La Guardia Civil investiga a cinco personas por manipular y enterrar residuos con amianto en Toledo
La Guardia Civil investiga a cinco personas y dos asociaciones de ayuda, promoción y desarrollo personal ubicadas en la comarca de la Sisla en Toledo, por la supuesta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente y otro delito contra los derechos de los trabajadores.
Los investigados manipularon y enterraron parcialmente placas de fibrocemento de la techumbre de cuatro naves propiedad de las asociaciones investigadas. Las placas colapsaron por la borrasca 'Filomena'.
El alto coste económico que supone la correcta gestión de los residuos de amianto, cuya peligrosidad para la salud de las personas y el medio ambiente requiere del empleo de complejos medios técnicos y personal especializado, “hacen que surja la picaresca de gestionar este tipo de residuos como sí de material inerte se tratara”, describen desde la Benemérita.
De la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil durante cuatro meses se ha llegado a comprobar que las personas que realizaron tanto el tratamiento y gestión de este peligroso residuo como el enterramiento carecían de cualquier tipo de equipo de protección individual.
Igualmente, en las inspecciones llevadas a cabo en el interior de las instalaciones por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se pudo constatar la presencia de grandes cantidades de residuos que contenían amianto, presentando un altísimo grado de fragmentación, lo que los hace “especialmente peligrosos” al aumentar el riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente, y dejarlas en disposición de ser dispersadas por los agentes meteorológicos.
Riesgos de manipular amianto
La inhalación de fibras de amianto hace que las mismas puedan quedar depositadas en los alveolos pulmonares de manera permanente, pudiendo llegar a provocar graves enfermedades al ser humano, como son la asbestosis pulmonar, cáncer de pulmón o mesoteliomas.
Debido a estos efectos nocivos sobre la salud de las personas, en España su utilización y comercialización quedó prohibida con la publicación de la Orden de 7 de diciembre de 2001 y su retirada solo puede llevarse a cabo a través de empresas autorizadas, que deben de cumplir unas estrictas normas de seguridad.
Los hechos investigados, junto a las diligencias policiales e investigados, han sido entregados en el Juzgado de Guardia para su instrucción en vía penal, por la comisión de varios ilícitos contra los recursos naturales y los derechos de los trabajadores.
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