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La Comisión Europea ha fijado el próximo 16 de julio como el 'día D' para dar a conocer su propuesta para el nuevo marco financiero de la Unión Europea (el presupuesto comunitario). Se trata de una cuestión fundamental, pues de estos fondos dependen políticas tan importantes como la de cohesión, las ambientales, las de innovación, agricultura o pesca, por citar algunas muy significativas, y otras, de cuño más reciente, como podrían ser las de defensa o las políticas migratorias.
En un principio, este marco financiero debería cubrir el período comprendido entre 2028 y 2034, pero hasta eso está en duda en estos momentos. Una de las reflexiones de la Comisión Europea es que el presupuesto debe ser más flexible de lo que es actualmente para responder a una realidad muy cambiante, que exige respuestas rápidas y capacidad para afrontar situaciones extraordinarias, como por ejemplo lo han sido la COVID-19, los efectos de la guerra de Ucrania o catástrofes climáticas de toda índole.
Parece ya muy probable que la necesaria flexibilidad -y simplificación administrativa- va a pasar por la creación de 'sobres' nacionales -uno por cada Estado Miembro- para que cada país incluya los diferentes objetivos y políticas comunitarias -y distribuya los fondos entre ellos-, en función de sus prioridades.
Para ello, se elaborará una especie de 'plan estratégico' en cada Estado Miembro, en el caso de España deberá ser algo así como un partenariado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, para establecer las prioridades políticas y distribuir entre las mismas, los recursos del mencionado sobre nacional.
Esto implica que la Política Agraria Común (PAC) estaría incluida dentro de ese plan global y competiría con otras políticas en el acceso a los recursos del sobre. Sin duda, una extraordinaria dificultad para mantener o incrementar los fondos que actualmente la Unión Europea destina a la política agraria. Además, la decisión recaería en cada país, que deberá decidir si la PAC es o no una política relevante.
Se trata, sin duda, de una nueva vuelta de tuerca para una política, ya antigua, que va a tener que luchar contra los elementos para renovarse y sobrevivir. El futuro de unos 600.000 agricultores y de una parte sustancial de nuestro medio rural, en España, dependen de ella.
Nos va a tocar, como siempre, demostrar que es una política útil, y, esta vez, defender, como la propia Comisión, que los sitúa como objetivo principal de la PAC, a los agricultores pequeños y medianos, que son los que mas necesitan las ayudas para que su actividad sea rentable.
Nos jugamos mucho.
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