La plataforma contra el silo nuclear exige que cese el “derroche” de dinero público
La Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos ha vuelto a pedir al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy la paralización del proyecto y que cese el “derroche” de dinero público. Según apunta, el Ejecutivo central, “lejos de darse por vencido, no ha parado de mover ficha”, en relación al hecho de que Enresa haya adjudicado nuevos contratos, como el del servicio de monitorización de la red topográfica de nivelación de precisión del emplazamiento ATC en Villar de Cañas por 41.125 euros; o el suministro de bombas de muestreo de aire para el programa de vigilancia radiológica de la instalación por 38.508,50 euros.
Además, este colectivo añade que la SEPI pretende contratar a 40 nuevos empleados que irán íntegramente a labores relacionadas con el ATC. Así, dice que este miércoles, 18 de febrero, el Pleno del organismo regulador se reunió para deliberar sobre la aplicación al ATC de la Directiva 2014/87/EURATOM.
Para la portavoz de la Plataforma, María Andrés, Rajoy está haciendo con el silo nuclear lo mismo que Cospedal hizo en la región, “acelerar la tramitación de los expedientes hasta el punto de aprobar el POM de Villar de Cañas, ahora anulado”. La Plataforma, que el pasado 14 de febrero cumplió seis años, está solicitando a la ciudadanía que firme la petición en el portal Change.org, donde ya van recogidas más de 1.600 firmas.
Por su parte, los diputados nacionales de Podemos Josep Vendrell y Juantxo López de Uralde han solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente de Enresa, Juan José Zaballa, para que informe de “por qué siguen adoptando medidas como si el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas fuera a realizarse”. El también diputado de EQUO Juantxo López de Uralde ha reprochado a Enresa que siendo una empresa pública, “se salte la legalidad por motivos estrictamente políticos”. Así, ha recordado al presidente de Enresa que tras las medidas adoptadas por el gobierno de Castilla-La Mancha “que impiden de facto que continúe la construcción del ATC”, éste debería quedar paralizado.
