Protección, educación y seguimiento: cuando la violencia machista llega a los menores

Junto a las 967 mujeres que han muerto asesinadas desde 2003 hasta 2018 por violencia machista en España, están también las consecuencias directas de estos crímenes: los huérfanos, menores agredidos y menores fallecidos en las mismas circunstancias. En nuestro país, en los últimos diez años son 31 los niños, niñas y jóvenes que quedaron en situación de orfandad en los últimos diez años y un total de 27 los asesinados por su progenitor, pareja o expareja de sus madres entre enero de 2013 y septiembre de 2018. Estas son las cifras del Boletín Mensual del Ministerio de la Presidencia, con las que trabaja cada Delegación del Gobierno en España, pero las situaciones han sido y siguen siendo tan distintas que al final solo con el seguimiento individualizado de cada caso se puede conseguir tanto la protección de las mujeres maltratadas como la de sus hijos e hijas.

Así nos lo detalla Mar Álvarez, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha. Desde que fue nombrada en este nuevo cargo el pasado mes de agosto, ya ha tenido oportunidad de conocer muchos casos de mujeres con órdenes de protección y donde también hay menores afectados. Aproximadamente constituyen un 40% de los casos. Y en todos ellos, la función de coordinación es “primordial”.

“Debemos coordinar todas las actuaciones que tienen que ver con los casos de violencia de género, estar al corriente de por dónde circula toda la información desde que la víctima pone o no pone denuncia, desde que se acerca a un Centro de la Mujer, la atención que se le da, la protección que recibe si esta finalmente se estipula, los recursos que se ponen a su servicio en el caso de que así sea, y si hay o no menores a los que atender y proteger”, explica. La labor va mucho más allá, porque esta Unidad también busca una salida profesional para las mujeres junto con sus hijos, una forma de que vuelvan a tener independencia y seguridad.

¿Qué ocurre cuando hay menores en un caso de violencia de género? ¿Hay un protocolo único? “Cada víctima es un caso particular. Aunque el protocolo es genérico y lo inicia la Guardia Civil en el medio rural o la Policía en el urbano, cada caso necesita una atención individual”. Sí hay una máxima que preside todas las actuaciones: la atención prioritaria a la víctima y su seguridad, así como la de sus hijos menores si estos estuvieran en riesgo.

Los casos de movilidad residencial

“Siempre se intenta alejar a la víctima del agresor y en el caso de que haya menores, dar una respuesta asistencial al núcleo familiar, como cuando se da el caso de adoptar una movilidad residencial”. Se refiere con ello a los casos en los que hay órdenes de alejamiento o nivel alto de riesgo. “Es absolutamente primordial alejar a la víctima de su agresor, de cualquier situación de riesgo”, resalta.

A partir de este momento, el entramado institucional y administrativo es complejo. Entran en juego las actuaciones de Instituciones Penitenciarias, de la Justicia, de las Fuerzas de Seguridad, así como de los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales. Es aquí donde la labor de coordinación se pone a prueba bajo la premisa de que “en ninguno de los casos se deje a la víctima desprotegida”. “En las reuniones quincenales que hacemos de seguimiento con todas las administraciones, podemos mejorar la movilidad, podemos poner recursos educativos para los menores afectados, podemos decidir de una manera u otra, pero nunca, en ningún momento, la víctima queda desprotegida”.

La respuesta asistencial en el caso de los menores requiere estas mismas pautas. Si la madre no ha requerido ingreso hospitalario, lo importante es que los hijos permanezcan con ella. Pero en caso contrario y sobre todo si el agresor no ha sido detenido y por lo tanto no va a entrar en prisión a corto o medio plazo, debe garantizarse la asistencia social de los niños y niñas.

Es un proceso “que debe hacerse en horas” y en el que su escolarización puede ser un factor determinante, sobre todo si hay que trasladarlos a otro centro escolar porque se haya desplazado a la madre a otro municipio o ciudad debido al alto nivel de riesgo. En estos casos, se activa el protocolo con los equipos directivos tanto del centro de procedencia como el de destino. “Se intenta mover a la víctima lo menos posible para no hacerla víctima dos veces, pero si no se puede y en casos de extrema gravedad, debemos hacerlo. Y sus hijos deben estar donde esté ella”.

En cuanto a la asistencia específica a menores dentro de los centros educativos, Mar Álvarez precisa que se pone en marcha si lo necesitan. En una agresión a la madre, un menor puede no haber resultado agredido ni tener una necesidad educativa especial, y ahí es el equipo directivo, en base al Plan de Acción Tutorial y al Plan de Convivencia del Centro, el que decide, junto al orientador u orientadora, si es necesario. De cualquier forma, también en estos casos, la Unidad de Coordinación de la Delegación del Gobierno realiza un seguimiento por si “en cualquier momento debe activarse una atención especializada” del menor.

En este sentido, insiste en la transversalidad de la violencia de género. Considera que con los años hablamos de una violencia que ha terminado por afectar a toda la sociedad. De ahí que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se incida cada vez más en la prevención mediante charlas, talleres y campañas en colegios, institutos y universidades. “Damos información y formación”, comenta Mar Álvarez, que resalta igualmente la trasposición de estas tareas también en el ámbito sanitario y en los últimos años también con respecto a los migrantes.

Dentro de la interacción entre administraciones, hasta ahora “no se han detectado irregularidades”. Según apunta, la coordinación ha sido y es completa, especialmente con el Instituto de la Mujer y con las Oficinas de Atención a las Víctimas que pertenecen al Ministerio de Justicia.

¿Qué queda por hacer?

Sin embargo, sigue habiendo víctimas. Son mujeres y también sus hijos e hijas ¿Queda entonces algo por hacer? “Queda recuperar cosas que se perdieron en los últimos años de los crisis, acometer cuestiones que están en la Ley de Prevención y en la de Igualdad. Muchas están hechas, muchas se han recuperado y otras se perdieron. Hay situaciones nuevas desde 2004 que no se podían resolver entonces porque no existían en la sociedad, como por ejemplo toda la atención a víctimas migrantes y a las que sufren maltrato cibernético por el auge de los teléfonos inteligentes, donde hay muchísimos casos”.

Sobre esta última cuestión, subraya que muchas denuncias por maltrato se producen en gente muy joven, también menores. “Pensábamos que ya no iban a aceptar comportamientos sexistas, que son el inicio de toda violencia de género. Sin embargo, no ha sido así, y no es que los permitan, es que no los reconocen como violencia de género”. Ahí vuelve a destacar la labor de los centros educativos: “Hay que hacer frente a estas nuevas situaciones”.

Finalmente, Mar Álvarez recuerda que a Castilla-La Mancha le corresponden más de 6 millones de euros en base a los reales decretos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y un millón de euros adicionales destinados a programas y acciones para municipios de la comunidad autónoma. Confía en que todo ello redundará de manera positiva en la comunidad autónoma y que servirá para seguir trabajando desde todas las instituciones.