¿Por qué al ciudadano se le exige y a la administración no?

En España muchas personas celebramos la aprobación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales como un avance largamente esperado. Por primera vez, el Estado reconocía una realidad que llevaba décadas sosteniéndose en silencio: la existencia de miles de gatos comunitarios en nuestras calles y la necesidad de gestionarlos de forma ética, sanitaria y eficaz. Se visibilizaba así la labor voluntaria de cuidado animal y de sostenimiento de salud pública que venimos realizando miles de personas y asociaciones por toda nuestra geografía.

La ley es clara: la responsabilidad de esa gestión recae en los ayuntamientos. Y no se trata de una recomendación, ni de una opción política. Se trata de una obligación legal para todos. Ayuntamientos grandes y pequeños. El enfoque también es claro: la metodología científica avalada internacionalmente, el método CER (captura, esterilización y retorno), acompañado de pautas mínimas de alimentación, limpieza, seguimiento sanitario, mediación vecinal y acciones de convivencia.

Pero hay una realidad incómoda de la que se habla poco: una ley puede ser moderna, necesaria y razonable… y aun así fracasar si nadie la hace cumplir.

La trampa: obligación sin consecuencias

Hoy, a casi tres años de la aprobación de la Ley 7/2023 (anunciada con antelación y con margen para adaptarse), la situación en buena parte del territorio resulta alarmante: muchos ayuntamientos siguen sin implementar un programa CER real, otros sólo lo anuncian sin ejecutarlo, y algunos incluso mantienen ordenanzas o promueven normas que entrarían en conflicto con la legislación estatal.

Todo esto tiene una consecuencia simple: cuando no se esteriliza, nacen camadas. El problema no desaparece; se multiplica. Y con él aumentan también los conflictos vecinales, los riesgos sanitarios, los abandonos y el sufrimiento animal. Pero lo más grave es el mensaje social que se transmite: se puede incumplir una ley durante años sin consecuencias reales, siempre que quien incumpla sea una administración.

¿Qué ocurre cuando incumple un ciudadano? La contradicción es tan evidente que duele. Cualquier persona sabe que si recibe una sanción administrativa —por tráfico, por impuestos, por una obligación fiscal— no hay margen. Si se retrasa, la cuantía aumenta. Si se acumula deuda, llegan recargos, apremio y embargo. Y en poco tiempo, el mecanismo de presión hace que el sistema funcione: pagas o pagas. El ciudadano es perseguible, sancionable, exigible. Pero cuando es un ayuntamiento quien incumple, el sistema se vuelve lento, borroso e inofensivo. En la práctica, el castigo es inexistente. Y esa asimetría es devastadora para la confianza democrática: la ley no se aplica igual a todos.

La paradoja: la ley que “protege” … expone

Otra paradoja desoladora es que, mientras la ley establece obligaciones municipales, el peso real sigue recayendo en quienes siempre lo hemos sostenido: las asociaciones de protección animal y las gestoras de colonias, que durante años hemos trabajado de manera voluntaria, a menudo invisibilizadas, con frecuencia perseguidas o amenazadas y casi siempre pagando de nuestro bolsillo lo que debería asumir la administración.

Somos nosotras quienes ponemos el tiempo, el coche, las jaulas trampa, los traslados, las capturas y los retornos. Quienes limpiamos. Quienes mediamos con vecinos. Quienes pagamos tratamientos. Quienes asumimos urgencias veterinarias a cualquier hora. Quienes nos llevamos a casa animales enfermos. Quienes lloramos cuando no llegamos a tiempo. Y lo hacemos no porque queramos sustituir al ayuntamiento, sino porque no hacerlo significa asistir a un sufrimiento constante y un descontrol creciente. Es decir: la inacción institucional convierte el voluntariado en un rescate permanente.

Y cuando finalmente estas asociaciones intentamos reclamar lo mínimo (gastos veterinarios y alimentación, lo básico para que el CER exista) no encontramos un sistema que proteja nuestra labor: nos encontramos con un muro. Y esto, mientras la ley también ha abierto la puerta al oportunismo: la entrada de empresas sin trayectoria real en gestión ética de colonias felinas, más interesadas en acceder a contratos municipales que en garantizar una gestión especializada y comprometida, desplazando a quienes llevamos décadas sosteniendo el trabajo desde el voluntariado y el conocimiento práctico.

