PP y Vox, contra la acogida de niños migrantes y con el partido ultra culpando a Page de futuras violaciones

El curso político en las Cortes de Castilla-La Mancha después del paréntesis del mes de agosto se ha iniciado con el presidente del Grupo Parlamentario de Vox agitando el mensaje de odio contra la población migrante, y en particular contra los niños y niñas procedentes de otros países.

David Moreno tiraba de argumentario del partido ultra para culpar a los migrantes de hipotéticas futuras violaciones en Castilla-La Mancha y ha dicho que si eso ocurre será “responsable directo” el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. El partido de extrema derecha se niega a que España acoja a los niños y niñas migrantes y relaciona a estas personas con delincuencia y con agresiones sexuales, a pesar de que la estadística en España desmienta estos datos.

El Grupo Parlamentario PSOE ha pedido el “amparo” de las Cortes de Castilla-La Mancha frente a las “impresentables” manifestaciones que “atacan directamente a la democracia”. Ha pedido al diputado que retirase sus palabras, pero eso no ha ocurrido y tampoco el Partido Popular le ha afeado a Vox su actitud.

Por contra, Vox ha colado la cuestión en el debate parlamentario. Este jueves se abordaban sendas iniciativas presentadas por las derechas sobre la acogida de menores migrantes no acompañados y el presidente de las Cortes regionales Pablo Bellido ha intervenido para pedir al líder de Vox que retirase sus palabras. Las había trasladado en una rueda de prensa previa, antes de entrar al salón de plenos, y ya dentro no ha cambiado ni un ápice su argumento.

El diputado ultra comenzaba su discurso haciendo referencia a las dos violaciones acontecidas en Madrid en los últimos meses preguntamente por parte de personas migrantes, como argumento. “Hay miedo, inseguridad y degradación generalizada en los barrios por la desidia de las instituciones. Primero fueron condenados a la falta de infraestructuras y dotaciones colectivas, después a la degradación y ahora a una experiencia multicultural fallida”, ha señalado Moreno, exigiendo que es “imperativo deportar”, según recoge Europa Press.

Después, pedía explicaciones a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, sobre las condiciones y los lugares de acogida de menores migrantes, actualmente en negociaciones entre el Gobierno regional y el central. También ha criticado que el Gobierno regional reclame 400 millones de euros para garantizar el bienestar de los menores, que para Vox no es más que la “promoción de la inmigración ilegal”.

El Grupo Vox ha exigido en su propuesta rechazar la medida del Gobierno central para que las comunidades autónomas acojan a los menores y reclama su repatriación. También acusa al Gobierno de España de ser “responsable” de los delitos cometidos por “migrantes irregulares” en el país, una frase que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha tildado de “exceder la actividad parlamentaria, el decoro y el respeto” por suponer la imputación de un delito. Moreno se ha negado a retirarla.

El PP, de perfil con Vox, mantiene el mensaje de Feijóo

Desde el Grupo Popular, el diputado José Antonio Martín-Buro se ha centrado en un argumentario ya repetido semanas atrás y marcado por la dirección nacional del PP. Ha descrito el plan del Gobierno de España de ser “una extorsión” ante la amenaza de aplicar sanciones por ley a las comunidades autónomas que se nieguen a acatar el sistema de acogida de migrantes y lo ha catalogado de ser “una medida forzosa e intolerable”.

Martín-Buro ha instado al Gobierno central a actualizar el protocolo de acogida “que lleva sin ser actualizado desde el año 2017 a pesar de que la cifra de llegadas se ha duplicado”.

Del mismo modo, el portavoz 'popular' ha criticado que dicha medida llegue “sin planificación ni transparencia” sin que “existan recursos suficientes y tengamos los actuales saturados”.

La iniciativa del PP pedía elevar una exigencia al Gobierno de España para que las medidas de acogida y tutela de menores respeten las competencias autonómicas y dispongan de la financiación adecuada a su coste, así como garantías de un reparto justo y equitativo entre regiones alejadas de negociaciones políticas.

También ha solicitado al Ejecutivo el establecimiento de un sistema de planificación transparente, la creación de una comisión de coordinación entre comunidades autónomas y que la Dirección General de Infancia y Familia refuerce los recursos. Por último, el Partido Popular ha demandado una planificación efectiva de los mecanismos de reunificación familiar y retorno de los menores

El PSOE, contra los “pirómanos”

El diputado socialista José Antonio Contreras, de su lado, ha calificado como “pirómanos” los mensajes del grupo de Vox derecha por promover el odio contra la población migrante en un intento de “incendiar España” y ha citado como comparación los delitos cometidos por exmiembros de Vox como el de su ex portavoz en Huércal, Almería, condenado a nueve años por agresión sexual a una menor.

“¿Deberíamos de considerarlos a todos ustedes criminales?”, ha planteado Contreras, quien ha puesto a Villamalea como ejemplo de convivencia, después de que el municipio albacetense propusiera una moción conjunta entre todos los partidos políticos para regularizar a los 1.000 inmigrantes del pueblo.

El diputado ha continuado su intervención enseñando una foto del niño sirio Aylan Kurdi, fallecido hace diez años en su travesía por el Mediterráneo, y solicitando más recursos para la población que intenta huir de la guerra. “Los datos de la organización Open Arms dicen que cada día en el Mediterráneo muere un niño”, ha citado Contreras, asegurando que “lo que nos importa es que haya presupuesto para los profesionales que están al frente tratando a estos niños”.

Los datos de incremento de criminalidad que exhibe Vox, “falsos”

La consejera de Bienestar, Bárbara García, ha señalado los datos ofrecidos por Vox sobre el crecimiento de la criminalidad como “falsos”, mientras que ha recordado que desde 2019 los delitos de odio han ascendido de los 590 anuales a los 1.191 en el 2023, citando a los grupos de extrema derecha como responsables de difundir racismo y xenofobia. García ha afirmado que Castilla-La Mancha “es una comunidad autónoma solidaria que defiende los derechos humanos y que reclamará las medidas, herramientas y el presupuesto necesario para hacer su trabajo”.

El Grupo Socialista ha propuesto en el debate una serie de medidas para colaborar con el Gobierno central y las comunidades autónomas para alcanzar los fondos necesarios para el reparto de menores, fomentar la integración de la población inmigrante y las segundas generaciones, seguir destinando recursos a la cooperación internacional y reforzar la colaboración con las entidades sociales.

Además, la iniciativa también ha recogido reiterar el compromiso con el pacto regional por la Infancia y la Adolescencia y combatir los discursos racistas y de odio.

Tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el PSOE en la región han condenado las palabras del diputado de Vox al que acusan de mantener una actitud “canalla”. Los socialistas afean al PP que se ponga de perfil en esta situación y le piden romper los pactos de gobierno con la extrema derecha.