El tiempo medio de tramitación de expedientes de Dependencia supera en la región el máximo normativo

Con motivo de la Comisión Delegada del Sistema de Atención a la Dependencia celebrada el pasado mes de octubre, el IMSERSO remitió a las comunidades autónomas el borrador de la nueva estadística de expedientes y ayudas que completaría que hasta ahora se viene publicando. Una de las novedades es la incorporación del dato de los tiempos medios de tramitación de los expedientes.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha recogido estas nuevas cifras para realizar un nuevo informe, recordando que, por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días). Así, solo hay cuatro territorios por debajo o cercanos a ese margen en sus promedios: el País Vasco (137); Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro extremo estarían Canarias (785 días); Extremadura (675); Andalucía (621) y Cataluña (576). En Castilla-La Mancha, el promedio es de 292 días, situándose en la parte media del ranking autonómico.

Según destaca este colectivo, los nuevos datos reflejan que, a pesar del incremento paulatino del número de atendidos de los últimos dos años, el ritmo es “claramente insuficiente” para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. Destaca que en 2019 (hasta noviembre) se ha incrementado el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y en espera de atención mediante servicios o prestaciones.

“Enormes bolsas de desatención”

Los motivos de estos “impresentables retrasos”, añade, después de trece años de implantación de la Ley, son múltiples pero apunta principalmente a los “sucesivos recortes” sufridos en la financiación de la Ley y que “aún están vigentes” generando “enormes bolsas de desatención”, y el “disparatado y proceloso entramado burocrático” creado por las diferentes administraciones. Esto último, “lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios”.

Para la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, entre las consecuencias de lo expuesto resulta “especialmente doloroso” que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. Estima que en 2019 esta situación afectará en todo el país a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). “Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera”.

Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone “gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres ya que otro dato interesante de los ofrecidos es que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas”.

“No todos los problemas del sistema son financieros, pero es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones gestoras para ofrecer mejores resultados. Lo realmente increíble es que, gracias a la alarmante incapacidad política generalizada, a la falta de voluntad decidida y a la consiguiente ausencia de Presupuestos Generales del Estado, el colapso del sistema y la violación de derechos están ahí”, argumenta la asociación.

Dentro de las prioridades sociales existentes, subraya que “ya es hora de acometer una inyección financiera decidida” en el sistema que intente absorber la demanda “con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas”. “Ningún pacto se ha cumplido o ha tenido un cumplimiento parcial y mínimo. Un sistema de atención a las personas dependientes y a sus familias no es caro o barato; es una inversión imprescindible para el futuro. Lo que nos está saliendo realmente caro es no atender estas situaciones”, concluye.