David contra Goliat. Un Estado de derecho que no protege al que cumple

Aquí aparece el mayor problema democrático de todo esto: la ciudadanía queda expuesta. Porque reclamar el cumplimiento de una ley no debería exigir abogados, años de registros, desgaste y contenciosos. No debería ser una batalla asimétrica en la que una asociación pequeña, sostenida con donaciones o aportaciones personales, se vea empujada a tribunales frente a una administración con recursos, tiempo y estructura.

La Justicia se convierte entonces en una carrera de resistencia para quien menos puede resistir. Y eso nos lleva a una conclusión inquietante: si no tienes dinero, tiempo y fortaleza emocional para sostener una batalla legal, tu derecho —y el cumplimiento de la ley— se vuelve simbólico.

Preguntas inevitables a quienes deben hacer cumplir la ley

Y ante este panorama, cabe una pregunta incómoda —pero imprescindible— dirigida a las administraciones competentes: ¿qué proponen mientras tantos ayuntamientos siguen desobedeciendo abiertamente la ley, sabiendo ustedes que ocurre y sin adoptar medidas eficaces? ¿Por qué al ciudadano se le exige el cumplimiento inmediato de cualquier norma, con un régimen sancionador rápido y contundente, mientras que a la administración se le permite incumplir durante años sin consecuencias reales?

La Ley 7/2023 no nació “ayer”. Se aprobó con un periodo de adaptación, se anunció con antelación y en total han pasado ya casi tres años, más que tiempo suficiente para que cualquier entidad local hubiese activado, al menos, medidas mínimas de gestión ética de colonias felinas.

Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer mientras llega ese cumplimiento “algún día”? ¿Esperar pacientemente a que la administración “se habitúe”? ¿Esperar mientras nuestros bolsillos se vacían sosteniendo con recursos privados una obligación pública? ¿Esperar mientras las personas voluntarias nos desgastamos emocionalmente y quemamos nuestra vida en una tarea que debería estar respaldada por instituciones? ¿Y qué ocurre con los animales que ni siquiera cuentan con una asociación cerca? ¿Cuántos nacimientos, enfermedades y muertes son aceptables durante esta espera?

Porque no se trata de una discrepancia política o de un debate ético: cuando se permite por inacción que continúen situaciones de abandono, enfermedad y sufrimiento evitables, estamos ante maltrato animal tolerado en la práctica, resultado directo de no hacer cumplir la ley al infractor institucional.

Y llegados a este punto, la cuestión se vuelve todavía más desoladora: ¿se pretende que el voluntariado sostenga indefinidamente el incumplimiento municipal y, además, asuma el coste de reclamarlo? ¿Se espera que las asociaciones se vean obligadas a solicitar responsabilidad patrimonial? ¿Y quién cubre entonces los gastos de abogados, los riesgos procesales, las horas de trabajo perdidas, los costes emocionales, y todo lo gastado durante años en veterinarios y alimentación? Porque sí, algunas entidades reciben subvenciones puntuales. Pero incluso en el mejor de los casos, esas ayudas cubren una parte mínima de lo que cuesta sostener una gestión real, constante y profesionalizada. El resto lo pagan los voluntarios con dinero, tiempo y salud.

El problema no son los gatos: es la democracia

Este no es un debate solo animalista. Es un debate de legalidad. De convivencia. De buen gobierno. Porque cuando una administración decide que una obligación legal no le interesa y nadie se lo exige con firmeza, el mensaje para la ciudadanía es desesperanzador: hay leyes que se cumplen y leyes que se ignoran. Y las que se ignoran, suelen ser precisamente las que protegen a los más vulnerables.

La pregunta final no es solo por qué hay ayuntamientos que no gestionan colonias felinas. La pregunta real es: ¿De qué sirve una ley si no existe un sistema efectivo que obligue a cumplirla? Hasta que la respuesta sea algo más que un papel, el precio lo seguiremos pagando quienes llevamos décadas sosteniendo el problema: personas voluntarias, entidades pequeñas, y animales que, por no tener voz, quedan a merced de la indiferencia institucional.