia en los espacios públicos o con el desempeño laboral. “Es la sociedad capitalista y patriarcal la que nos expulsa de estos espacios sin valorar las circunstancias concretas de cada caso, condicionando nuestra participación a no atender a nuestras criaturas”, afirman en su manifiesto.