Brexit, segunda parte

El 52% de los votantes británicos dijeron 'sí' a la escisión de Reino Unido de la Unión Europea. Una victoria no aplastante, pero si lo suficientemente holgada para que no hubiera margen a la duda.

Dos años después, algunas voces comienzan a pedir que se realice un segundo referéndum, con intención de corregir los desastres que ya se sufren derivados de la aplicación práctica del primero.

Pero, más allá de que a los europeístas se nos rompiera el corazón con la inesperada (al menos, inesperada para mi) victoria del Brexit, y más allá de que el resultado supuso un fracaso para Europa, la mera consideración de volver a realizar un referéndum, esta vez con el objeto de lograr los resultados que nosotros queremos, entraña un cariz antidemocrático.

En primer lugar, el planteamiento de una nueva votación supone la absoluta subestimación del voto de aquellos ciudadanos que votaron por la salida, y una directa conclusión de que toda la información que supuestamente les llevó a adoptar esa decisión era errónea (si damos por hecho que todos ellos votaron condicionados por la línea populista del partido de Neil Farange, cosa que no tiene por qué ser cierta), asumiendo una visión en la que esos votantes son poco menos que ciudadanos de segunda, cuyas decisiones no son inteligentes, razonadas o válidas, o al menos, no tanto como las decisiones de los que sí abogaban por quedarse.

Este argumento, además de peligroso y dañino, es sumamente antidemocrático. Parte de la afirmación implícita de que el voto de los británicos pro-europeos y de la franja de votantes más jóvenes, que según las estadísticas son quienes en gran medida contribuyeron a la lucha por la permanencia en la Unión Europea, era un voto más informado y, sobre todo, con una mayor validez que el de aquellos que no querían continuar en el sistema comunitario.

Pero lo cierto es que, por mucho que nos duela que Reino Unido se escinda, y por mucho que personalmente no comparta esa decisión, no podemos hacer una distinción entre los ciudadanos, catalogando entre ciudadanos de primera y de segunda, según compartan o no nuestras ideas, y deslegitimando además el voto de más de la mitad de la sociedad que participó en el referéndum, de manera libre y voluntaria.

La reordenación de una parte de la sociedad según los parámetros imperantes de la otra parte comienza a constituirse en un fenómeno que observo en todas partes en los últimos meses, pero que en el caso del Brexit me resulta de una especial arrogancia.

Lo que se está diciendo es que los votos de los jóvenes, calificados, acertadamente o no como progresistas y europeístas, son superiores moral e intelectualmente a los de la gente de barrio, de los pueblos o de edades comprendidas entre los 50 y los 70, que, a su vez, es el perfil que se nos ha dado de los votantes pro-Brexit. Es decir, se les está llamando tontos y devaluando el resultado que, aunque no estemos de acuerdo, es legítimo desde el punto de vista democrático.

Dicho esto, y en segundo lugar, repetir ahora el referéndum significaría que las decisiones que toman los individuos y los países no son actos conscientes y racionales, sino impulsos irreflexivos susceptibles de continuos cambios.

De actuar siempre así, los países nunca adoptarían ninguna decisión que cambiase el curso de la historia, puesto que, como si de niños se tratase, tomarían una decisión para luego modificarlas y volver al principio, según les conviniera en cada momento.

Este comportamiento es sumamente irresponsable y denota una falta de compromiso y seriedad por parte de los políticos que, hasta cierto punto, se traslada en muchos aspectos también a la ciudadanía.

Siguiendo este razonamiento del constante cambio, si ahora se vuelve a votar y gana el sí a la permanencia, nada impide que en unos meses o años de nuevo se considere oportuno votar y vuelva a sumar mayoría el porcentaje de personas que quiere un nuevo Brexit, puesto que las circunstancias de ese momento aconsejen nuevamente una separación. 'And so on', que diría el filósofo Žižek en sus famosos vídeos.

Por tanto, la ciudadanía europea, la economía y, en general, el sistema se vería constantemente resentido y obligado a resetearse cada vez que se cambie de opinión en función únicamente de los beneficios y ventajas que se aprecien en cada momento.

Por no hablar del daño que todo esto provoca en la credibilidad europea, que se comporta como un amante abandonado, arrastrándose para que su pareja vuelva a sus brazos, sin importar el dolor causado con el proceso de referéndum, los recursos económicos y materiales gastados y la inoperatividad del mecanismo de activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula una de las circunstancias más serias que pueden producirse dentro del sistema comunitario: el abandono de un estado miembro.

Tengamos en cuenta además que el mayor inconveniente que ahora parece emitirse contra el Brexit es la cuestión monetaria, los daños económicos que comienzan a apreciarse, lo que de por sí desvirtúa de pleno el sentido de la Unión Europea, reduciéndola a un club en el que se decide la estancia en función de las ventajas económicas que le reporta al socio, vaciando el proyecto de todo contenido moral y social.

Nadie quería que Reino Unido se fuera. No beneficia ni social, ni moral, ni económicamente a la Unión Europea. Pero una vez que ha sucedido, respetemos lo que se ha elegido democráticamente y no menospreciemos las decisiones que, de manera legal, se han tomado por lo que constituye una mayoría.

No podemos forzar las votaciones hasta que salga el resultado que queremos. Y tampoco podemos ceder en las contraprestaciones hasta el punto de desdibujar las líneas del proyecto comunitario, otorgando más derechos y ventajas a quien amenaza con irse, puesto que supone privilegiar al que huye sobre el que se queda y saca adelante ese proyecto.

Por el contrario, sí podemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para mejorar esta situación, tratando de renegociar aquellos puntos que nunca estuvieron claros, porque no han sido objeto de consulta, y sobre los que legítimamente puede tratar de buscarse una solución de consenso que beneficie a todas las partes: los derechos y libertades de los ciudadanos en cada uno de los territorios, el sistema Schengen, las condiciones de permanencia en el mercado único, la permanencia en el sistema jurídico comunitario y sus consecuentes tratados sobre derechos humanos, o los sistemas de reparto de refugiados.

Eso es lo que legítima y moralmente nos corresponde ahora a quienes sí creemos en la Unión Europea, debiendo pelearlo con uñas y dientes para estar a la altura de los ideales que tanto defendieron los famosos “padres comunitarios”.