“Todos debemos ser especialistas”
El otoño ha supuesto algunos pasos muy importantes en la lucha contra la violencia machista en Castilla-La Mancha. Además de la aprobación de la nueva ley regional por una Sociedad Libre de Violencia de Género, también se ha creado la figura del fiscal delegado autonómico en esta materia. El puesto lo ocupa Jesús Gil Trujillo, ya especializado en esta materia en el partido judicial de Ciudad Real. La decisión la tomó el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, con el visto bueno de la Fiscal de Sala de Violencia de Género, Pilar Martín Nájera. Su función es la de coordinar a todos los especialistas en violencia de género en esta comunidad autónoma, caracterizada por una población muy dispersa y de diferencias demográficas importantes. También realiza funciones de enlace con Madrid.
En una entrevista con eldiarioclm.es, el nuevo fiscal autonómico comenta que precisamente la decisión se produjo debido a la “sensibilidad” de la sociedad española en esta cuestión y a la gran extensión geográfica de la región. La tarea no deja de ser compleja. Cada fiscalía provincial tiene su propia sección de violencia de género, con un fiscal al frente y otros adjuntos. Precisamente hace poco se celebraron el Albacete las primeras jornadas autonómicas con fiscales en esta materia que sirvieron para ponerse al día a este respecto.
En sus manos está ahora analizar los supuestos más graves de la región, impartir instrucciones y unificar criterios para que se ofrezca la misma respuesta judicial en cada una de las provincias. “Hay que tener en cuenta que cada año analizamos también las propuestas legislativas, los tipos penales y los medios de los que disponemos. A raíz de ahí, extraemos unas conclusiones que son adaptadas a las circunstancias y medios de cada fiscalía provincial”, precisa.
Y sobre esos medios le preguntamos. En la última Memoria Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, correspondiente al año 2017, se sigue apuntando como asignatura pendiente la falta de juzgados específicos de violencia de género en cuatro provincias: solo dispone de uno la provincia de Albacete. El nuevo fiscal autonómico recuerda que el Pacto de Estado, sobre la base del Convenio de Estambul, contempla la creación de otros 70 juzgados especializados en esta materia y confía en que alguno sea para Castilla-La Mancha. Resalta, no obstante, la “gran labor” de los fiscales y magistrados de todos los juzgados mixtos, así como “los grandes equipos que trabajan en ellos, facilitando continuamente el trabajo diario”.
Más especialización forense y personal
De hecho, preguntado por la principal carencia para la lucha contra estos delitos de violencia machista, lo tiene claro: “Desde la Fiscalía de Sala se está apostando por la especialización. Tenemos que ser todos especialistas”. “Igual que en cada fiscalía hay una sección de violencia de género, el delegado provincial y dos fiscales adscritos, también debería haberla en las demás órdenes jurisdiccionales, empezando por los juzgados de violencia contra la mujer, así como más unidades policiales de valoración del riesgo, más especialización forense, y más personal en las Oficinas judiciales de Atención a las Víctimas, todo ello muy importante para velara por su seguridad”, subraya.
Fuera del ámbito judicial, elogia el “gran paso” que se ha dado con la nueva Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Los fiscales provinciales la analizaron en su última reunión y concluyeron que es “muy buena, muy ambiciosa” y da “una adecuada respuesta a las necesidades actuales de la lucha contra esta lacra social”. Además, según Jesús Gil, la nueva normativa “desarrolla muy bien” tanto el Pacto de Estado como el Convenio de Estambul. Ahora, añade, habrá que ver cómo su contenido se desarrolla reglamentariamente y mediante decretos.
El nuevo fiscal tiene en su currículum una amplia experiencia de doce años en cuestiones de menores. Por eso se detiene especialmente en la disposición de la nueva norma que reconoce la “orfandad absoluta” de menores cuyas madres hayan sido asesinadas por violencia machista aunque sus progenitores sigan vivos. Considera que ya existe muy buena protección de los menores en el Estatuto de la Víctima, pero esta cláusula es “un paso más” en cuanto al acceso a recursos por parte de los menores: “Les permitirá preservar su desarrollo integral, que es uno de los principios esenciales de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y por ello debe velar el Ministerio Fiscal”.
Al hilo de ello, explica que las últimas reformas legales han ido en ese sentido. Según destaca, “el legislador se ha dado cuenta de que hay que proteger a todas las víctimas”. Se hizo en 2015 con el mencionado Estatuto de la Víctima, donde se recogen medidas de toda índole con ese objetivo, pero a partir de ahí “se puso más énfasis en los menores”.
Por ejemplo, afirma, se han adoptado medidas para establecer la posibilidad de que no acudan a juicios, de que se graben sus declaraciones o de que el forense los examine el menor número de veces posible. También se ha regulado que se evite la confrontación visual con el acusado y más en el caso de que sea su padre. Con ello “se evita la victimización de los menores y se les aparta del proceso judicial para evitar daños psicológicos”. “No es fácil, he visto las dificultades por las que pasan, pero vamos consiguiendo mejoras”.
Recuerda también que en todos los procesos en los que se ve involucrado un menor, en la mayoría de partidos judiciales hay un equipo de atención específico con psicólogos y trabajadores sociales. “Saben cómo abordar la cuestión y extraer la información conveniente para el proceso. De hecho, son ellos los que interrogan, porque en la mayoría de los casos los menores dicen la verdad, dicen lo que han visto y lo que ha ocurrido, son buenos testigos de los hechos y debemos preservar su integridad y su protección. Este grupo de profesionales es esencial y muy necesario en todo el procedimiento”.
Finalmente, en cuanto los datos del Observatorio de Violencia de Género, con continuas oscilaciones en el número de denuncias, el fiscal señala que el descenso de las mismas “siempre es bueno y positivo”, una señal de que “ya se está rompiendo el tabú del miedo a la denuncia”.
“La legislación ha evolucionado mucho y la gran mayoría de mujeres ya sabe cómo actuar en el caso de que sean víctimas de maltrato, mediante el teléfono gratuito 016, con el personal especializado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y también en los juzgados. Esa desinformación de hace unos años ha cambiado y se está consiguiendo que la mujer denuncie, que no aguante, que no se silencie, que dé el paso. Pero con que haya una sola víctima de violencia de género, ya es una lacra, y hay que luchar con la misma o con mayor eficacia. No hay que conformarse nunca ni bajar la guardia y debemos seguir luchando desde todas las instituciones para eliminar esta violencia”, concluye.
