Ana, veterinaria toledana: “Si nos atan las manos, primero lo sufrirán nuestros pacientes, después la salud pública”
Los veterinarios españoles se plantan contra la reglas implantadas a partir del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta próxima semana se movilizarán en Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los profesionales castellanomanchegos se sumarán a la protesta para pedir cambios en la normativa que entró en vigor el pasado mes de enero de 2025 y, entre otras cosas, también reclaman reducir el IVA por los servicios que prestan.
Ejercer la profesión veterinaria se ha convertido para muchos profesionales en un trabajo con “un régimen de control administrativo y burocracia excesiva”, según señalan desde Consejo de Colegios Profesionales de Veterinaria de Castilla-La Mancha en un comunicado emitido esta semana.
No gusta la implantación del sistema Presvet, Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos. Es una base de datos que recoge la información de todas las prescripciones de antibióticos realizadas por veterinarios, incluyendo qué prescriben y a quien. Los profesionales consideran una “ imposición” la notificación que deben hacer sobre la prescripción de antimicrobianos en el sistema exigido por la Ley de Sanidad Animal que . En su opinión, les sitúa bajo “un régimen de control administrativo que coarta su autonomía profesional” y que “entorpece la labor diaria de los facultativos”.
Ana García dice que su profesión es “vocacional”. Hablamos con esta veterinaria toledana que se muestra indignada y preocupada tras la entrada en vigor de la normativa. Explica que es un comentario habitual entre otros profesionales con los que se relaciona: “Presvet es la gota que ha colmado el vaso”.
Denuncia que el Real Decreto les obliga a seguir los prospectos de los medicamentos “al pie de la letra, a rajatabla”. Y frente a eso pone un ejemplo: “Imaginemos que un paciente tiene una cistitis, pues aunque yo sepa que ese medicamento es adecuado para tratar esa dolencia, si en el prospecto no pone que pueda aplicarse a esa patología no puedo utilizarlo”.
Nos cuenta que, a raíz de la entrada de la nueva normativa, resulta “muy duro tener que decir a alguien que no puedo administrar un medicamento a su mascota, que creo conveniente desde el principio, o que tenemos que retrasar el tratamiento”.
“Me agobia muchísimo”. Ana García lo tiene claro a la hora de defender su trabajo y rechazar las medidas: “Lo que queremos es que nuestro paciente mejore cuanto antes, por su bienestar primero, y luego por salud pública, pues no es conveniente tener animales enfermos y sin tratar en nuestra sociedad”.
La veterinaria de Toledo apuesta por el concepto 'One Health, una salud única', no solo en lo que tiene que ver con los animales de ganaderías, sino con los domésticos. “Si nosotros no podemos hacer bien nuestro trabajo, si se nos atan las manos con ciertas cosas... Esto primero lo padecerán nuestros pacientes, pero lo siguiente será que la salud pública se verá afectada”.
No se le da suficiente importancia, pero algo tan sencillo como administrar una pastilla antiparásitos puede suponer que los niños puedan ir seguros al parque y jugar con arena que no esté contaminada
Los veterinarios también rechazan el mantenimiento del 21% de IVA aplicado sus servicios porque creen que provoca el encarecimiento de los tratamientos y limita el acceso a ellos a personas con bajos recursos. La organización colegial considera que “penaliza la salud, el bienestar animal y, por tanto, a la salud pública”, además de “pasar a ser un artículo de lujo”.
“No se le da suficiente importancia, pero algo tan sencillo como administrar una pastilla antiparásitos puede suponer que los niños puedan ir seguros al parque y jugar con arena que no esté contaminada”, apostilla Ana García. “Si los tratamientos se encarecen van a provocar que un problema puntual se convierta en algo global para la salud pública”.
Los veterinarios también rechazan el “régimen sancionador en caso de error o falta de comunicación, que supone multas de más de un millón de euros”. Algo que consideran “desproporcionado”.
El Ministerio de Agricultura dice que “han tenido tiempo para prepararse”
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende el sistema Presvet y rechaza las críticas. “Es un sistema de recogida de información y no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario”.
En su opinión, la norma “no es nueva ni desconocida para el colectivo veterinario ni para sus representantes”, a preguntas de elDiarioclm.es. Fuentes de este departamento recuerdan que el decreto se publicó en en julio de 2023, que no entraba en vigor hasta el pasado 2 de enero y que “los veterinarios de mascotas conocían la obligación de transmitir la información requerida desde año y medio antes, por lo que han tenido tiempo para prepararse”.
Las mismas fuentes explican que, durante el último trimestre de 2024, ha estado a disposición de estos profesionales un módulo de pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema y adaptar sus propios sistemas informáticos o que el decreto se sometió a un proceso de consulta previa, “durante el que no se recibió ni una sola alegación sobre el sistema Presvet”.
La obligación que rige desde 2023, se había empezado a aplicar cuatro años antes para los animales de consumo humano entre otros los cerdos, vacas, cabras u ovejas entre otros. “Los veterinarios españoles llevan transmitiendo las prescripciones de antibióticos de animales de granja, y en estos momentos la base de datos y todo el sistema de transmisión de información funciona con total normalidad. Es un sistema conocido y rodado, que funciona correctamente”, sostiene el ministerio del ramo.
También rechaza el argumento de una mayor carga administrativa porque “en el caso de los pequeños animales, la casi totalidad de las actuaciones se realizan en una clínica que dispone de sistemas informáticos” y además, “el único paso adicional necesario es transmitirla desde el ordenador al sistema Presvet”. En este sentido Agricultura argumenta que solo se requiere “una adaptación del sistema informático de envío de información” y dice que hay programas comerciales para hacerlo.
Sobre las sanciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que cuando se puso en marcha el mismo sistema para animales de granja, ya se observó que era necesario graduar las sanciones iniciales en función de si la falta de comunicación era reiterada o no. El cambio está actualmente en tramitación parlamentaria.
Objetivo, reducir el uso de antibióticos en el ámbito veterinario
Otro de los argumentos que maneja el ministerio en la defensa de la normativa es que “trata de dar respuesta a un problema de salud pública de primer orden: la resistencia a los antibióticos, como consecuencia de un uso excesivo y no prudente de estos”.
Aporta cifras. La resistencia a los antibióticos es responsable de miles de muertes a nivel mundial. Se estiman alrededor de 33.000 anuales en la Unión Europea y unas 4.000 en España, con un gasto derivado de unos 150 millones de euros.
“La lucha contra esta lacra mundial es una absoluta prioridad política para cualquier Gobierno, y desde luego para el de España”, explican desde el ministerio, que recuerda que la vigilancia del consumo de antibióticos en veterinaria ha formado parte de los planes estratégicos y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos, aprobados en España desde al año 2014. El último vio la luz en la Conferencia Sectorial de Agricultura con unanimidad de todas las comunidades autónomas, el pasado mes de diciembre.
Para el Gobierno central, “la única solución es la utilización prudente de los antibióticos y, por tanto, reducir su uso innecesario” y argumenta que sistemas como Presvet “introducen una mayor conciencia de los profesionales, y tienen en sí mismo un efecto favorable en el uso prudente de los antibióticos, ya que también da a los profesionales información que les permite comparar y tomar decisiones”.
Sostiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que Presvet “ha tenido un impacto muy positivo en el uso prudente de antibióticos, con una reducción del 52,8 % desde el año el año 2020” y que los sectores ganadero y veterinario español “están contribuyendo ya de una manera muy positiva a resolver el problema y se ven signos positivos en los microrganismos que se utilizan como indicadores en veterinaria”.
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