Igea desecha la eliminación de “chiringuitos de la Junta” que prometió en campaña y se limita a imponer transparencia

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, va a incumplir la promesa electoral que repitió machaconamente en campaña: acabar con los “chiringuitos”, entre ellos Somacyl, y la libre designación que se practicaba y que, según él, tenían “los días contados”. Dos años y medio después y un pacto con el PP de por medio, Igea ha olvidado hasta la forma de llamar al puñado de fundaciones y empresas del sector público marcadas por los enchufes, la opacidad y su cuestionada utilidad. Este jueves, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, ha anunciado la aprobación de “una serie de directrices transversales y vinculantes relativas a transparencia, contratación, publicidad institucional, carta de servicios, identidad institucional, patrimonio, personal, altos cargos y control de eficacia destinadas a los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado, integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad, así como de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad”.

 “¿Va usted a acabar con los chiringuitos?¿Va a acabar con Somacyl? Conteste aquí y ahora”, exigía Igea al hoy presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco en el debate electoral en mayo de 2019, días antes de las elecciones. La respuesta, dos años y medio después es que no y la ha tenido que dar el propio Igea.

Igea, a preguntas de la prensa ha justificado este jueves su cambio de rumbo. “En campaña electoral se usa un lenguaje diferente”, ha dicho. Ha añadido que el pacto de Gobierno estableció una comisión paritaria para estudiar la utilidad de esos entes y su extinción si sus funciones pueden ser asumidas por la Junta. En contra de lo afirmado en campaña, no van a desaparecer porque sí son útiles. Con una excepción: la Fundación Anclaje, que se constituyó a través del Diálogo Social. Las conclusiones son que la Junta puede asumir su función. La Anclaje es una entidad pública sin ánimo de lucro adscrita a la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León y su objetivo es apoyar proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos, así como impulsar y difundir la formación entre empresarios y trabajadores. Su composición es tripartita y participan los agentes sociales y económicos más representativos en el ámbito territorial de Castilla y León. En su patronato están la Junta de Castilla y León, CEOE Castilla y León, CCOO y UGT.

El vicepresidente no ha precisado cuando y cómo se procederá a la extinción de la Fundación Anclaje, pero sí se ha extendido en explicaciones sobre las “directrices específicas sobre transparencia” ya que el acuerdo aprobado obliga a la realización de las modificaciones normativas que sean precisas con el fin de que las entidades que integran la administración institucional, así como las empresas y fundaciones públicas, dispongan de un portal web, accesible a todos los ciudadanos, cuyo acceso deberá facilitarse desde el Portal del Gobierno Abierto integrado en la web corporativa de la Junta de Castilla y León. La relación de directrices vinculantes incorpora implantar y regular el control de eficacia de las entidades que integran la administración institucional, así como de las empresas y fundaciones públicas, sin perjuicio de extender el ámbito de aplicación a las restantes entidades que conforman el sector público institucional.

Los entes, empresas y fundaciones afectadas deberán adoptar instrucciones sobre contratación y publicidad institucional análogas a las aprobadas para su aplicación en la administración general e institucional de la Comunidad de Castilla y León. Además deberán elaborarse y ponerse a disposición del público cartas de servicios en las que informar sobre los servicios que ofrece cada entidad, así como sobre los derechos de los usuarios en relación con ellos y los compromisos de calidad, objetivos y resultados en su prestación.

En materia de personal, adoptarán directrices o disposiciones que garanticen el cumplimiento, respecto del personal de la entidad, de los principios establecidos en la Disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así como de aquellos de sus preceptos que, según su correspondiente naturaleza jurídica, puedan serles de aplicación.

Además, según las directrices, la selección de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas -siempre que su contratación se realice a través de un contrato de alta dirección- se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia y atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.

Por su parte, las retribuciones de los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, siempre que tengan un contrato de alta dirección, y por su condición de altos cargos, no serán superiores a las establecidas en los presupuestos generales de la comunidad, para los viceconsejeros, secretarios generales, directores generales, delegados territoriales o asimilados a algunos de los anteriores de la administración general o de la administración institucional de la Comunidad.

Una exdiputada de Ciudadanos en un “chiringuito”

En uno de esos “chiringuitos” se colocó la exdiputada por Valladolid, Soraya Mayo, que perdió su escaño tras las elecciones generales del 10N. Mayo se ha incorporó al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. El Itacyl era una de las empresas públicas que conforman esa administración B de la Junta de Castilla y León que Francisco Igea pretendía eliminar. Mayo asumió la subdirección de Investigación y Tecnología, un departamento que no contaba con ningún jefe al frente según el organigrama. Licenciada en Periodismo y con experiencia en comunicación institucional debido a su trabajo en la Federación de Autónomos Ata, su fichaje en un departamento tan técnico, fue llamativo por su falta de experiencia. El puesto de Soraya Mayo está clasificado en el propio portal de Transparencia del Itacyl como “de alta dirección” y roza los 60.000 euros anuales, según se precisaba en este portal en diciembre de 2018.

Pero, estas nuevas normas para selección y retribución de personal no tienen retroactividad, por lo que todo se quedará, por el momento tal y como estaba cuando Igea quiso “acabar con los chiringuitos de la Junta de Castilla y León”.