El sector porcino, la gestión de purines y las zonas vulnerables

El sector porcino ha sido declarado como estratégico por el Gobierno regional. Esto supone que puede acogerse al régimen de ayudas de inversiones en explotaciones agrarias y de incorporación de jóvenes a la agricultura. Los ganaderos entran así en un sistema de integración donde las empresas integradoras proporcionan los animales y el pienso y los ganaderos se tienen que ocupar de la mano de obra, el suministro de agua, de energía... y la gestión de los purines.

Tras la eliminación de ayudas a la cogeneración, prácticamente la única alternativa que tienen los purines son su gestión como fertilizante agrícola debido a su alto contenido en nitrógeno. Para ello, los ganaderos deben justificar que cuentan con superficie agrícola suficiente para la cantidad de purín que produce su explotación. El problema surge porque el contenido de nitrógeno que admite la normativa es muy superior al que requiere cualquier cultivo de los habituales en extensivo. En el cuadro se dan los datos de necesidades de fertilización de varios cultivos y los que permite la normativa en zonas vulnerables y no vulnerables.

Como se ve en la tabla hay una gran diferencia entre la cantidad admisible en zonas no vulnerables y las que requiere el cultivo. ¿Qué pasa con el nitrógeno no asimilado por el cultivo? Pues que gran parte pasará al acuífero por infiltración profunda y parte a aguas superficiales por escorrentía. 

Una gran extensión de la provincia tiene ya las aguas contaminados por nitratos, esto es, la concentración de estos es superior a 50mg/litro, lo que implica que no es potable. Estas son las zonas vulnerables. En estas zonas hay un plan de actuación que “recomienda” unas cantidades máximas de fertilizante. En el resto, ni eso: sólo existe la limitación de los 210Kg/Ha y año. 

Como se ve, el incremento de explotaciones en zonas no vulnerables favorecerá la contaminación de las aguas por nitratos por el desfase entre necesidades de los cultivos y cantidades permitidas por normativa, más aún cuando el control de la gestión de purines es teórico, porque en la práctica no hay ninguna supervisión en campo, ni a través de medidas indirectas como la condicionalidad de la PAC, ya que ni siquiera las restricciones en zonas vulnerables dejan de ser recomendaciones. Por tanto, es fácil predecir que las zonas vulnerables irán a más y los niveles de concentración de nitratos serán mayores.

En definitiva, que el purín se está considerando como un residuo y no como un fertilizante (aspecto que se debería estudiar por la presencia de componentes o variables nocivas: metales pesados, salinidad,...) con la exención de todas las obligaciones que tiene la gestión de residuos para su autorización. 

Con el fin de limitar este problema y otros efectos ambientales negativos como la emisión de olores y la contaminación atmosférica de las explotaciones intensivas porcinas y avícolas en febrero de 2017 se publicó la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea 1017/302 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. Esta obliga a que se asuman en las explotaciones y en la gestión de purines distintas medidas de cara a corregir los numerosos problemas ambientales de la actividad. No sólo en cuanto a contaminación de las aguas, sino en cuanto a olores y lo que es más importante: la emisión de gases contaminantes. Uno de ellos es el amoniaco.

España es el único país de la CE que está incrementando los niveles de emisión de amoniaco progresivamente en contra de las directrices de la CE y de la tendencia del resto de estados, por lo que se expone a una grave sanción. El cumplimiento de la serie de medidas que se recogen aquí supone inversiones notables, que para las explotaciones existentes o en fase de proyecto será muy difícil de acometer sin comprometer la rentabilidad de la empresa agraria. Este aspecto es obviado por el Gobierno autonómico y, más aún, por las empresas integradoras a la hora de formalizar los contratos con sus integrados.