La UE recomienda abordar la sobrepoblación de vida silvestre en Cabañeros con enfoque científico

La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha votado este miércoles el informe emitido por la delegación de los eurodiputados que el pasado mes de febrero visitaron el Parque Nacional de Cabañeros para evaluar el funcionamiento del espacio natural.

La visita, propiciada por el Partido Popular, buscaba entre otras cuestiones un golpe de efecto en Europa para tratar de obligar a España a que permita la caza en el parque. El argumento se basa en la sobrepoblación de ungulados, como los ciervos. El alcalde de Horcajo de los Montes Julián Fernández llegó a afirmar que hay “demasía” de animales.

En la Eurocámara se ha dado luz verde al informe presentado por la delegación de la PETI, que encabezó el propio presidente de este órgano el polaco Bogdan Rzonca, al que en febrero acompañaron distintos dirigentes del PP, representantes de las diputaciones provinciales de Ciudad Real y Toledo -ambas gobernadas por los 'populares' y Vox- y varios alcaldes.

Un informe que recomienda, aunque no obliga

De este informe, que ha sido enmendado, se desprenden algunas observaciones y recomendaciones, que son solo eso, recomendaciones. Por ejemplo, subraya “la necesidad de una gestión activa de la fauna silvestre basada en la Ciencia y la introducción de mecanismos de control poblacional para abordar el desequilibrio ecológico causado por la sobrepoblación de ungulados”.

La cuestión de la caza es la más polémica. Esta actividad es ilegal, tanto en su modalidad deportiva como comercial en los parques nacionales españoles desde diciembre de 2020, pero sí que se permite la actividad cinegética si se trata de un necesario control poblacional, con un plan supervisado y conveniado con el Estado y la Junta de Castilla-La Mancha.

El informe aprobado hoy “reconoce el papel fundamental de las actividades de caza como una herramienta de gestión indispensable en las estrategias de gestión de la vida silvestre” o que “las prácticas de manejo actuales en el Parque Nacional Cabañeros, incluida la prohibición de medidas efectivas de control poblacional, han provocado la sobrepoblación de ungulados, la degradación de la vegetación, la erosión del suelo y el deterioro de la biodiversidad, en contra de los objetivos de la legislación ambiental de la Unión”.

A esta cuestión ya contestó la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Mercedes Gómez. aseguró en febrero que solo el 6% del parque es público - y es titularidad del Estado- y que los propietarios privados ya controlan la caza en Cabañeros. Dijo no entender la visita de los eurodiputados teniendo en cuenta que los particulares tienen instrumentos “perfectamente tipificados y perfectamente puestos a su disposición para poder hacer ese control de ungulados”, en alusión a los planes y convenios que permiten el control preventivo si hay sobrepoblación.

Ahora, en el Parlamento Europeo se ha incidido en su recomendación en “un modelo de gestión equilibrado que integre la protección de la biodiversidad con la actividad económica y cinegética rural sostenible”, porque así se garantiza la viabilidad a largo plazo de las comunidades circundantes y se preserva el valor ecológico del parque.

Se insta también a las autoridades competentes a que “garanticen la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la Unión Europea” y a que se reevalúe el marco de gestión del Parque Nacional de Cabañeros “para proteger la biodiversidad, sin marginar a las comunidades locales ni a las actividades tradicionales”.

Además, se ha aprobado instar a la Comisión Europea a que “adopte las medidas necesarias” para garantizar el estricto cumplimiento de la Directiva Hábitats y “detener el deterioro” de la fauna en esta zona protegida “ante la falta de medidas inmediatas por parte del Gobierno español y las autoridades competentes”.

También se ha invitado a la Comisión Europea y a los Estados miembros “a mantener un diálogo permanente entre las instituciones y las partes interesadas, respetando plenamente las particularidades territoriales y las identidades locales, para equilibrar la protección del medio ambiente con los objetivos de desarrollo rural”.

Los propietarios privados celebran la posición de la Eurocámara

La Asociación de Afectados de este Parque Nacional agrupa a propietarios nueve fincas privadas de este enclave. En febrero acompañó a los eurodiputados en su visita y hoy ha celebrado la aprobación del informe.

Se congratula de que se pida una “nueva evaluación de la situación medioambiental en el Parque Nacional de Cabañeros y una valoración de los impactos socioeconómicos de la prohibición de la caza, garantizando que las políticas de conservación vayan acompañadas de un apoyo adecuado a las comunidades rurales”.

Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados, valora positivamente en un comunicado la aprobación del informe. Cree que “supone un espaldarazo” a sus reclamaciones y que se ha podido “constatar el declive que sufre el ecosistema” por no permitir la caza. Ahora esperan que “las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto”, explica el abogado de la Asociación, Miguel Temboury. “Recurriremos a otras instancias si es necesario”, advierte.

Este colectivo de propietarios recalca también la importancia de que se haya instado a las autoridades competentes “a acelerar las negociaciones con los propietarios privados para concluir acuerdos de gestión sobre todos los terrenos incluidos en el parque, garantizando una gestión coherente y eficaz del ecosistema”.

El Parque Nacional de Cabañeros, situado entre las provincias de Ciudad Real y Toledo, cuenta con 409 kilómetros cuadrados de extensión y forma parte de la Red Natura 2000.

Según los datos ofrecidos por los propietarios privados se estima que la población de ungulados multiplica por cinco el límite considerado óptimo provocando el deterioro del ecosistema. Los propietarios defienden que, desde que se prohibiese la caza en 2020, no han podido llevar a cabo actuaciones de gestión. Aunque en 2021 se aprobó el Plan Rector de Uso y Gestión del parque y en 2023 el Plan de Gestión de Ungulados, ambos instrumentos en su opinión “han quedado sin aplicación efectiva por la falta de convenios con los titulares de las fincas”.

Hasta la fecha, solo una de las nueve fincas privadas ha firmado convenio —el pasado 14 de enero, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero—, aunque este no ha podido ejecutarse al no contar con dotación presupuestaria. Las ocho restantes han continuado a la espera de que se inicien negociaciones.

En febrero la responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha puso la pelota en el tejado de estos propietarios privados. Insistió en que “lo más importante” es que sean los propios titulares de las fincas privadas quienes presenten un plan de ungulados y que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, valoren junto con ellos si cumplen los requisitos para hacer ese control, aunque no habló de dotación presupuestaria para que lo hagan.