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El pacto social y la búsqueda de “nuevas soluciones” contra la pobreza y la desigualdad

'Desigualdad', de Ximena Echague / Oxfam

Alicia Avilés Pozo

Es el momento de hacer balance de todas las gestiones que las administraciones públicas, las entidades sociales y las organizaciones de todo tipo han puesto en marcha en los dos últimos años. ¿Se ha fortalecido la cultura del diálogo y el pacto social en España desde la supuesta salida de la crisis económica? Con este enfoque ha arrancado en la Fábrica de Armas de Toledo, una de las sedes de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la II Conferencia Internacional de Política Social organizada por la Fundación Simetrías y que durante dos días abordará de nuevo las estrategias de lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

Este evento cuenta, entre otros, con la colaboración de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad regional, la Federación regional de Municipios y Provincias, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

La presidenta de la Fundación Simetrías Internacional, Ángeles Díaz, ha recordado durante el acto de inauguración la complejidad de los escenarios que se vienen generando en cuanto a modelos de protección social y que “ahora más que nunca es preciso armar espacios de encuentro”. “Consideramos oportuno crear este espacio de participación, de empatía, para que todos los actores políticos, técnicos, académicos, económicos y sociales se encuentren a gusto en el debate de ideas, con propuestas concretas y viables”.

Durante el encuentro se analizarán los retos del Estado del Bienestar en la próxima década en Europa en busca de nuevas soluciones a las necesidades de empleo, emergencia habitacional, pobreza energética o rentas mínimas, desde un enfoque en derechos humanos de infancia, género e interculturalidad. Pero el foco principal de las jornadas está puesto en la pobreza, la desigualdad social y los modelos de convivencia.

A este respecto se ha referido tanto María José Gallego, en representación de la Federación de Municipios, como Sali Guntin, vicepresidenta de EAPN, quien además ha pedido “ampliar la mirada” para redefinir las políticas de rentas mínimas, de educación y de igualdad. Así, ha afirmado que sin colaboración entre administraciones no será posible una buena gobernanza ni se conseguirá mejorar la situación de todos aquellos “que sobre todo, ya sufrían antes de la crisis y siguen sufriendo ahora”. “El cambio es posible y siempre hay que tener motivos para la esperanza”.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado que España y Castilla-La Mancha viven “momentos de cambio” en los que los modelos de familia y de infancia cada vez son más diferentes que los anteriores, por lo que es necesario adaptar las políticas sociales. Ha hecho especial hincapié en la urgencia de abordar la pobreza y la exclusión social, así como la “ruptura social, sobre todo en el medio rural”. Esto son, ha añadido, los “grades retos para conseguir una sociedad más justa, más inclusiva y más cohesionada”.

Nuevas ayudas destinadas a proyectos de Educación para el Desarrollo

Previamente, la consejera ha anunciado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado la convocatoria de subvenciones a entidades para proyectos de Educación para el Desarrollo, dotada con un presupuesto de 217.700 euros, que no se convocaba desde 2010 y que servirá para “como herramienta para luchar contra la pobreza y la exclusión social en el mundo”.

Con esta convocatoria de ayudas las ONGD y otras entidades que trabajan en el mundo “van a poder tener financiación para trabajar en nuestra comunidad, para sensibilidad y sacar la generosidad del pueblo de Castilla-La Mancha pensando que también hay muchos lugares en el mundo que sufren y que tienen estas situaciones de pobreza”, ha indicado Aurelia Sánchez.

Finalmente, la consejera ha vuelto a poner en valor la Estrategia contra la Pobreza y la Exclusión Social como “hoja de ruta” del Gobierno de Castilla-La Mancha, donde se asienta el Plan de Garantías Ciudadanas, que “va a tener un gran impulso” gracias a su carácter transversal y de confluencia con otras administraciones.

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